El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, catalogó como “vergonzosa y denigrante” la propuesta de aumentar en un 8 por ciento el Salario Mínimo, Vital y Móvil de los trabajadores durante la reunión por el Consejo del Salario.

Entrevistado por la 750, calificóla reunión como un “fracaso”, aunque aclaró que, por esto mismo, “seguramente para el Gobierno se cumplió el objetivo”.

Esto, dijo, se debe a que “hubo una maniobra con el sector empresario” donde el objetivo final fue desplomar, una vez más, los ingresos de los ciudadanos para seguir aplastando la base de los salarios.

“Ustedes saben que el SMVM está en 271 mil pesos. Esto es una pérdida de más de 54 por ciento respecto del Gobierno de Cristina. Una pérdida del 34 por ciento durante este año”, apuntó.

Y añadió: “Dijimos, porque nos parecía que era razonable, llegar a la canasta de indigencia. En verdad tendría que estar en el millón de pesos. Propusimos pasar gradualmente hasta los 572 mil pesos”.

La respuesta de los empresarios, sin embargo, fue ofrecer un aumento del 8 por ciento “que significaría incrementar el salario en 6.700 pesos”. Un aumento que no llega a ser un kilo de carne picada, en palabras de Yasky.

“La propuesta es vergonzosa y denigrante para los trabajadores. Funes de Rioja (líder empresario) ocupó en la OIT la representación del sector empresario. Se la pasó hablando de diálogo social, tripartito, ayer se lo decían. Ahora que sienten que tienen la sartén por el mango, vienen en manada con el Gobierno”, denunció.

Tras lo que comentó que esto no siempre fue así, y que en gran parte el fracaso de las negociaciones tiene que ver con el Gobierno de Javier Milei vacía intencionalmente el Consejo de figuras de relevancia para llevarlo a un mero trámite burocrático.

“Antes la reunión podía durar dos días, porque vos tenías un día de negociacionesintensas, donde en una oficina estaban los empresarios y en otra las centrales obreras. Y los funcionarios iban de una oficina a la otra”, recordó.

Pero comparó: “Esto es un trámite donde no participa ninguna figura relevante del ministerio de Trabajo. Son funcionarnos de segunda y tercera línea. El Gobierno le quita voltaje político. Le quita peso institucional. Y cumple simplemente una formalidad”.