En su plan de ajuste, el Gobierno ha priorizado, entre otros rubros, una reducción de los haberes previsionales que no empareja con los aumentos de precios en las góndolas y los medicamentos, el transporte y las tarifas, castigando a siete millones de jubilados (por cierto, una cantidad no desdeñable de votantes empadronados).

Al mismo tiempo, compra armamentos con desmesurados costos en dólares, sin explicar por qué lo hace (¿nos preparamos acaso para alguna guerra?) ni aporta la transparencia que pregona pero no honra. Este contraste de escenarios ilustra lo que denominaremos la “economía canalla”.

Después de las elecciones del año pasado, hemos contemplado con preocupación creciente cómo grupos de legisladores del PRO y del radicalismo favorecen las intenciones del oficialismo, traicionando a quienes los eligieron originalmente. Sus votos se canjean para asegurar la connivencia y el enriquecimiento de grupos de interés claramente identificables. Aquí encontramos un ejemplo de lo que llamaremos la “política cómplice”.

Economía del ajuste

La economía canalla alude a una política económica que mutila las expectativas del entramado social de la mayor parte de la población. Se trata de un comportamiento intencional, programado, que sigue el libreto del neoliberalismo: un consenso para enriquecer a los países, empresas y personajes más ricos, al tiempo que logra empobrecer a 9 de cada 10 habitantes del planeta, cercenándoles su derecho a la igualdad de oportunidades, educación, alimentación, trabajo, salud y vivienda.

En nuestro país, para implementar el libreto mencionado, el gobierno ha perfilado un protocolo de gestión articulado por los siguientes cursos de acción:

a) Priorizar el pago de las deudas con organismos internacionales y fondos de inversión extranjeros (que los conductores de la política económica realizan del mismo modo como lo hicieron cuando ellos eran funcionarios del ex presidente Macri).

b) Para pagar las deudas hay que gastar menos. Esto se logra, en primer lugar, esquilmando los presupuestos para educación y salud, empleados del Estado, empresas pymes, monotributistas y trabajadores informales, los jubilados y discapacitados. En segundo lugar, se paraliza la obra pública. Finalmente, se anuncia la privatización de empresas estatales a precio vil, como corresponde a un “capitalismo de amigos”.

c) El ajuste se centraliza en la reducción del déficit fiscal, un enfoque antisocial y fracasado que condena a la Argentina a recorrer un túnel sin salida. El tipo de cambio se sostiene con alfileres y la inflación subestima groseramente lo que las unidades familiares encuentran cuando van al supermercado o pagan por servicios, expensas, prepagas, colegios, impuestos.

d) El objetivo de reducir drásticamente el déficit fiscal obliga a una ortopedia monetaria que traslada al Tesoro el pago de intereses por la monumental deuda que ha tomado este gobierno, y disimula el llamado déficit cuasi-fiscal que, de otro modo, quedaría expuesto en la contabilidad del Banco Central.

e) La festejada liberación y desregulación de los mercados permite que los grupos concentrados del poder empresarial y financiero sean los beneficiarios del anarquismo económico. La debilidad de semejante esquema deja numerosas preguntas sin responder. Por ejemplo: ¿y ahora, quién controla, regula y castiga?

Política cómplice

Si queremos descubrir por qué la economía se ha enfermado hasta alcanzar los niveles actuales de deterioro material y daño humano, hay que investigar quiénes son los proveedores de esta fiesta para unos pocos y la desesperación social para el resto.

Y la respuesta es inequívoca: analicemos el comportamiento de los legisladores que practican el oportunismo individual, desprecio a los votantes y el bien común, la infidelidad a las plataformas y banderas de sus propios partidos. De esto se trata cuando nos referimos a “la política cómplice”.

No es casual lo que ocurre. Es parte de la filosofía neoliberal (en rigor, neoconservadora): demonizar la democracia, la protesta y el pensamiento crítico, como admirablemente ha argumentado Guy Standing en su libro El capitalismo corrupto.

En Argentina, el Poder Legislativo se ha fracturado en una oposición animada por valores republicanos, y un oficialismo que asimila la actividad del Congreso a un mercado en donde el voto tiene precio y recompensas. La negociación política ha dado paso a un vergonzante trueque de favores.

Dinamizar la esperanza

Sin embargo, dos procesos concurrentes están alterando profundamente este escenario depredador de instituciones y vidas humanas.

El primer proceso consiste en una dinámica interna y conflictiva dentro del mismo gobierno: numerosos funcionarios han renunciado y a otros los han expulsado, mientras se evidencia la coexistencia incoherente de un poder formal junto a un comité de censores que privilegian lo dogmático, sobrenatural, autoritario y secreto, por encima de las angustias y demandas de la población.

El segundo proceso es externo al gobierno. Tiene lugar en la calle, en las empresas medianas y pequeñas, en los hospitales y universidades, en los merenderos, en las familias preguntándose cómo llegar a fin de mes. Y aquí se nutre la esperanza de una causa nacional y popular que cambie este horrible experimento de crueldad y calamidad sociales, adoptando tres compromisos iniciales para la acción política que tengan ejecución y cumplimiento inmediatos.

a) Construir un peronismo rejuvenecido y autocrítico, dispuesto a convocar una coalición representativa de un amplio arco social y político que incluya a la clase media, los trabajadores formales e informales, movimientos sociales, cooperativas y asociaciones vecinales, los jubilados y empresarios pymes, sindicatos democratizados e innovadores en regulaciones laborales, pero también todos aquellos que el neoliberalismo desprecia, descarta y precariza.

b) El peronismo y sus asociados en la coalición deben comprometerse públicamente con un contrato para las campañas electorales de 2025 y 2027, y que incorpore un plan detallado, factible y preciso, para asegurar el crecimiento y desarrollo, gracias al protagonismo de un Estado presente y solidario.

c) Sesenta décadas atrás en nuestro pasado, los alumnos de nivel primario y secundario compartían con sus maestros los textos y contenidos de la asignatura Instrucción Cívica.

¿Puede sorprendernos, volviendo a nuestro presente, que esos libros y contenidos no ofrezcan hoy ninguna credibilidad para los estudiantes, porque ellos viven y sufren en sus familias los resultados de la economía canalla y la política cómplice? Volvamos a la Instrucción Cívica, pero empezando por la capacitación de los dirigentes y aspirantes a serlo.

*Doctor en Administración (UBA, 1998), escritor y analista político.