El gobierno provincial impugnó ayer la participación de un juez federal, en la rehabilitación de las obras en un loteo ubicado en un lugar polémico: la laguna de inundación de la represa del arroyo Ludueña. Se trata del loteo Damfield de Funes que logró hace sólo una par de semanas reinicar el movimiento de tierras y la venta de lotes merced a una medida cautelar admitida por el juez Gastón Salmain presentada por uno los emprendedores. 

A través de la Fiscalía de Estado, la provincia cuestionó que siga adelante un desarrollo inmobiliario fuera de regla y que genera riesgo ambiental, principalmente hídrico. El Fideicomiso “Damfield Funes”, había sido clausurado porque se construye en una zona crítica en términos hídricos por su cercanía a la zona de reserva de la represa del arroyo Ludueña. 

En ese sentido, el gobierno santafesino recordó que en julio pasado, se había dispuesto la paralización de dos obras de loteos en ese sector de Funes, por considerarlo inundable y que representaba un riesgo medioambiental. Luego una inspección de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas constató que se habían iniciado las obras sin contar con los estudios de impacto ambiental y certificado hídricos correspondientes. Previamente, en dos oportunidades se había intimado a paralizar las obras, pero no se dio cumplimiento a ello.

Luego de las medidas tomadas contra los riesgos de este desarrollo, el Fideicomiso “Damfield Funes” inició ante la justicia santafesina una medida de amparo contra la Provincia para evitar la paralización de las obras, localizadas en el sector sur de Funes. Dicho amparo fue rechazado por la Jueza de Primera de Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17° Nominación de Rosario (Resolución N.º 702/2024).

Luego de ello, inversores que adquirieron terrenos en este desarrollo irregular, acudieron a la Justicia Federal, es decir, a otro fuero, para cuestionar un informe del Instituto Nacional del Agua (INA), en el que se basaron parte los dictámenes provincial para no permitir que las obras se desarrollen allí por los peligros que implican.

El juez Gastón Salmain dispuso una medida cautelar a favor del inversor, que permite que los trabajos continúen, pese a lo determinado por el gobierno provincial. Vale destacar que el magistrado no ahonda en los riesgos ambientales de la obra, sino en el perjuicio a los inversores que el informe del Instituto Nacional del Agua causa.

Ante esta situación, ayer Fiscalía de Estado pidió la nulidad de la cautelar porque, por un lado, "fue tramitada sin dar intervención a la Provincia de Santa Fe, a quien directamente la afecta" refirió el gobierno santafesino a través de un documento público . En el mismo sentido remarcaron que según lo expresado por Fiscalía de Estado " la causa no es de competencia de la justicia federal, sino de la justicia de la provincia de Santa Fe."

“Es decir, que la nulidad deviene por no haber dado intervención a la provincia y por haber dictado un acto interlocutorio que no reúne las exigencias legales. Esto adquiere particular gravedad ya que la decisión del Juzgado Federal viola la autonomía provincial, la cual, en el caso de los jueces federales con asiento en las provincias, tienen el especial deber preservar”, afirma el texto.

“El perjuicio sufrido es elocuente. Un juez incompetente, en un juicio en el que la Provincia no es parte, suspende actos administrativos provinciales y declara inaplicable para un particular un artículo de una ley provincial –en el marco de una acción que va contra el contenido de un informe del Instituto Nacional del Agua, en un artilugio para evitar una demanda contra la Provincia en el fuero competente-”, explica la solicitud de nulidad presentada por el fiscal de Estado, Domingo Rondina; y las fiscales adjuntas Erica Lamas y Natalia Capparelli.

La polémica pública se instaló cuando el juez Salmain anuló la clausura del loteo Damfield, que vale recordar que tenía cerrados los caminos administrativos y políticos y fue a juicio en los Tribunales Provinciales.

El denunciante en tanto es la empresa que realizó los movimientos de suelo y acordó cobrar con metros cuadrados. Si el loteo se frustraba, eso peligraba. El juez resolvió entonces un conflicto entre privados dejando sin efecto decretos del gobernador Maximiliano Pullaro y sus ministros, junto a Obras Públicas, además de informes del Instituto Nacional del Agua (INA)

 La decisión del juez se dio pese a que el fiscal general del fuero federal, Fernando Arrigo, dictaminó que no debía intervenir y menos resolver sobre normas provinciales, lo que sería una violación de las autonomías. Es más la decisión para dejar sin efecto dos decretos se dio sin siquiera citar a la provincia para un descargo como actor involucrado.