La estrategia de los represores para pasar las fiestas en sus casas volvió a sufrir un revés. Por tercera vez consecutiva, el juez Martín Yadarola rechazó el hábeas corpus que habían presentado diez organizaciones que los defienden y que reclaman para ellos el arresto domiciliario. El magistrado afirmó que no es competente para entender en este caso.

Justicia y Concordia, el grupo que reúne a abogados que defienden a acusados por crímenes de lesa humanidad, impulsó en noviembre pasado un hábeas corpus en favor de los represores con el argumento de que se habían agravado las condiciones de detención. La asociación también sostuvo que no se cumple con la convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores, que insta a buscar medidas alternativas a la prisión.

Los amigos de los represores eligieron llevar el tema a un terreno más favorable: la justicia nacional criminal. Explicaron que no iban a los tribunales federales –donde se juzgan los crímenes contra la humanidad– porque en ese fuero hay un “comportamiento omisivo” de los jueces frente a los pedidos de morigeración de los represores. Lo cierto es que Yadarola en dos oportunidades rechazó el planteo. Y la Cámara del Crimen en dos oportunidades le ordenó que continuara con el trámite: una vez fue decisión de Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich; la otra de Hernán López.

Este miércoles, Yadarola reiteró que no tiene competencia material ni territorial para entender en la causa, dijeron fuentes judiciales a Página/12. Justicia y Concordia reeditó una estrategia que ya se habían dado los represores en 2015 con el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí también hicieron fórum shopping y acudieron a la justicia nacional con un hábeas corpus en el que planteaban que no accedían al beneficio de la prisión domiciliaria. En ese momento, el juzgado nacional rechazó in límine el planteo; la Cámara del Crimen convalidó la decisión y la Cámara Nacional de Casación afirmó que no tenían competencia en el tema.

El 9 de diciembre de 2015, la Corte Suprema en el fallo “Corrales" estableció que los juzgados nacionales no tienen competencia federal: por ende, los planteos de quienes están presos por delitos federales deben tramitar en los tribunales correspondientes. Tras esa sentencia, el tema recaló en la Cámara Federal de Casación Penal. Allí Mariano Borinsky y Gustavo Hornos señalaron que los pedidos masivos de prisión domiciliaria no podían ser objeto de un hábeas corpus.

La audiencia

El tercer rechazo de Yadarola se conoce después de la audiencia que el juez llevó adelante el jueves de la semana pasada en el séptimo piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. La audiencia había sido ordenada por la Cámara del Crimen y festejada por los represores, que rápidamente le hicieron saber al magistrado –a través de Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia– que querían hacer uso de la palabra.

La primera refriega llegó cuando Yadarola dijo que no podría escuchar a los 86 represores incluidos en el hábeas corpus; por lo que les pidió que designaran a un representante por cada pabellón. El abogado Ricardo Saint Jean –hijo de Ibérico Saint Jean, interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura– estalló de bronca e hizo saber su oposición. También le pidió al juez que se apersonara en la Unidad 34 de Campo de Mayo, que es denunciada por los organismos de derechos humanos como una “cárcel VIP”.

En la sala se encontraban representantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Saint Jean dijo que los funcionarios presentes deberían explicar por qué los detenidos por crímenes de lesa humanidad eran “tratados como perros”.

En el zoom esperaban para exponer varios de esos detenidos. Desde la Unidad 34 de Campo de Mayo estaban Esteban Adolfo Sanguinetti, Daniel Lucero y Juan Daniel Amelong. Lucero inicialmente hizo un berrinche y dijo que no hablaría si Yadarola no habilitaba a todos los presos a pronunciarse. Desde la colonia penitenciaria –Unidad 19– de Ezeiza hablaron Hugo Roberto Rodríguez y Diego Chemes. Desde el complejo penitenciario VII –donde fueron de visita los diputados de La Libertad Avanza (LLA)--, se manifestaron Gerardo Arráez, Carlos Suárez Mason y Julio César Argüello. También expusieron Julio Flores desde Salta; Jorge Exequiel Acosta desde Córdoba y Daniel Huajardo desde Mendoza.

El más locuaz fue Amelong, un represor multicondenado que actuó en Rosario y a quien Victoria Villarruel había presentado como una víctima en el debate del año pasado con Agustín Rossi. Amelong se pronunció en la misma línea: dijo que continuaba detenido porque su padre había sido asesinado por Montoneros por haber intentado disolver una huelga, no por sus crímenes. Aprovechó para adelantar que iba a denunciar a los magistrados que lo mantienen privado de su libertad y denunció que en 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, tuvo un infarto y un médico penitenciario no lo quiso atender.

Después de la ronda de exposiciones de los represores, Saint Jean volvió a tomar la palabra. Estaba en la sala con Solanet, Guillermo Fanego y Laura Olea. Tanto Saint Jean como Olea habían sido parte de las conversaciones con diputados oficialistas que organizaba el cura Javier Olivera Ravasi. Según el abogado, lo que se persigue con la acción de hábeas corpus no es que el juez disponga las libertades de los detenidos sino que inste a la justicia federal a respetar la convención sobre personas mayores y que disponga el arresto domiciliario.

Justicia y Concordia encontró un discurso empático en el funcionario menos pensado. El fiscal Marcelo Munilla Lacasa, según el acta de la audiencia al que tuvo acceso este diario, dijo que su padre había sido “víctima de la subversión”. Posiblemente se estaba refiriendo a Eduardo Munilla Lacasa, integrante de la Cámara Federal en lo Penal –más conocida como “Camarón”--, el fuero especial creado por la dictadura de la Revolución Argentina para perseguir a los militantes de los ‘70. Según las crónicas de la época, Munilla Lacasa habría sufrido un intento de secuestro en su casa de Bella Vista del cual pudo huir en un bicicleta.

El fiscal pidió que Yadarola informara a los tribunales lo que habían denunciado los represores, pero dijo que él seguiría la línea de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), que sostuvo que el hábeas corpus era una maniobra irregular.

Si apelan la decisión de Yadarola, el tema escalará a la Sala IV de la Cámara del Crimen. Allí intervienen López, Julio Marcelo Lucini –el candidato del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para la Procuración– e Ignacio Rodríguez Varela, hijo de Alberto Varela, ministro de Justicia de la dictadura y abogado de Jorge Rafael Videla.