En un capítulo de la serie británica de humor político The Thick of It, un funcionario del gobierno está por anunciar a la prensa un plan de viviendas. Camino a la conferencia de prensa le llega la información de que el Primer Ministro --que desconocía el proyecto de su subordinado-- no está de acuerdo. Le avisan al funcionario que la propuesta que quiere anunciar pone en peligro las finanzas del Reino y su futuro político. Desesperado, le pide a un asesor que invente otro anuncio para la prensa, algo que sea querido por el gran público, pero no resulte muy oneroso para la Corona. El asesor se ilumina: “ya sé, anunciemos que vamos a restablecer la pena de muerte”.
Difícil no imaginar escenas similares en el seno del gobierno de Milei, que intenta tapar sus innumerables errores con bravuconadas, polémicas inventadas y propuestas provocadoras. Al fin y al cabo, con esa dinámica llegaron al poder e intentan sostenerlo repitiendo la fórmula. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es especialista en errores y provocaciones. Le gusta jactarse de haber desarmado una banda de narcotraficantes o haber encontrado a un peligroso pedófilo, aunque pocas horas después, la Justicia y los medios la desmientan. En vez de disculparse con la sociedad y, sobre todo, con las víctimas de sus falsas acusaciones, se refugia en un nueva declaración, ya no para “espantar al burgués”, como en su juventud de militante montonera, sino para que no la rajen, pierda su poder estatal y se tenga que refugiar en algún puestito menor facilitado por alguna embajada amiga.
En una entrevista reciente por Radio Mitre, la ministra Bullrich reconoció que el gendarme Gallo, detenido en Venezuela, es un “prisionero de guerra”. Es muy probable que lo de la ministra sea más una burrada que un sincericidio, porque definir así al gendarme es confesar que lo enviaron con alguna finalidad bélica, algo que el gobierno argentino niega con énfasis. Las declaraciones de Bullrich despiertan lógicas dudas: si el gendarme viajó como ciudadano y no en su carácter de oficial, ¿la ministra no debería mantenerse en segundo plano y dejar actuar a sus pares de Relaciones Exteriores y Justicia, los dos con más pertinencia para tratar el caso de un ciudadano civil argentino? Sus asesores intentaron que esta noticia y las dudas quedaran tapadas ante un anuncio que tiene mucho de déjà vu del gobierno macrista: la creación de un “servicio cívico” para los jóvenes que no estudien ni trabajen.
“Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga”, anunció Bullrich, dejando en un segundo plano a la ministra de Recursos Humanos (perdón, de Capital Humano) Sandra Pettovello. Que sea la ministra de Seguridad la que haga el anuncio pone en evidencia que la preocupación del gobierno no es mejorar la situación de los jóvenes más postergados sino tenerlos bajo control porque los considera sospechosos de delitos. Hay muchas formas en las que el Estado puede generar empleo joven o incentivar los estudios. Poner a los pibes en la órbita de una fuerza de seguridad no parece la más apropiada.
Atento a todo lo que sean propuestas demagógicas de derecha, el senador provincial Sergio Berni salió a correr por ese lado de la cancha a Bullrich, lo que ya es un clásico de la Copa Soy Mas Facho Que Vos. Berni no se conforma con el servicio cívico y propone el regreso del servicio militar obligatorio, ese antro que cerramos hace treinta años. Como Berni es una persona muy inteligente, aclara que el SMO no sería como la antigua colimba, como si una propuesta de ley y las buenas intenciones alcanzaran para que nada malo ocurra. No creo que en 1901 el general Pablo Riccheri haya imaginado que algún día sería el nombre de una autopista, ni que haber impuesto, como Ministro de Guerra de Roca, el servicio militar generaría en los 93 años siguientes toda clase de abusos, persecuciones e, incluso, muertes de jóvenes varones argentinos. Tal vez Berni se crea más capaz que Riccheri para prever el futuro.
Nosotros no tenemos ninguna bola de cristal, pero sí podemos recordar el pasado. A fines de 1991 (cuando todavía teníamos edad para el servicio cívico que propone Bullrich) hacíamos una revista cultural llamada V de Vian. En el número 5, cuyo tema era “Muertos jóvenes”, le dedicamos la nota de apertura al servicio militar. La bajada del informe decía: “La colimba: un año de humillación y servidumbre; la deserción: una reacción desde el estómago; la objeción de conciencia: una respuesta desde lo moral. Este informe repasa deserciones líricas, revela a los objetores vernáculos y conversa con Guillermo Saccomanno sobre Bajo bandera, su libro alrededor de la colimba”.
Las siete páginas dedicadas al tema fueron escritas en su totalidad por un excombatiente de Malvinas, Roberto Herrscher, que en la actualidad es profesor de Periodismo en la Universidad Alberto Hurtado (Chile), pero por entonces combinaba su actividad periodística con la vicepresidencia del Fosmo, el Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio. Herrscher pasaba desde su erudición literaria a contar su experiencia en Malvinas como soldado conscripto y a charlar con Saccomanno. Pero quiero recordar especialmente el fragmento en el que habla del presidente del Fosmo, Eduardo Pimentel:
«Con las terribles imágenes de muertes insoportablemente absurdas aún turbándole el sueño, el 2 de noviembre de 1982 Eduardo Pimentel, co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, envió una carta al último presidente de la dictadura, el general Reynaldo Bignone, informándole de una decisión que había tomado junto con toda su familia, y especialmente con su hijo mayor, Ignacio. Ese mismo día, Ignacio había recibido el tradicional telegrama del distrito militar ordenándole presentarse a la revisión médica, primer paso para su incorporación al ejército.
«'Siguiendo el profundo e imperativo llamado de mi conciencia... le informo formalmente que he decidido no autorizar a mi hijo Ignacio a presentarse a cumplir con su servicio militar, para el que ha sido llamado hoy'. De este modo comenzaba la carta, y ese fue también el comienzo de un movimiento que, contra viento y marea, a pesar de las amenazas, aun hoy continúa luchando y haciendo oír su voz: el Frente de Oposición al Servicio Militar».
La labor de Pimentel --un hombre fundamental en la lucha por los Derechos Humanos en la Argentina— y de su equipo sirvió para poner en discusión un tema al que los medios de entonces no prestaban mayor atención. Sin el Fosmo, probablemente la muerte de Carrasco hubiera sido una más de las que hubo de soldados conscriptos en los cuarteles.
El servicio militar no era solo la humillación y la tortura (extrañamente, muchas veces recordado por las víctimas como una forma de “hacerse hombre”), sino que se prestaba a la corrupción. Había padres desesperados dispuestos a pagar lo que no tenían para que declarasen a sus hijos “no aptos”. Si igualmente los llamaban para hacer la colimba, buscaban a algún gestor con llegada en las Fuerzas Armadas y conseguir que “trataran bien” al conscripto.
La agenda demagógica de la derecha tiene dos propuestas básicas: bajar la edad de imputabilidad y mantener bajo control estatal de Gendarmería o las Fuerzas Armadas (ya sea por medio del servicio cívico o el militar) a los jóvenes de los sectores más postergados. Están a centímetros de parecerse a los personajes de The Thick of It y proponer la pena de muerte. La formal, porque la informal ya la intentaron poner en práctica.