El Senado de Salta aprobó en definitiva ayer cinco leyes que eran requeridas por el Ejecutivo provincial, el nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos, el presupuesto general de recursos y gastos paraa 2025, las cuentas generales de tres ejercicios, la emergencia económica que se arrastra desde 1990 y la emergencia hídrica, que lleva solo dos años. 

La discusión se centró en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que al final se aprobó por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.  

El senador por Chicoana, Esteban D’Andrea, fue el informante. Entre las razones para aprobarlo pese a los cuestionamientos de organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas, destacó que el ordenamiento debería haber sido presentado en 2019. 

Añadió que “la actualización del ordenamiento territorial" permitirá "a través de la zonificación, el desarrollo de todos los bosques de la provincia”. Con el nuevo OTBN “se genera equidad productiva, por cuanto la distribución de (la categoría) verde (montes susceptibles de ser deforestados) en todos catastros de las cuencas genera la potenciación de sistemas silvopastoriles como el manejo de bosques con ganadería integrada”, así como los proyectos productivos mixtos con menos impacto ambiental, y se evita la fragmentación del hábitat, aseguró. 

“Con este proyecto lo que se busca es el ordenamiento, controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Esta ley nos permite cumplir básicamente” con la ley de bosques, 26.331, y la Constitución, en cuanto al cuidado del ambiente y el desarrollo amigable con el ambiente, afirmó. 

Le siguió Miguel Calabró. Señaló que uno de los argumentos para aprobar el nuevo ordenamiento es la deuda de la Nación con la provincia, de $32 mil millones. “Yo no confío en la Nación, en que nos vaya a mandar” este dinero aunque se apruebe el OTBN, sostuvo. 

Por otro lado, cuestionó que se dijera que fueron consultadas las universidades, organizaciones y comunidades indígenas, pero recibieron "quejas de que no fueron consultadas”. Asimismo, puso en duda que "la fuerza que tenga la autoridad de aplicación para controlar” los demontes ilegales, porque antes no hubo control.

“Entiendo que hace falta aprobarlo, pero no a cualquier costo”, agregó antes de plantear que falta una discusión sobre qué tipo de producción va a impulsar la provincia, si la producción de alimentos por parte de familias campesinas o se van a permitir desmontes para grandes explotaciones. E hizo notar que se está hablando de cambio de uso de suelo en “departamentos que tienen tierras productivas y muy ricas. San Martín, Rivadavia, Anta" y Metán. 

Manuel Pailler empezó por recordar que el artículo 41 de la Constitución de la Nación prevé que todos los habitantes del país "gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. 

Resaltó el valor de los bosques nativos "para la vida en la tierra”. “La pérdida y degradación de los bosques nativos es uno de los principales problemas a nivel mundial", afirmó antes de enumerar a las organizaciones e instituciones que pedían que no se apruebe este proyecto, solicitó que sean escuchadas y para eso propuso la vuelta a comisión del proyecto. 

Walter Wayar también cuestionó el apuro en la aprobación. Y coincidió con su par en el bloque Todos en que comunidades indígenas, organizaciones e integrantes de la Universidad Nacional de Salta dijeron que no habían sido consultadas. 

Consideró que este proyecto merecía un análisis más profundo "porque estamos hablando de la vida", de la flora, la fauna y la humanidad. Recordó que en su gestión como vicegobernador, de 1995 a 2007, “se desmontaron 750 mil hectáreas y cuando se hablaba de poner en marcha el desarrollo productivo se hablaba de la mejor calidad de vida que iban a tener los pobladores de esas regiones". Sin embargo, "la experiencia nos ha mostrado" que si bien el campo le aporta divisas al país, no mejoró la calidad de vida de quienes viven en esa región. 

Wayar opinó que esta ley podría incluir la obligatoriedad de que una parte de las grandes explotaciones agropecuarias se dedique a cultivos intensivos, “que son los que generan el alimento que sí come nuestra gente, que son las producciones que sí generan trabajo”. E incluir un artículo que establezca que ante incendios forestales el dueño del catastro tendrá que volver a forestar con especies autóctonas y no cambiarle el destino. "Es una ley trascendente, una ley en la que tenemos que escuchar a más gente”, aseguró y pidió la vuelta a comisión. 

Le siguió en el senador Walter Cruz, de Iruya, que tiene la particularidad de ser parte del Pueblo Kolla. Si bien reconoció que varias organizaciones indígenas hicieron observaciones al proyecto, argumentó que el OTBN implica un avance en cuanto a "dotar a la sociedad de unas herramientas legales actualizadas”, que son perfectibles y están “sujetas el permanente control”. “Miro con esperanza. Voy a dar mi voto de confianza”, sostuvo. 

Su posición le valió una mención crítica de manifestantes que siguieron la votación fuera del recinto legislativo y repudiaron a "los senadores provinciales que aprobaron" lo que llamaron "la ley de desmontes y los monocultivos".

Los manifestantes, entre ellos integrantes del Pueblo Lule, destacaron que esta ley "contó con la aprobación de un diputado y un senador indígena", en referencia al diputado provincial Rogelio Segundo, del Pueblo Wichí, y el senador Walter Cruz. 

Para los manifestantes, esta ley podría tener "consecuencias en los desalojos a las comunidades indígenas y en la habilitación de emprendimientos en desmedro de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, y civiles como el acceso a los servicios del bosque como el equilibrio climático, a un ambiente sano".

Presupuesto 2025 

En la misma sesión el Senado aprobó el presupuesto general de la provincia para el próximo año, que fue calculado en $3,18 billones. Al presentarlo el senador Enrique Cornejo (General Güemes) reiteró los conceptos con los que el Ejecutivo viene defendiendo este cálculo, realizado a pesar de que no hay presupuesto nacional, por segundo año. 

El presupuesto refleja un crecimiento del PBI que se calcula que será del 3,3%. El gobierno nacional informó solo "pautas macrofiscales" sobre las que se basó el presupuesto provincial: prevé que el año que viene la inflación será del 18,5%, que la economía crecerá un 5% y el dólar costará en promedio de $1.207.

El Senado votó por unanimidad el presupuesto. También por unanimidad aprobó la prórroga de la emergencia económica, que, entre otras facultades, habilita al Ejecutivo para cambiar el destino de las partidas presupuestarias. 

Cornejo también fue el informante: "Nuestro país atraviesa sucesivos procesos recurrentes de crisis económica. La provincia no fue ajena a estas contingencias”, desde 2001 las condiciones que en su momento provocaron la declaración de emergencia económica se mantienen, por eso “se considera oportuno la prórroga”. "La provincia se encuentra en equilibrio fiscal “pero no podemos desconocer el contexto de crisis nacional e internacional”, dijo Cornejo sobre la 7125, de adhesión a la emergencia nacional dictada en 2001.

Sobre la 6583, de declaración de emergencia económica en la provincia, sancionada en 1990, destacó: “En términos generales esta ley lo que busca es un control de los gastos del estado”. “A través de los años vemos que esta norma fue fundamental para la superación de las diferentes crisis que ha atravesado nuestra provincia”, las condiciones objetivas que provocaron su sanción se mantienen, aseguró. 

También se aprobaron por unanimidad las cuentas generales presentadas por el Poder Ejecutivo Provincial correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022. En este caso el informante fue Diego Cari (Guachipas). “Ratificamos el rumbo político que tomó nuestra administración”, sostuvo. 

Y se aprobó la prórroga por un año emergencia hídrica. El senador Walter Cruz recordó que fue sancionada en 2022. Dijo que aún es necesario continuar la ejecución de obras para la provisión de agua apta para consumo humano.