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"María Eugenia/, (aquí hubo referencia, que no será publicada, a una parte íntima de la madre de la exgobernadora)/ la caja del Provincia/ ya no la toca nadie", sonó en los palcos de la Cámara de Diputados bonaerense. Desde allí, los empleados del Banco Provincia alzaron la voz contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su “aberrante” ley 15.008 que recortó sus derechos pero que este jueves viernes a la madrugada fue derogada.
Así, por pedido de Axel Kicillof y con los votos de Unión por la Patria, la izquierda, los ex libertarios y el ala del radicalismo que responde a Facundo Manes, La Bancaria que lidera Sergio Palazzo se alzó con la victoria y tendrá un importante motivo para el brindis de fin de año. De esta manera, los bancarios del BAPRO se podrán volver a jubilar con el 82 por ciento móvil y la Suprema Corte bonaerense evitará tener que resolver los más de 5 mil amparos contra la Ley 15.008.
“¡Adiós a los efectos nocivos de la ‘Maldita 15.008’ como fue denominada por los trabajadores la ley que impulsó María Eugenia Vidal!”, fueron algunas de las palabras que Palazzo expresó en sus redes. Lo hizo tras la aprobación de la nueva ley que reglamenta la caja jubilatoria de los empleados del Banco Provincia y deroga la norma sancionada por Cambiemos en 2017.
El PRO, la UCR + Cambio Federal, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, directamente no estuvieron presentes en el recinto para dar el debate y menos aún para la votación. No fueron testigos de la primera sanción bajo la presidencia de Alexis Guerrera, que minutos antes había reemplazado a Alejandro Dichiara al frente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto, que ya contaba con la aprobación del Senado, restituye el 82 por ciento móvil del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese para el cálculo de las jubilaciones de los empleados del Banco Provincia y fija el 75 por ciento para las pensiones. Ambas habían sido reducidas al 70 por ciento con la ley de Vidal.
También, restituye a las mujeres la edad jubilatoria de 60 años y se mantiene la de 65 para los hombres, pero siempre con la condición de acumular 35 años de aportes previsionales.
Además, se introducen medidas para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, proyectando una reducción del déficit para 2025.
Así, entre otras cosas, los empleados activos pasarán de aportar el 14 por ciento al 16, las contribuciones del banco trepan al 32 por ciento y, para los nuevos ingresantes, los aportes personales serán del 19 por ciento.
Silencios contra festejos
De esta manera, queda en el pasado la norma del, ahora, silencioso PRO. ¿Por qué silencioso? Porque, a diferencia del tratamiento en el Senado, ni Vidal ni Cristian Ritondo optaron por vitorear argumentos en redes sociales. Quizás, por no contar con la posibilidad de revertir el resultado.
O, quizás, porque Ritondo, ex ministro de Seguridad de Vidal, fue denunciado por lavado de dinero luego de que se hiciera público que su esposa tiene cinco departamentos en Estados Unidos por un valor total de 2,6 millones de dólares a nombre de su esposa como miembro empresas off shore no declaras por el actual presidente del bloque de diputados nacionales del macrismo.
El legislador bonaerense, semanas atrás, trató de “traidores” a los bloques que presiden Sergio Vargas en el Senado y Gustavo Cuervo en Diputados, por haber ingresado a las cámaras con la boleta de La Libertad Avanza pero optaron por dar lugar al proyecto de Kicillof. El propio Vargas le respondió en el recinto y definió como “succionismo político” la actitud de Ritondo y, según el senador, la intención de congraciarse con Milei y Karina Milei.
Desde la cuenta de la ex gobernadora hubo la misma decisión: silenzio stampa. Mientras que días atrás se enorgulleció de ser comparada con la motosierra de Javier Milei y recayó en el error de definir como “jubilaciones de privilegio” a los beneficios del régimen especial de la caja jubilatoria del BAPRO, esta vez no hubo mención al tema.
Sí lo hubo en el recinto, puntualmente en la voz de UxP. “Los peronistas festejamos que se les restituyan los derechos a los trabajadores del Banco Provincia”, dijo Susana González, diputada oriunda de Ensenada y referenciada con el intendente Mario Secco.
“Esta ley deroga el engendro de la 15.008 sancionada entre gallos y medianoche por un gobierno que nunca respetó los derechos básicos e institucionales de esta Cámara de Diputados bonaerense”, subrayó la legisladora.
A su vez, González hizo hincapié en el rol de la Suprema Corte que, en reiteradas oportunidades, remarcó las inconsistencias de la ley vidalista. Como última instancia, declaró inconstitucionales a un grupo de artículos y pidió con urgencia subsanar de manera política las condiciones de una norma que derivó en miles de juicios y amparos en la Justicia provincial.
Desde la Comisión Interna de La Bancaria en el BAPRO, agradecieron a Palazzo, a la secretaria general de la seccional provincial, Alejandro Estoup, al gobernador, a Dichiara y a la vicegobernadora, Verónica Magario.
“Ayer se cumplieron exactamente siete años, desde que la repudiada Vidal y los acólitos nos asestaban un duro golpe con la 15.008”, comienza el comunicado con el que expresaron su alegría. “Desde entonces nada nos detuvo y dimos la pelea en todos los terrenos, tanto el político como el judicial, el legislativo y en la calle”, señalaron.
También mostraron su gratitud a Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, quien en sus redes acompañó los mensajes a favor de la derogación de la norma vidalista.
“Esta nueva ley es resultado de más de dos años de trabajo conjunto de los tres poderes del Estado bonaerense. Cada uno hizo su aporte responsable para construir una solución política a un problema originado desde la política”, expresó el funcionario en su cuenta de la red X.
El adiós a la 15.008
Vidal impulsó en 2017, bajo la excusa de eliminar “jubilaciones de privilegio”, una norma que detonó las finanzas del Banco Provincia y licuó los derechos adquiridos por parte de los trabajadores de la entidad. Desde su sanción, una avalancha de juicios cayó sobre la Provincia y la Suprema Corte bonaerense terminó dando lugar a un amparo en 2022 que contuvo varios reclamos.
Según fuentes del Ejecutivo, producto de esta medida judicial el déficit actual de la Caja Jubilatoria de es un 40 por ciento más alto que el vigente con la Ley 15.008. La decisión de la ex gobernadora del PRO no eliminó ninguna jubilación y ningún privilegio, simplemente recortó los derechos de un régimen especial que tenía múltiples características que lo diferenciaban de otras cajas. Entre ellas, el volumen de los aportes.
El pasado 9 de octubre, la Suprema Corte explicó ante una comisión compuesta por legisladores oficialistas y de la oposición, junto con autoridades del BAPRO, que está próxima a dictaminar sobre estos juicios y amparos que acumula. En el caso donde de que la Ley 15.008 se declare inconstitucional en los artículos cuestionados, el déficit esperado para 2025 se incrementaría un 50 por ciento en relación a la situación actual, totalizando 375 mil millones de pesos.
Por el contrario, con la nueva ley sancionada este jueves, se resuelven los artículos cuestionados y se incorporan nuevas fuentes de financiamiento que implican una reducción del déficit esperado para 2025 en un 30 por ciento si se lo compara con la situación actual y de más de un 50 por ciento si se toma como referencia el costo de una potencial sentencia de fondo.
Respecto a los mecanismos de control y manejo de la Caja, la ley impulsada por Kicillof establece un salto cualitativo en defensa de los trabajadores. A partir de su reglamentación, el Directorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del propio banco, pero también por una persona representante de las personas afiliadas en actividad y otra que vele por los intereses de los jubilados y pensionados.
Además, en las próximas modificaciones que impulse el Poder Ejecutivo provincial sobre el régimen previsional del BAPRO “deberán contar con una instancia consultiva previa a su presentación ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, de la que participarán el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Bancaria y cualquier otra asociación y/o institución que acredite un interés legítimo en los alcances de la cobertura y la sustentabilidad del sistema”.
La iniciativa actual también se hace eco de otra demanda de la Suprema Corte y elimina al artículo 41 que fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal.
De esta manera, el cálculo de la movilidad de los afiliados pasivos se incrementará “con la variación porcentual de los salarios de las personas empleadas en actividad en el Banco”. Así, se deja de lado el ancla de la ANSES que estableció Vidal.
