La nueva embestida del gobierno de Javier Milei para castigar a quienes se atreven a denunciar la violencia patriarcal tomó impulso el 25 de octubre, cuando la diputada Lilia Lemoine anunció que presentaba su (primer) proyecto. "Falsas denuncias" es el significante que instalan para afirmar que hay mujeres malignas yendo a tribunales a “arruinarles la vida” a varones.

El gobierno nacional se encolumnó: el propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue parte de una jornada que se hizo en el Senado el 20 de noviembre, para impulsar la iniciativa que propuso Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe de la Unión Cívica Radical. Al igual que la de Lemoine, pero presentada antes, en mayo de 2023, agrava las penas por falsas denuncias, y las duplica cuando se trata de violencia de género. También penaliza a profesionales que realicen pericias.

Si bien el trabajo de un abogado penalista es defender acusados de delitos, vale consignar que Cúneo Libarona representó a José Alperovich, ex senador, gobernador y hombre fuerte de Tucumán, condenado en junio por abuso sexual gravemente ultrajante a su sobrina, que también trabajaba con él, en un ejemplo palmario de asimetría de poder.

El segundo firmante del proyecto de Losada es el entonces senador Dionisio Scarpin (hoy diputado provincial en Santa Fe), que fue intendente de Avellaneda, una localidad del norte santafesino. Su mano derecha, Marcelo Galaz, firmó un juicio abreviado con una condena a siete años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina cuando ella tenía entre 4 y 11 años.

Antes, esa causa estuvo rodeada de escándalo: el fiscal Aldo Gerosa fue suspendido por la legislatura provincial porque cedió a presiones del senador provincial Orfilio Marcón, mentor político de Scarpin, para revictimizar a la denunciante.

La iniciativa de Losada no está descolgada, forma parte de una estrategia coordinada por organizaciones y profesionales que defienden a pedófilos. La despliegan en todos los juicios. Su principal argumento es que lxs niñxs “mienten”, porque sus madres les “implantan recuerdos”. Cuestionan las pericias y denuncian a las profesionales que las realizan.

Según las estadísticas internacionales, sólo el 1% de los delitos sexuales denunciados tienen una condena. Y sólo llegan a los Tribunales el 10% de esos delitos.

En la justicia argentina, no hay ni siquiera datos confiables. Una investigación publicada en noviembre pudo consignar que entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la justicia nacional y más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. El estudio se llama El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género, elaborado por Ileana Arduino, Julián Alfie y Celeste Pousa para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Lo que destacaron en este trabajo fue la falta de datos. “Hasta el día de hoy, no contamos con información sobre el desempeño de la justicia penal. No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas. Esto deriva en la imposibilidad de mejorar la tutela judicial efectiva”, plantearon.

“El sistema no tiene idea de qué es lo que sucede con los casos que ingresan, por lo cual no hay diagnóstico que permita decir que tenemos un problema de denuncias falsas. En los países donde se mide, la verdad es que los números son absolutamente marginales, denunciar falsamente un delito a sabiendas de que algo no es delito no es lo mismo que no poder probar un delito, que es algo que sucede muchas veces en estos procesos, porque demoran demasiado tiempo, porque los casos se archivan a veces con mucha anticipación. Son muchas las complejidades”, dijo Arduino a Las12.

Y agregó: “Hay que mirar este proyecto como parte de las herramientas con las que las reacciones neoconservadoras están asediando todos los avances en materia de género. No se puede leer esta propuesta desprendida de los retrocesos en materia de ESI, de la estigmatización de las personas que reciben algún tipo de apoyo económico en razón de estar sometidas a situaciones de violencia”.

En los dos proyectos se refieren supuestas falsas denuncias. Los ejemplos que usó Lemoine son mentirosos, y así lo hicieron saber en una carta a legisladores desde la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias y la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, que preside el ex juez Carlos Rozanski.

“En la fundamentación del proyecto se alude a la causa donde es acusado Pablo Ghisoni de abuso sexual de dos de sus hijos. Ambos brindaron judicialmente, a lo largo de los años, acabados detalles de los abusos sufridos, refrendados por indubitables pericias médicas. La causa se encuentra en pleno trámite ante la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires”, puntualizan sobre una de las causas que menciona la diputada libertaria.

Con el acompañamiento de más de 50 asociaciones civiles, esta carta advierte que el proyecto presentado por Lemoine “contiene al menos dos delitos de acción pública. Uno, la violación de los deberes de funcionario. El otro, falsedad ideológica de instrumento público”. Lo que sostienen es que “no se trata sólo de un proyecto que contiene delitos, se trata de un planteo que fomenta la persecución a madres y profesionales que acompañan niños, niñas y adolescentes que develan ser víctimas de abusos sexuales. Es la forma más brutal y emblemática de defender y promover la pedofilia”.

No fue una iniciativa aislada. Está en línea con la política que de Milei, que convirtió a Argentina en el único país del mundo que votó en contra de la Resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

“La hoguera está hoy dentro de los Tribunales, para las víctimas. Ya no te queman en la plaza, te queman puertas adentro de los Tribunales”, dice Sara Barni, fundadora de Red Viva, que estudió Derecho a raíz del periplo que debió transitar para obtener justicia para su hija en una causa por abuso sexual. “Nosotras somos criminalizadas”, dijo Barni.

Lo que realmente ocurre es que hay cientos de madres protectoras castigadas por acompañar las denuncias de sus hijes, niñxs nunca fueron escuchados, revinculaciones con abusadores, denuncias que se archivan sin investigarse con la debida diligencia que Argentina comprometió en su Constitución, mujeres que desisten de sus acusaciones acorraladas por las maniobras jurídicas de varones más poderosos, con más dinero, o simplemente, por la presión familiar.

Esa es la realidad que viven en los Tribunales de todo el país quienes se atreven a romper el círculo para denunciar violencia de género, y especialmente violencia sexual. Las denunciantes deben afrontar causas por daños y perjuicios, atravesar una espesa maraña de prejuicios y estrategias jurídicas coordinadas para favorecer a agresores.

Como presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Mónica Macha ha acompañado a muchas de las mujeres que sufren el doble castigo de la criminalización en el sistema judicial. “En este momento de cambio de época tan brutal que implica el gobierno de Milei, hay un retroceso en muchísimas políticas públicas y dentro de ellas en las políticas de género. No solamente por el desmantelamiento que venimos sufriendo desde que asumió la presidencia, sino también porque hay un retroceso conceptual muy importante”, expresó la legisladora, y se refirió a la iniciativa contra las “falsas denuncias” como “una vuelta de tuerca todavía un poco más perversa”. “El concepto de falsas denuncias va de la mano del inexistente Síndrome de Alienación Parental (rechazado por colegios profesionales como la Federación de Psicólogos de la República Argentina)”, siguió Macha.

“Esto para las mujeres, es una situación de mucho riesgo, porque en definitiva cuando se habla de penalizar las falsas denuncias, lo que se está trayendo es un intento para que las mujeres no denuncien la violencia por motivos de género, que no denuncien los abusos sexuales en niñeces y adolescencias, porque ya el proceso judicial es muy complejo, exhibe un poder muy desigual, y porque vemos como un montón de situaciones salen absueltos”, consideró la diputada nacional.

Para Macha, “hay un intento de darle protagonismo a una situación que no lo tiene. Lo que prima aquí es el concepto conservador que implica que las mujeres se banquen las situaciones de violencia por motivos de género, con tal de sostener la familia, que los pibes y pibas que sufren abuso en el contexto de sus vínculos más cercanos, progenitores, abuelos, tíos, se lo banquen en función de sostener esa falsa idea de familia”.

La psicóloga Natalia Amatiello, también fundadora de Aevas, sabe que el proyecto de ley es un intento de legalizar prácticas habituales de quienes defienden pedófilos en los Tribunales: desacreditar las denuncias y a lxs profesionales que fundamentan los efectos de estas violencias, así como contraatacar sobre las madres y peritos. “La estrategia defensiva de los imputados de abuso es decir que la denuncia es falsa y que hay un ensañamiento por la locura o el despecho de esta madre o mujer. Pasó con Thelma Fardin, como caso emblemático. Siempre hay una forma de poner a la mujer que denuncia en una condición de descrédito para beneficiar estratégicamente al acusado”, sostiene la profesional.

Sobre Jazmín, la joven que dijo haber denunciado falsamente a su padre, entre llantos, en la reunión del 20 de noviembre, Amatiello cuestionó que los impulsores de la ley lleven “a una niña que ahora tiene 18 años” y la expongan “sobre una retractación, que sabemos que muchas veces tienen que ver con una reafirmación del abuso sufrido, porque la víctima necesita correrse o por las condiciones que vive a partir de la denuncia. Es muy terrible esa retractación porque se nota el sufrimiento psíquico”.

Lo que más le preocupa a Amatiello es cómo este proyecto desanda un camino trabajoso. “Costó mucho concientizar a las personas y las profesionales de que la denuncia es obligatoria, que cuando hay sospecha se denuncia, para que la justicia investigue. Todo ese trabajo que se hizo históricamente para que la población valore la importancia de la denuncia, tanto a nivel social como subjetivo, por las marcas reparatorias que implica, sufre un retroceso enorme con iniciativas como ésta”, siguió Amatiello.

Desde el propio sistema judicial, donde fue durante años fiscal de la unidad especializada en Violencia Sexual de Rosario, Carla Cerliani aporta sus conocimientos. “Es un proyecto que muestra un posicionamiento. En los diez años que llevo trabajando como fiscal, pero antes también fui directora provincial de Acceso a la Justicia, son muy pocas la cantidad de denuncias falsas. Sí hay mujeres que no quieren continuar o participar de un proceso penal. Y si hablamos de niños y niñas, yo diría que son muchos menos los que cuentan hechos que no son, sino que muchas veces se desdicen por el contexto que viven”, dice Cerliani.

Retirar la denuncia se llama técnicamente retractación. “Las mujeres no dicen que mintieron, sino que no quieren continuar con el proceso. Y ahí surgen nuestras obligaciones como representantes del Estado, con respeto a la autonomía, porque no podés ejercer violencia sobre alguien que viene pidiendo ayuda. No podés obligarla con la fuerza pública a que declare”.

Cerliani intervino en un caso donde una mujer se retractó de una denuncia de violación contra su pareja, pese a una gran cantidad de pruebas materiales. Había toda una historia: en distintos centros de salud la habían derivado a equipos interdisciplinarios por las lesiones inexplicadas que sufría, y ya había retirado una denuncia anterior. Cuando el hijo en común cumplió años, desde la cárcel, el agresor le envió una notita por medio de su hermano, y ella fue ante el juez a decir que la relación sexual había sido consentida. Como fiscal, Cerliani se opuso al sobreseimiento del acusado, y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que continúe el proceso, en base a todas las pruebas existentes.

“¿Quién va a querer pasar por la picadora de carne que es un proceso penal?”, pregunta Cerliani. Por eso, recuerda que, en general, quienes se retractan “son mujeres que se encuentran presionadas o que están dentro del ciclo de violencia, o que ven que la respuesta que reciben no es la correcta, también lo hacen por necesidades económicas o por presiones, amenazas o porque ven que desde que se hizo la denuncia se le agravaron un montón de circunstancias. Esto suele pasar porque deben ser sostén del hogar, empiezan a tener problemas con sus hijos y sus hijas, o no quieren que esté preso el padre de ellos. Todo esto hace que se arrepientan o que vean que el proceso penal no es una solución”.

Lo que explica Cerliani es que “las recomendaciones y estándares dicen que hay que seguir, hacer un análisis contextual, no sólo con el relato de la víctima, sino para saber cómo, en qué circunstancias sufrió la violencia y cuáles son los riesgos”.

El desafío para quienes defienden los derechos de niñxs, mujeres e identidades feminizadas es “evitar que estos proyectos puedan avanzar -plantea Macha-, porque son contra las mujeres, contra las niñeces y contra las adolescencias”.