El violento operativo que terminó con el presunto secuestro y posterior desaparición de cuatro adolescentes de entre 11 y 15 años en Ecuador ocurrió el 8 de diciembre pero recién ahora las autoridades nacionales hicieron foco en el caso. La conmoción social que suscitó el hecho más las denuncias realizadas por organizaciones internacionales hicieron que el caso llegara hasta el Parlamento, la Fiscalía y hasta el propio presidente, Daniel Noboa, quien debió pronunciarse al respecto.
Según la información preliminar, los niños habrían sido secuestrados por hombres vestidos con uniformes militares tras salir por la noche de su casa para jugar fútbol, en el barrio de Las Malvinas, ubicado en el sur de Guayaquil, según aseguraron sus familiares a medios locales.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
El padre de dos de los menores denunció ante los medios que, tras enterarse del hecho, pudo comunicarse con uno de sus hijos y que un hombre que los tenía les dijo que se los habían llevado hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Agregó que el adolescente le dijo que los militares los golpearon para después dejarlos tirados y desnudos en la zona mencionada. Alertados por la situación, decidieron contactar con la Policía, pero cuando los agentes llegaron al lugar no encontraron a los menores.
Poco después, volvieron a recibir la llamada del número desconocido, pero esta vez el hombre detrás del teléfono les pidió explicaciones sobre la llegada de la Policía y les dijo que "la mafia", como se autodenominan algunos grupos criminales en Ecuador, se los habría llevado con rumbo desconocido.
Investigaciones en curso
La Fiscalía, que ya investiga el hecho, llamó a varios militares para que rindan sus versiones sobre el supuesto operativo en donde se habrían llevado a los niños, según señaló el canal Ecuavisa.
Tras varios días de silencio, las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado que mostraban "su sensibilidad" por la desaparición de los menores y que sus unidades especiales ya se habían unido a la búsqueda que está realizando la Unidad Antisecuestros y Extorsión y otras unidades especializadas en desaparecidos y de niños, niñas y adolescentes de la Policía de Ecuador.
Además, indicaron que brindarían "todas las facilidades necesarias" a la Fiscalía para "esclarecer lo más pronto posible este caso" y que estaban tomando "las medidas necesarias" que "este tipo de eventos ameritan", sin dar detalles adicionales.
Citados por el Congreso
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Viviana Veloz, pidió la comparecencia de varias autoridades por el caso de la presunta "desaparición forzada" de los cuatro menores de edad.
Veloz convocó al pleno del legislativo a fin de recibir la comparecencia del defensor del Pueblo, César Córdova; del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos.
Más repercusiones
El Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil señaló en su cuenta de X que presentó una demanda de habeas corpus y pidió "una #AcciónUrgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de ONU".
Además solicitó que el caso sea investigado como una "desaparición forzada y no como un presunto secuestro".
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó intensificar la búsqueda de los cuatro adolescentes. "He ordenado que se intensifiquen todas las acciones necesarias con el objetivo de dar con el paradero de los cuatro niños y que se encuentren a todos sus responsables para que respondan por sus actos frente a la justicia y al país", escribió Noboa en la red social X.
El mandatario se pronunció recién 14 días después de la desaparición de los jóvenes.
"Como padre de familia y su comandante en jefe, dispuse que debe darse toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de Fiscalía", agregó Noboa.
Desde que se declaró el conflicto armado interno, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han denunciado serias violaciones de derechos humanos
