Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de una importante empresa de seguros de salud en Nueva York, se declaró este lunes no culpable de los cargos que enfrenta ante la justicia del estado, incluido el de cometer el crimen como un acto terrorista.
La defensa de Mangione, el matrimonio de abogados conformado por Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo, aseguró al juez encargado Gregory Carro que les preocupa que su cliente, "un chico joven", no tenga "un juicio justo" y que está siendo tratado hasta el momento como "una pelota de ping pong humana" y como "un desecho político" del que se están aprovechando las autoridades.
El juez Carro les respondió durante esta sesión formal para la lectura de cargos que se empeñará en la selección de un jurado equilibrado, pero que no tiene "control de lo que ocurre de puertas para afuera del tribunal", en alusión a la tremenda repercusión mediática del caso. El sospechoso de asesinar a Brian Thompson solo intervino durante esta audiencia, que se prolongó unos 20 minutos, para declararse "no culpable".
Durante los últimos cinco minutos de la vista, sus abogados le mostraron varios documentos, entre los que se incluían fotos, y recibió indicaciones sin puntualizar, negar con la cabeza o contradecirlos en ningún momento. Inmediatamente después, una decena de agentes de la policía de Nueva York lo custodiaron esposado para abandonar la sala.
A Mangione también se lo acusa en Nueva York por la vía federal de cargos de terrorismo, asesinato, acoso y delito con armas de fuego, además de tener otra causa abierta en el estado de Pensilvania, donde fue detenido tras una fuga de cinco días con tintes cinematográficos. Si bien Nueva York no aplica la pena de muerte, el gobierno federal sí lo hace, de ahí la posibilidad de que reciba la pena capital.
Sus cargos estatales en Nueva York conllevarían una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Fiscalía no indicó aún si solicitarán la pena de muerte, y la decisión en última instancia tendría que ser aprobada por el Fiscal General de Estados Unidos. Estos procesos discurren de forma paralela y se espera que el caso estatal llegue a juicio antes que el federal, mientras las distintas autoridades y tribunales aseguran que están trabajando coordinados para avanzar en los mismos.
