El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, dijo ayer que la detención por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de diez policías del Comando Radioeléctrico por robo, lesiones, allanamientos ilegales y otros delitos, “significa un golpe muy duro” para la fuerza y el Gobierno. “Yo no diría que son hechos aislados, sería muy ingenuo pensarlo en estos términos”, agregó el funcionario, atento a que la semana pasada fueron imputados cuatro miembros de la Brigada Motorizada por hechos similares. De todos modos, afirmó que “no tenemos hipótesis de corrupción estructural” con un sistema recaudatorio ascendente –como existió en otras oportunidades- sino que se trata de “grupos fragmentados, aislados”.

El último domingo los fiscales José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y Karina Bartocci, de la de Violencia Institucional, solicitaron una serie de allanamientos en Rosario que derivaron en la detención de 10 miembros de la fuerza de seguridad provincial.

La Fiscalía Regional II informó que se trató seis mujeres y cuatro hombres que prestan servicio –o lo hicieron con anterioridad- en el Comando Radioeléctrico de Rosario. Además de los arrestos de las personas buscadas, los policías de Asuntos Internos que realizaron las requisas secuestraron armas de fuego, gran cantidad de material balístico, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dinero en efectivo, celulares, dos corta cadenas y otros objetos.

“Los procedimientos realizados por personal de Asuntos Internos se vinculan a investigación que se desprenden del análisis de diversos procedimientos llevados adelante por personal policial con mecánicas coincidentes relacionados a hechos de lesiones, robo, falsedad ideológica, allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad, entre otros presuntos delitos”, informó la Fiscalía a través de un comunicado, para agregar que los detalles de la investigación “se preservan para ser expuestos en la audiencia imputativa”, a realizarse en los próximos días.

Voceros del caso dijeron a Rosario/12 que se trata de diferentes hechos que los fiscales advirtieron como presuntamente irregulares, a partir del análisis de las actas de procedimientos. Y que no todos los policías serán acusados por los mismos delitos, sino que se les achacará en la audiencia de imputación los hechos sobre los que existe evidencia.

Los detenidos, quienes presentaban servicio en el Comando Radioeléctrico Rosario al momento de los hechos investigados, fueron identificados como L.P., G.M., B.P., y M.B., y las identificadas como J.P., M.P., S.M.C., G.N., M.T., y A.M.

La ley y su peso

El secretario Santantino se refirió ayer a las detenciones de los diez policías, que se suman a las imputaciones de la semana pasada a otros cuatro, de la Brigada Motorizada, por plantar un arma, robar, practicar allanamientos ilegales y falsear datos en las actas de procedimiento, en un caso ocurrido el 7 de diciembre pasado en Esmeralda e Ituzaingó. La víctima de esas irregularidades pasó varios días detenido, acusado por tenencia ilegítima de arma de fuego, resistencia a la autoridad y otros inventos.

“Esto también muestra que en los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos, cae sobre ellos todo el peso de la ley, y en los casos en que hacen bien su trabajo, recae sobre ellos todo el apoyo del Gobierno”, sostuvo el funcionario de la cartera de Seguridad.

Santantino consideró que lo ocurrido “significa un golpe muy duro” porque se trata de hombres y mujeres a los que el Estado les asigna un arma y los reviste de autoridad para combatir el delito, y no para cometerlo, pero recordó que la Policía está integrada por “25 mil hombres, a la que se le suma el Servicio Penitenciario, y son unos 30 mil en total”.

“Por supuesto que hubo, hay y va a haber situaciones irregulares y delictuales que hay que seguir resolviendo. No podemos escapar a esa realidad”, añadió el funcionario durante una rueda de prensa realizada en la sede local de la Gobernación, para dar a conocer detalles de la detención de Jonatan Riquelme, hermano un narco preso que tenía pedido de captura desde hace un año y fue arrestado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el viernes.

Respecto a los 10 policía detenidos, Santantino recordó que la corrupción no es privativa de la fuerza de seguridad provincial. “Los últimos jefes de la Policía Federal en la provincia de Santa Fe terminaron procesados y apartados de la fuerza por hechos de corrupción y connivencia con el narcotráfico”, rememoró, y enseguida aclaró que “eso no nos saca la responsabilidad, sino que es reconocer una realidad que en el marco del trabajo que llevan adelante las fuerzas de seguridad, la connivencia con el delito está muy cercana”.

“¿Qué hay que hacer?”, se preguntó el secretario. “Trabajar muy seriamente y sanear las fuerzas de seguridad”, respondió.

Por último, el encargado de Análisis y Gestión de la Información de la cartera de Seguridad, afirmó que “no tenemos hipótesis de corrupción estructural que tenga un esquema de recaudación que suba hacia un vértice”, como ocurrió en otras épocas en la Policía provincial.

“Ese no es el escenario en el que trabajamos. Todo lo contrario, vemos cuando hay este tipo de expresiones, que son grupos fragmentados, aislados. Se los identifica para poder apartarlos y que queden a disposición de la Justicia”, concluyó.