Luego de 65 años, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) se libera de la intermediación de la Federación Medica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba). Tras la firma del nuevo convenio entre Homero Giles, presidente del IOMA y Sandro Scafatti, vicepresidente al mando de la Federación, la primera entidad abonará los honorarios profesionales a los círculos médicos locales, eliminando la intermediación que la federación ejerció durante más de seis décadas.

“Este convenio busca mejorar la accesibilidad para el universo afiliatorio de los servicios médicos. El objetivo principal es asegurar el derecho a la salud de las y los afiliados y optimizar los recursos económicos de la obra social”, sostiene el comunicado oficial.

El nuevo convenio incorpora la totalidad de los planteos de IOMA: eliminación de intermediación económica, reempadronamiento de profesionales, copromiso de no cobrar copagos indebidos, uso de herramientas electrónicas y facturación electrónica. A cambio, reconoce la continuidad de Femeba como representante gremial de los profesionales.

El corrimiento del presidente de la Federación, Enrique Cobián, que solicitó una licencia de su cargo, fue clave para descomprimir la situación y reencauzar las negociaciones, que habían llegado a un callejón sin salida.

Historia reciente

Se trata de una decisión histórica, ya que IOMA tiene convenio con la Femeba desde el 8 de julio de 1959. En todo este tiempo siempre se le reconoció a la federación la representación gremial de sus asociados, función que permanece inalterada en este nuevo acuerdo.

Pero Femeba fue también, hasta ayer, la intermediaria económica entre la obra social y las y los profesionales que prestan servicios. Esta función generó, a lo largo del tiempo, distintos conflictos y tensiones entre ambas instituciones y entre ellas y los médicos, que integran los círculos locales, que a su vez se nuclean en la Federación.

Sin embargo, esa conflictividad histórica alcanzó su punto más álgido en este año. En abril pasado, tras una serie de acusaciones cruzadas, IOMA expuso que la federación retenía, de manera unilateral e indebida, los fondos que el instituto le giraba para actualizar los honorarios profesionales. El monto entonces superaba los 5 mil millones de pesos, en conceptos nunca aclarados.

Pero, además de quedarse con dinero ajeno, la federación también demoraba los pagos, lo que constituye una práctica habitual del sistema de salud en contextos altamente inflacionarios. Por un lado, permite obtener beneficios de colocaciones financieras y, por otro, ahoga a los eslabones posteriores, para facilitar una posterior compra, algo que no se verificaría en este caso.

Desde La Plata, explicaron que "IOMA le paga a Femeba treinta días después de presentada la facturación, porque tiene que chequear lo que paga; podría pagar a los médicos diez o quince días después, con lo que el plazo sería de cuarenta o cuarenta y cinco días". "Sin embargo, Femeba demora sesenta días más y el profesional termina cobrando a noventa días. La explicación está en las colocaciones financieras que hacen con el dinero de sus bases, algo muy habitual en tiempos de alta inflación", agregaron.

Ese fue el punto de no retorno, a partir del cual Femeba decidió una serie de lock outs, que generaron perjuicios a los pacientes, y una discusión pública, acerca de la “crisis de IOMA”. Por su parte, la que la oposición política se hizo eco de los reclamos de Femeba, sin estudiar previamente los balances de ambas instituciones, como quedó demostrado en la mesa de trabajo que se conformó a mediados de año con los presidentes de los bloques legislativos.

En este contexto, IOMA comenzó a recibir quejas de afiliados por motivos recurrentes tales como la demora excesiva en los turnos, que desaparecía mágicamente cuando los afiliados se disponían a abonar la consulta privada, sobre todo en especialidades críticas como pediatría y ginecología y los cobros de copagos o coseguros abusivos, que en algunos casos llegaron a ocho mil pesos. 

A esto se sumó la negativa  de algunos profesionales a incorporar herramientas digitales de facturación y validación de identidad, como las que emplean la mayoría de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, para mejorar la trazabilidad y reducir los fraudes.

Entre los meses de agosto y octubre pasados, IOMA denunció los convenios que la unían a dos regionales (primero la de Junín y Chacabuco y luego la de Olavarría y Azul, que juntas comprendían unos veinte distritos) y se abrió a la posibilidad de contratación directa. 

Esa modalidad, hasta entonces inédita, hubiera significado un cambio radical en el modelo administrativo y prestacional. Al romper la cautividad, IOMA podía comparar entre prestadores y detectar fácilmente desvíos y abusos. 

Con ese mismo objetivo, el de conocer los costos del resto de la cadena y reducir los niveles de dependencia de terceros,  se construyó el hospital Gabriela Carrequiriborde en Temperley. Fuentes del instituto no descartan replicar el modelo en otras localidades, donde la demanda de camas y consultorios supera a la oferta.

Frente a esta situación, la Federación, todavía encabezada por Cobián, solicitó una audiencia con el gobernador, con el objetivo de puentear a Giles. Pero las decisiones no habían sido tomadas por Giles sino por el pleno del directorio. 

El gobernador nunca respondió, brindando un tácito apoyo a la conducción del instituto y a la compleja batalla que libraban. Así, también evitó entrar en el juego que proponían legisladores como las radicales Silvia Vaccarezza, Flavia Belmonte o el amarillo Alejandro Rabinovich.

Durante 2023, año electoral, varios intendentes opositores, con Manuel Passaglia de San Nicolás a la cabeza, rompieron uniateral e ilegalmente con IOMA en nombre del "derecho a elegir", aunque finalmente debieron capitular y volver a firmar. 

En 2024 fue el año del conflicto con Femeba, para garantizar que los recursos lleguen a los médicos y no queden en el camino. Ambas disputan terminaron con victoria de la gestión actual.