“Disenso en riesgo”, así se llama el estremecedor informe de Amnistía Internacional Argentina sobre la represión a la protesta social durante el primer año de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En doce meses se contabilizaron más de 1000 personas heridas en 15 manifestaciones, muchas de ellas con lesiones graves, algunas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro y con daños severos en la visión. “Son prácticas propias de gobiernos autoritarios”, indicaron desde la organización y señalaron “las alarmantes cifras de la represión”. La violencia que implementó el gobierno de La Libertad Avanza, a través del Protocolo Anti Piquetes, contra las manifestaciones opositoras marca un punto de inflexión con respecto a los últimos años por lo que la organización pidió “garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales”. Todo en un marco de discursos criminalizantes de los funcionarios hacia los manifestantes, a los que llaman, entre otras cosas, “terroristas” que promueven “golpes de Estado”.
En un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001 –que dejaron 39 muertos en todo el país– las cifras del gobierno de Milei son tan brutales como contundentes: 1155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas. Todo en menos de un año, todo en medio del “mayor ajuste de la historia”, como lo define el Presidente. La represión y el miedo son parte del mecanismo de la motosierra para evitar que la gente salga a la calle a protestar. Balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias e “incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas afectados por la violencia represiva", es lo que detalla el relevamiento. El informe también da cuenta del uso innecesario y desproporcionado de gases lacrimógenos por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, existe una violenta represión de la expresión del disenso en las calles. “Las autoridades nacionales han elegido la confrontación y la violencia, prácticas propias de gobiernos autoritarios, como estrategia para atacar a quienes piensan diferente”, le dijo Belski a Página/12. Los gases lacrimógenos también fueron usados de manera indiscriminada para dispersar a los manifestantes. Se trata de un producto más nocivo: el gas pimienta MK9 que, según comentaron los médicos que atendieron a los heridos, es espeso y oleoso, lo que lo hace más agresivo y produce lesiones importantes no solo en las vías respiratorias y los ojos, sino también al contacto con la piel.
Todos los meses Milei y Bullrich reprimieron al menos una vez. Sin discriminación por franja etaria, los palos y gases también fueron para jubilados y jubiladas, inclusive hacia una niña. El acto inaugural del protocolo anti piquetes, oficializado cuatro días después de la asunción del gobierno libertario, fue a fines de enero y los primeros días de febrero, durante el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases. Allí se inició la estrategia para frenar el descontento creciente por las consecuencias de la motosierra. El protocolo fue señalado por Relatorías Especiales de Naciones Unidas, que le pidieron infructuosamente al Gobierno que revise la resolución.
El informe muestra que Milei y Bullrich hicieron un uso "desproporcionado" de las fuerzas de seguridad "como norma" y que se estableció "un patrón de represión y criminalización" para quienes se manifestaron contra el ajuste.“Este patrón de represión es preocupante y evidencia una metodología sistemática para restringir el disenso”, explicó Belski.
La metodología para aplacar el disenso necesitó de otras herramientas, además del Protocolo anti piquetes, como la creación del Comando Unificado Federal, y dos resoluciones: una que amplía el uso de armas letales –como pistolas de descargas eléctricas y gases irritantes– y otra que le cobra los gastos del operativo a las personas u organizaciones que participen de las protestas. Sandra Pettovello también hizo su aporte al dispositivo de coerción: en abril, el Ministerio de Capital Humano implementó la suspensión de los planes sociales a quienes participen de las protestas. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle; como dijo el Presidente: el que corta no cobra”, declaró la ministra.
Las balas de goma y los gases estuvieron acompañadas de un discurso oficial que ayudó a instalar un sentido común que legitime la represión. Después de las 33 detenciones del 12 de junio, mientras se debatía la segunda versión de la Ley Bases, Milei y Bullrich buscaron instalar la idea de que se trató de un intento de golpe de Estado y que, quienes fueron detenidos, estaban llevando adelante “actos de terrorismo”. A pesar de que manifestarse es un derecho constitucional, el Gobierno felicitó en sus redes sociales “a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”.
En este punto, Belski encuentra una novedad, “no es solo la violencia documentada, sino también las narrativas criminalizantes, esta política ha sido un catalizador para la criminalización de la protesta social y ha puesto en riesgo a periodistas, trabajadores de prensa y manifestantes pacíficos”, agregó.
Tal como sucedió en Chile durante las protestas estudiantiles de 2019 cuando cientos de personas perdieron un ojo por los disparos de los carabineros, en Argentina se empiezan a ver situaciones similares. Amnistía registró a 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión. El informe explica que las autoridades policiales provocaron “graves afectaciones a la integridad física y salud de las personas, con heridas en la cara, cabeza o mentón, dejando en evidencia que el uso de armas menos letales se alejó de los estándares de protección internacional de derechos humanos que establecen, entre otras cosas, que en caso de usar el arma, debe apuntarse a la parte inferior del cuerpo”.
El dispositivo para aplacar la protesta social tuvo otro elemento: las detenciones arbitrarias. “La persecución penal a quienes se manifiestan es constante”, indica Amnistía. Se reportaron 73 personas detenidas que, en la mayoría de los casos, fueron acusadas del delito de atentado o resistencia a la autoridad. “El uso abusivo del derecho penal desplegado contra las personas que se manifestaron el 12 de junio en contra de la Ley Bases no tuvo precedentes, por la cantidad de individuos detenidos en un mismo día y por las graves acusaciones que pesaron sobre ellos”, indicaron desde la organización. Uno de los detenidos, por ejemplo, fue un hombre de 64 años que vendía empanadas cerca del Congreso junto a su hija y su nieta, que también fueron llevadas por las fuerzas de seguridad.
Este informe se suma a otros producidos por diversos organismos de derechos humanos que también dieron cuenta de la brutalidad de este gobierno y que fueron replicados por Página/12. La Comisión Provincial por la Memoria indicó que, en estos 12 meses, 1216 personas resultaron heridas. En esa misma línea también fue el registro del CELS, que demostró que desde diciembre de 2023, al menos 104 personas fueron detenidas en operativos policiales en movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
