Gabriel Katopodis a Alejo Maxit, presidente de AySA, la empresa pública que presta servicios de agua potable y desagües cloacales a más de 14 millones de personas que habitan la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, tras su anuncio de comenzar el proceso de privatización.

“El Presidente de @AySA_Oficial ratifica que la van a privatizar. Eso ya sucedió y salió mal, muy mal. En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal. La consecuencia fue que no hubo obras durante años, pidieron créditos que nunca utilizaron para inversión, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable”, comienza el texto publicado a comienzos de semana por el actual ministro de Infraestructura de la provincia y ex ministro de Obras Públicas de la nación en su cuenta de X.

El comentario del ministro se refiere a la privatización de Carlos Menem, realizada en 1993, cuando la prioridad macroeconómica, similar a la actual, era conseguir dólares que sostuvieran el tipo de cambio bajo, en ese entonces la convertibilidad de Domingo Cavallo. Esa decisión marcó el fin de la vieja Obras Sanitarias de la Nación (OSN).

Ese modelo entró en crisis tras el estallido de 2001, cuando la devaluación hizo que las remesas en moneda dura que los europeos giraban a sus casas matrices se volvieran insignificantes. Al asumir Néstor Kirchner, comenzó una disputa entre gobierno y concesionarios: el primero reclamaba inversiones y obras incumplidas, mientras la contraparte reclamaba aumentos de tarifas que recompusieran su rentabilidad.

Finalmente, en 2005, tanto la catalana Aguas de Barcelona como la francesa Lyonnaise des Eaux anunciaron su salida del país y el ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, conformó Aguas y Saneamientos Argentinos, la empresa que aún existe y el gobierno de Milei quiere enviar de vuelta al pasado.

“Las inversiones en expansión resultaron muy inferiores a las comprometidas originariamente produciendo un impacto negativo en la calidad de vida, en especial, de la población pobre del Gran Buenos Aires. Tampoco se realizaron, como establecía el contrato original, importantes obras vinculadas al tratamiento de los afluentes cloacales, ni a los planes de prevención de emergencias, hecho que derivó en la acumulación de niveles significativos –y crecientes– de deterioro ambiental”.

La cita corresponde a los investigadores Daniel Azpiazu y Karina Forcinito, en su trabajo “La privatización del sistema de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Discontinuidad regulatoria, incumplimientos empresarios, ganancias extraordinarias e inequidades distributivas”, que data justamente de los primeros años posteriores al estallido de la convertibilidad.

 

 

Azpiazu, investigador del CONICET y Flacso fallecido en 2011, escribió trabajos insoslayables sobre las privatizaciones de los noventa y sus consecuencias, como "Las privatizaciones en la Argentina: diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad y equidad social".

Brechas de inversión

Durante la gestión de Katopodis en nación, la titular de AySA fue la tigrense Malena Galmarini. “Durante la administración de @MalenaGalmarini 1.8 millones de personas accedieron al agua potable y 1.3 millones a cloacas, se finalizaron 1.800 obras y quedaron 300 en ejecución que hoy están paralizadas. Cuatro de ellas gigantescas: el Sistema Riachuelo, el Sistema Berazategui, el Sistema Agua Norte y el Agua Sur”, agrega Katopodis en su tuit.

De hecho, el año pasado se publicó un detallado informe sobre las brechas de infraestructura existentes, entendiendo por brecha “la distancia entre la cantidad actual de infraestructura y el nivel necesario para alcanzar la capacidad prestacional de un bien/servicio que se definió como meta para un momento determinado, ya sea en calidad o en cantidad. Esta distancia o brecha es abordada a través de la cuantificación en términos físicos de la infraestructura necesaria para lograr la situación definida como objetivo, la que luego se expresa en términos monetarios, a través de los costos identificados. Su resultado no se traduce en un listado de obras específicas a realizar, sino en niveles o montos de recursos que se deberían destinar anualmente a infraestructura, a los fines de alcanzar los objetivos en los plazos previstos”.

En el caso de las obras de agua y saneamiento, “para lograr una cobertura del 95 por ciento de acceso de la población al Agua y del 75 por ciento al Saneamiento para el año 2030, se estima que se necesitaría una inversión de 8.994.702 millones de pesos (equivalente a 32.124 millones de dólares aproximadamente)”.

Anualizado, son más de cinco mil millones de dólares, algo que parece una quimera cuando la inversión nacional hoy es cero, y el gobierno central, además de adeudar transferencias a las provincias, pretende reeditar un modelo cuyo fracaso fue ostensible hace apenas veinte años.

Futuro inmediato

La enajenación de AySA está prevista en el texto de la denominada “ley de bases” y buena parte de las decisiones de la actual gestión nacional, como la reducción de la plantilla de trabajadores y el incremento tarifario, tienen que ver con hacerla atractiva para potenciales compradores.

Sin embargo, la legitimidad de esa ley está ahora en tela de discusión, tras la detención del senador entrerriano Edgardo Kueider, al ingresar al Paraguay con 211 mil dólares en efectivo sin declarar. 

Kueider, que además es investigado por enriquecimiento ilícito en Argentina por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, protagonizó un resonado caso de trasvestismo político y legislativo. Fue electo por la boleta de UxP en 2019, pero rápidamente se convirtió en un aliado habitual del oficialismo. El reciente episodio que protagonizó parece explicar las causas de su viraje.

El actual presidente de AySA, Alejo Maxit, integró la gestión porteña de Macri. Fue jefe de Gabinete de Planeamiento Estratégico de 2008 a 2009. Luego, entre 2009 y 2011, pasó a ser director general de Desarrollo y Cambio Organizacional. Posteriormente tuvo a su cargo el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), primero como gerente general (2011-2012) y más tarde como director ejecutivo (2012-2014).