"Estamos viendo que hay una militarización muy grande en la zona, y nosotros sabemos, porque conocemos a Bullrich, y también a Milei, que para él somos todos delincuentes y ahora narcotraficantes, entonces siempre está el temor de quedar muy expuestos". La ex diputada nacional Alcira Figueroa resumió así la situación en el departamento Orán tras la represión y los incidentes en los que murió un trabajador de frontera y hubo más de 40 heridos, algunos de gravedad.
Esos hechos se iniciaron la madrugada del 18 de diciembre, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional sorprendió a "coqueros", pasadores de hojas de coca de forma ilegal desde Bolivia al territorio nacional. Como es habitual, el grupo huyó dejando los bultos; luego intentaron recuperarlos (porque esa suele ser la práctica habitual) y se desató un enfrentamiento con proyectiles de piedras de un lado y balas del otro, se supone que eran de goma, las antitumulto (AT). En esas circuntancias el trabajador de frontera Fernando Gómez recibió dos perdigones de plomo, uno le dio en el pecho y lo mató. Ya de día, hubo nuevos incidentes porque la demora en la entrega del cuerpo exasperó a familiares y amigos.
Figueroa denunció que ese día hubo operativos de "todas las fuerzas de seguridad, Gendarmería, la Federal y la Policía de la provincia". "Entraron a las casas y con gases lacrimógenos y balas de goma, y también se dice que hubo balas de fuego, empezaron a tirar en contra de los vecinos totalmente desarmados”. “Se trataba de barriadas completas, y también sé que en Aguas Blancas hubo ese tipo de acción de las fuerzas de seguridad”.
Para la ex legisladora, se están usando los incidentes como justificativo "para reforzar la seguridad en la frontera, para seguir llenándonos de gente armada, uniformada, de servicios de inteligencia que van a empezar a señalar y a detener quizás a la gente que estuvo en este hecho". Y agregó que hay temor de que, viendo que hasta ahora no hay detenidos por la muerte de Gómez, "ante la impunidad, se pueda repetir el hecho, porque la gente está con mucha bronca, mucha impotencia".
Figueroa destacó que a raíz de la represión, 44 personas fueron asistidas en el Hospital San Vicente de Paul, algunos con heridas de gravedad. Seis fueron trasladadas a Salta “por problemas de la vista, porque les tiraron a los ojos”. Además, dio que otras personas heridas no fueron al hospital por temor a quedar registradas y se les impute algún delito. "Están sembrando un estado de angustia, de inestabilidad emocional. Tengo relatos de niños que hasta ahora están asustados, no quieren salir a la calle. Todo eso está sembrando el famoso Plan Güemes", sostuvo.
Esa zona de la extensa frontera de Salta volvió a la "normalidad" en estos días, aunque los locales descreen de esa normalidad. "Nada está normal porque no puede ser que se haya matado de esa manera, acá no solamente es una vida que se llevaron, sino que está peligrando la justicia, la democracia", señaló Figueroa, antropóloga, activa militante de organizaciones de derechos humanos y residente del pueblo de Hipólito Yrigoyen, a 16 kilómetros de Orán.
En Orán no hay más fuentes de trabajo que el Ingenio Tabacal, las fincas, alguna changa, y la frontera, ser pasador o pasadora. Esta población, asentada en tierras del pueblo ava guaraní, tiene una historia de luchas, y represiones. Hay experiencia en eso. "Ya sabemos que ahora viene más represión y nosotros estamos muy expuestos; nosotros ya lo hemos vivido, cuántas veces en las represiones que hubo, después salen a buscar uno por uno a la gente que estuvo ahí". "Ya sabemos cómo operan ellos, y más ahora con Milei como presidente, están siempre a la apuesta de encontrar todo lo malo en la gente, en el pueblo". "Ellos mismos siembran el terror, la inseguridad, están sembrando el miedo en la población y por eso yo creo que la gente se cuida un poquito, prefiere no mostrarse ante los medios de comunicación, porque ya la vivió, no se la contó nadie".
Para Figueroa, la muerte de Gómez es "una tragedia". "Es el primer muerto, por lo menos a arma de fuego, del gobierno de Milei”, “no de la ministra (de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, porque ya viene con lo que pasó con (Santiago) Maldonado con Rafael Nahuel y cuántos chicos de barrio que la misma policía mató”.
En el caso de Gómez, Figueroa planteó que "se tiene que investigar quién dio la orden, por qué atacaron a esa hora al grupo de trabajadores". Dijo que los organismos de derechos humanos de Orán quieren que "se investigue y se sepa la verdad de lo que pasó y que los responsables del crimen vayan presos, vayan a juicio".
También puso en duda el supuesto hallazgo de 51 kilos de cocaína entre los bultos de los coqueros. "Esa versión" se conoció al día siguiente de la muerte, señaló. "A toda costa quieren hacerlo aparecer como narcotraficante y todos en el pueblo en la zona sabemos que se trata de trabajadores precarizados” que se dedican a la compra de productos en Bolivia y a veces al revés, y venden en uno y otro lado. Era el caso de Gómez, que compraba hojas de coca en el vecino país y las vendía en Orán, con eso mantenía a su familia de 12 integrantes.
El trabajo del pasador
El trabajo en la frontera está dividido. Hay quienes se dedican a pasar hojas de coca y cigarrillos; otros, pasan mercadería; otros traen electrodomésticos; otros pasan cubiertas, y hay quienes pasan ropa. Muchos lo hacen para su propia venta al menudeo, o para ocasionales visitantes que compran más de lo permitido por la Aduana y mandan una parte por un paso ilegal. Y también "hay grandes comerciantes que contratan a la gente para que pase mercadería que ellos compran allá, pasan sí al menudeo y después venden en sus negocios en distintas ciudades” de todo el país.
El intercambio entre Aguas Blancas, el último pueblo argentino en el departamento Orán, y la ciudad de Bermejo, en Bolivia, es incesante y nutrido. Se pasa por el puente internacional y por el paso de chalanas por el río Bermejo. Y por los múltiples pasos ilegales.
Este trabajo de pasador es el principal dinamizador de la economía en el departamento. Alcira Figueroa calcula que el 70 por ciento de la población de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán está vinculada a esta actividad. “Más en los barrios periféricos, como son Caballito, 200 Viviendas (donde residía Fernando), Libertad”, todos los que están en la zona norte, “la mayoría vive de ese trabajo, igual que en Aguas Blancas".
“Se trata de una economía muy informal que nunca ha sido regulada, nunca hubo una política pública que contemple, por ejemplo, que estos trabajadores puedan trabajar con mayor dignidad, que tengan un mejor ingreso y que tengan derecho también a vacaciones, aguinaldo y todo lo demás", señaló.
Asimismo, llamó la atención sobre la "carga negativa hacia los trabajadores pasantes o mal llamados bagayeros", cuando se trata de una actividad "muy sacrificada", y riesgosa.
“Muchos dicen: por qué no van a las fincas. Lo que pasa es que ellos ganan entre $30, $40 mil pesos por día pasando mercadería, y en la finca, también en negro, les pagan $6 mil, $8 mil por día, y les lleva la misma cantidad de horas", además de las malas condiciones laborales, explicó.
Y en la mayoría de los casos ese es el único ingreso de la familia. “Son familias extensas. Fernando es el típico caso de una familia de pasadores. No hay fuentes de trabajo digno, bien pago. Por ahí, para hacer una changa". Solo queda el trabajo de frontera, que es muy duro, ratificó: "Yo quisiera que al menos un funcionario haga la prueba de ir de trabajador de frontera un día, para que sepa lo que es”. Es tan esforzado eso de transportar carga que "los trabajadores de frontera son todos chicos jóvenes, de entre 12 años, 14 y no pasan los 30, muy pocos son los que llegan a trabajar hasta los 40 años, porque terminan destruidos en la salud”.