El Gobierno de Javier Milei anunció esta semana que avanzará, una vez más, con una fuerte ola de despidos en la secretaría de Derechos Humanos: a partir del 1° de enero, los contratos de 2400 trabajadores del Ministerio de Justicia serán dados de baja.

Según explicó el abogado especialista en derechos humanos Pablo Llonto esto genera un fuerte impacto en todas las áreas del exministerio devenido en este Gobierno en secretaría.

“Las malas noticias llegan de la secretaría de Derechos Humanos por la gran cantidad de despidos que está generando Milei y el secretario de Derechos Humanos. Esto genera movilizaciones de los gremios y acciones de amparo que se iniciarán en estos días para frenar estos despidos”, comenzó explicando por la 750.

Y añadió: “Yo creo que en la cabeza de ellos está el plan general de eliminar la Secretaría. El desmantelamiento de una gran cantidad de direcciones que no tiene solo que ver con el trabajo de memoria y verdad, sino también con el aporte a la justicia mediante investigaciones y trabajo de archivo”.

“Hay mucho despido de abogados y abogadas que, en todo el país, han estado actuando en las causas en representación del Estado argentino”, sostuvo sobre el fuerte impacto que tendrá sobre las causas de lesa humanidad.

La eliminación de la secretaría respondería de manera fiel al tinte negacionista que tiene el Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que tuvo como punto caliente en us primer año el gran escándalo de diputados de La Libertad Avanza visitando, con el aval del Poder Ejecutivo, genocidas presos en el Penal de Ezeiza.

No son todas malas noticias

De todos modos, Llonto afirmó que en otro frente llegaron buenas noticias: “Las buenas noticias llegan de Neuquén. En diciembre vienen bien las condenas. La semana pasada hubo dos en la ESMA y Tucumán, y ahora se sumó la de Neuquén, que tiene una importancia muy trascendente”.

Esto es así, dijo, porque, “si bien el monto de la pena a un exjuez de la dictadura y a un exfiscal parece leve”, once años de prisión, “el tema es que se los ha condenado por no haber hecho lo que tenían que hacer cuando recibieron la denuncia de secuestro y torturas”.

“Se presentaban habeas corpus en el juzgado, y tanto este juez, Pedro Duarte, como el fiscal, Víctor Ortiz, no hacían lo que tenían que hacer; por lo tanto, cometieron el delito de omisión de promover la persecución penal. Para traducirlo: no hacer lo que tenían que hacer como jueces”, explicó Llonto.

Y finalizó: “Es una condena a civiles. Cuando se habla de dictadura cívico-militar, acá también está la pata civil. No eran solo los empresarios y los gerentes, sino también los jueces, los fiscales, los curas que estuvieron en los centros clandestinos participando de torturas. Toda esa era la pata civil”.