El principal problema de la actual administración es su pretensión fundacional de generar un El Dorado Minero, un sultanato, en un país de desarrollo industrial medio, fuertemente urbanizado, con una importante integración territorial, un aparato administrativo estatal que cumple, no sin tropiezos y con mucha escasez de recursos, varias de las funciones correspondientes a un símil de cualquier país de las características de la Argentina.

Con una población con niveles educativos dignos de un país de alto grado de desarrollo humano y con una secular tradición de organización de sus sectores populares con una representación política propia de alta capacidad de intervención en el debate social y en el diseño de políticas estatales.

Para colmo, los recursos del oasis de Vaca Muerta, el espejismo sobre el que se funda esta pretensión de creación de una nueva sociedad, son abundantes pero caros para extraer. Pero incluso si se reunieran todas las condiciones óptimas, el problema es el proyecto. Algo así como pretender convertir a Italia en la Costa Pobre del fallecido cómico Alberto Olmedo o la República de San Marcos de la película Bananas de Woody Allen (referencias no aptas para mllenials). No hay modo de que salga bien ni siquiera en el corto plazo.

El país

Los datos no mienten. El PBI combinado de industria, construcción y comercio es 3,64 veces superior al conjunto combinado de todo el sector primario más la producción de energía, tomando como intervalo temporal el promedio de las cuentas nacionales de los últimos veinte años, con escasas fluctuaciones en dicho periodo.

En términos de urbanización, según datos del Banco Mundial, Argentina ocupa el puesto 27 entre 193 naciones. Del conjunto que ocupan el tope del ranking existen muchas ciudades estado o pequeños reinos petroleros, 21 específicamente como Hong Kong, Macao, El Vaticano, Mónaco o Qatar. Los otros 5 países que figuran, Uruguay, Islandia, Países Bajos, Bélgica e Israel tienen un tamaño poblacional mucho menor que nuestro país.

Asimismo, Argentina ocupa el puesto 48 en el índice de desarrollo humano del 2022, último dato verificable, pero en el indicador de educación, años de escolaridad de su población figura en el puesto 22. En la tabla de posiciones de capital natural per cápita, que evaluó el Banco Mundial en 2018, Argentina ocupa, también, el puesto número 48, lo cual, además desmitifica la idea de un país pletórico en riqueza de diversidad de la naturaleza.

El desequilibrio regional argentino es muy frecuente en el ordenamiento espacial de la sociedad capitalista y especialmente notable en territorios nacionales de gran superficie como la Argentina. Así las regiones con mayor desarrollo humano del país como Tierra del Fuego o CABA tienen indicadores que se sitúan entre Estonia e Italia, 17 puestos por encima del promedio nacional, mientras que Chaco y Santiago del Estero detentan cifras similares a Serbia o Tailandia, también con 17 puestos por debajo del promedio. Un desequilibrio acentuado, pero para nada infrecuente.

Incompatibilidad

Ni la sociedad es plastilina biológica, como suele ¿pensar? la ultraderecha, ni el aparato del Estado es tan omnipotente por más violencia física política o económica que imponga para rediseñar el espacio social argentino tan radicalmente. Muchas experiencias previas también fueron disfuncionales, tuvieron ese objetivo y terminaron en fracaso, tales como la dictadura genocida que utilizó métodos mucho más violentos o la más leve y menos determinada administración macrista.

Las razones por la cual el gobierno avanza con una agenda de semejante incompatibilidad con la sociedad que gobierna hay que buscarla en la dinámica del conflicto hegemónico que asola la economía argentina hace cincuenta años pero que en la actual etapa histórica se expresa como sendas fracturas en los bloques enfrentados, el conglomerado del capital concentrado versus el bloque popular.

Las rupturas citadas derivaron en un nuevo subconjunto compuesto por dos desprendimientos. Por un lado, la agrupación de los fragmentos del capital petrolero y el capital financiero internacional. Por otro lado, aquella parte del proletariado que, por la naturaleza de sus nuevas prácticas laborales, no pudo establecer vínculos ni fue atendido por las representaciones institucionales tradicionales del bloque popular.

La conformación de este nuevo aglomerado, no solo hizo estallar las instancias políticas tradicionales de los bloques en disputa, sino que se constituyó en la alianza de clases que soporta la representación política del colectivo transitoriamente a cargo del Estado nacional que es, a su vez, el principal promotor del espejismo del oasis petrolero.

El problema de la fragmentación política del bloque popular y de aquellos segmentos de su equivalente de capital concentrado que han quedado fuera de la conducción de dicho colectivo es el mismo: La falta de un proyecto alternativo que dé cuenta del estado real de la sociedad.

Para ello se tropieza con tres restricciones importantes. La primera, el clima de hostilidad y desconfianza existente entre la representación política de ambos bloques; conducta que, con el advenimiento de colectivo liberautoritario a la conducción del estado, ha disminuido bastante.

La segunda, el balance crítico de la última experiencia de gobierno de la representación política del bloque popular cuya renuncia a dar la batalla hegemónica y sus posiciones conservadoras cosecharon el unánime repudio de tirios y troyanos, premisa que el colectivo gobernante utiliza como espantajo.

La tercera, la seducción que ejerce el espejismo de Argentina primaria (granero del mundo) sobre los sectores dominantes de este país, ilusión que, el gobierno, astutamente, utiliza como instrumento negativo al desvalorizar las cadenas de valor de la industria, la construcción y el comercio al mismo tiempo que transfiere los excedentes, en forma desigual, con sesgo petrolero y financiero, a favor del conjunto del bloque concentrado, lo cual explica la lealtad de gran parte del mismo, pese a que en el largo plazo, afecta sus intereses.

País industrializado, justo e integrado

Un proyecto político que intente ser exitoso tiene que poseer tres condiciones necesarias sin las cuales no puede materializarse. Es de aplicación aquí el viejo axioma de Carlos Marx sobre la prioridad de cambiar la realidad en lugar de solo explicarla.

La primera, su adaptación a la estructura socioeconómica de un país y desde ese punto de partida procure un proceso de desarrollo. En el caso de Argentina, los elementos políticos, sociales y económicos descriptos al inicio del artículo son razonablemente alentadores.

En este sentido, lo primero que hay que desechar definitivamente de la conversación son las fantasías de riquezas inconmensurables que vienen condicionando el horizonte y el comportamiento de los sectores dominantes y de buena parte de la sociedad política.

La segunda, que, como consigna de acción política, pueda construir consenso como horizonte factible, tanto en el bloque popular como en los fragmentos del conglomerado de capital concentrado que quedaron desplazados de las prioridades políticas de la conducción dominante. Ya hubo suficientes pruebas históricas que el espanto borgiano sin proyecto como cemento de unidad conduce a experiencias fracasadas y a retorno de monstruos iguales o peores que los que se dejaron atrás.

La tercera, nada menor y frecuentemente subestimada, es que la alianza política a cargo del Estado tiene que empujar la generación de empresas y empresarios que estén a cargo de llevar a la práctica en términos materiales, con los valores simbólicos correspondientes, la construcción del país industrializado, justo e integrado.

La historia económica enseña que ningún proyecto de desarrollo posterior a la guerra de Secesión, se hizo sin que el Estado soporte en forma explícita la generación de empresas a imagen y semejanza del proyecto. Desde la Alemania de Bismarck, pasando por el Japón desde los tiempos de los Meiji, los países nórdicos de la postguerra, hasta la China actual esa es la tónica de los proyectos exitosos en la materia.

Los empresarios y las empresas no nacen por generación espontánea o por el solo ordenamiento macroeconómico como suele sostener el pensamiento convencional de las ciencias sociales y económicas.

En el caso específico de Argentina 2024, la ecuación de la construcción de una sociedad justa y desarrollada debería contenerse dentro de los siguientes criterios de elaboración, por supuesto, enunciados en forma no taxativa ni excluyente.

El primero, la recuperación de los márgenes de autonomía del Estado nacional para hacer política económica y social. En esta agenda figuran temas tales como formas progresivas de cancelación del endeudamiento público, la soberanía plena del peso como moneda en el espacio nacional, el redireccionamiento de las capacidades coercitivas del Estado nacional hoy volcadas a favor de las clases dominantes, tal como ocurre con el sistema impositivo o las políticas de utilización de la violencia física la restricción para tomar deuda en moneda extranjera entre otras.

El segundo, la reducción del desequilibrio regional. Este es un imperativo político de la hora para intervenir el debate político dado el radical esquema de reordenamiento territorial propuesto por la actual administración basado en la constitución de enclaves mineros y petroleros dejando afuera a toda porción del territorio que no cumpla con esa premisa, lo que representa una radical diferencia con otros proyectos históricos del bloque concentrado basado en la expansiva actividad agropecuaria. El tópico central en este punto es la expansión de instituciones del estado federal, como en su momento fueron las estrategias exitosas de implantación en el territorio de universidades nacionales o de los centros de integración comunitaria.

El tercero es la reformulación de la política social donde figuran tópicos como la potenciación de la economía popular como fuente de ocupación y valorización permanente o la creación de instrumentos fiduciarios para garantizar determinados derechos como la seguridad alimentaria o la inversión en salud o educación.

El único saldo positivo de la administración de Milei es que su forma de polarizar taxativa y radicalmente excluyente brinda la oportunidad de terminar con el tradicional péndulo la forma política que en esta etapa asumió el conflicto hegemónico.

Los temas expuestos, que se traducen en instrumentos concretos y específicos que exceden este artículo, tienen como objetivo convertir a la Argentina en un país relativamente próspero y profundamente democrático política y económicamente. Para ello, hoy se puede contar ahora con una base social mucho más amplia que en cualquier otro período histórico desde el fin de la dictadura genocida.

*Economista