Por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, las distintas causas que tramitan contra la financiera Wenance, su titular Alejandro Muszak, el Madoff de Olivos, y sus supuestos cómplices Paola Ballone, Pedro Viggiano y Cleto García, se unificarán en una megacausa federal, en el Juzgado Número 2 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

La decisión fue tomada por la Sala V y lleva la firma de los jueces Martín López y María Marta Roldán, luego de que la jueza Vanesa Peluffo, subrogante enel Juzgado Penal 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se declarara incompetente. 

En el escrito de 24 páginas, al que tuvo acceso Buenos Aires/12, ambos explican los motivos por los que decidieron rechazar la impugnación solicitada por los defensores de Muszak, doctores Daniel Ramírez y Carlos González Guerra. 

Desde la quiebra fraudulenta de mediados de 2023 hasta la fecha, Muszak y su complejo entramado societario, con Wenance como pantalla y un cúmulo de otras empresas de papel como subsidiarias, para ocultar y fugar dinero, tenía procesos abiertos en los fueros penal, penal económico, federal y comercial. A la vez, tramitan en su contra otras causas por motivos similares en España y Uruguay.

Antes, desde el inicio de las operaciones, en 2016, debió enfrentar numerosos procesos por usura e infracciones a la ley de defensa del consumidor.  Sin embargo, como observan los camaristas en su escrito, se trata de delitos mucho más complejos y ambiciosos que la mera defraudación.

La investigación penal confirmó que Muszak realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central (BCRA). Su operación consistía en emitir títulos de deuda por esos préstamos y colocarlos, tercerizando así el riesgo. Llegó a vender hasta seis veces el mismo préstamo, lo que constituye una típica conducta de esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagan los beneficios de los anteriores.

En los últimos meses, se produjeron incidentes de competencia, entre la jueza Andrea Rodríguez Mentasty de San Isidro y su par Paula Verónica González, antecesora de Peluffo en el Juzgado 43. Mientras el juzgado de San Isidro había completado la investigación preliminar y estaba en condiciones de enviar a Muszak a juicio oral, González había sido acusada de "retardo de justicia" y maniobras dilatorias.

Si dos juzgados penales se disputaban la causa por estafa, en el fuero federal ocurrió lo contrario. La causa por lavado de activos se convirtió en una papa caliente, pero todo parece quedar atrás con la unificación.

Uno de los abogados querellantes, Alejandro Liporace, realizó una presentación solicitando la creación de una suerte de task force, para investigar el alcance y la magnitud de la operación delictiva de Muszak, similar a la que se conformó en Estados Unidos en los noventa, para investigar a Madoff, ya que se trata de volúmenes de información que exceden los recursos de cualquier juzgado o fiscalía. La decisión de la cámara parece ir en ese mismo sentido.

Tanto Muszak como sus presuntos cómplices se encuentran detenidos, en dependencias separadas. La relación entre ellos está quebrada y cada defensa encarará su propia estrategia.

Para la normativa, Wenance califica como una prestadora de crédito no financiero, al igual que numerosas mutuales y cooperativas. Amparado en ese vacío, Muszak hizo crecer su operación con prácticas ilegales, que en cualquier entidad debidamente controlada por el Banco Central, hubieran sido tempranamente detectadas.

Los argumentos

"Asiste razón a los querellantes en punto a que estamos frente a la existencia de un conjunto de maniobras criminales entrelazadas que habrían excedido las meras acciones defraudatorias y de asociación ilícita que hasta aquí se investigaron; pues se ha develado que simultáneamente habrían implicado una captación pública ilícita de recursos financieros que en parte eran aplicados a operaciones de créditos, mientras otros se habrían desviado en beneficio de los imputados. Y todo este accionar culmina con el proceso de lavado de activos realizado mediante sociedades pantalla nacionales e internacionales y la celebración de actos de despojo y ocultación de bienes con la finalidad de evitar que los acreedores pudieran cobrarse de ellos", explican.

Uno de los argumentos centrales para unificar causas radica en que "cuando dejaron de pagar los intereses prometidos y se negaban a devolver el capital invertido respecto de todos y cada uno de los negocios que habían ofrecido- centenares de damnificados en un estado de desconcierto total y absoluto al advertir la pérdida de su dinero -muchos de ellos ahorros de toda su vida o indemnizaciones de todo tipo- formularon sus denuncias en diferentes fueros y jurisdicciones; todos ellos, claro está, víctimas de la misma maniobra que, el avance de la investigación, va permitiendo esclarecer".

La jueza Sandra Arroyo Salgado volvió a cobrar relevancia mediática en los últimos días cuando pidió el desafuero de Edgardo Kueider, justo cuando sus pares comenzaban a sesionar para expulsarlo de la cámara. 

Hay quienes aseguran que el escrito de Arroyo Salgado, que investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito,  terminó de decidir la suerte del entrerriano, a quien la jueza espera detener si logra que las autoridades paraguayas autoricen la extradición. Como medida complementaria, la jueza ordenó también media docena de allanamientos, incluido el de su despacho en la cámara.