El juicio por el Villazo, sobre hechos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en 1975 en Villa Constitución, cumplió un año desde que comenzó a fines de 2023 y en marzo próximo entrará en el tramo final hacia la sentencia, con el inicio de los alegatos. Con vistas a esa instancia definitoria, la querella del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó el lunes al tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci que las últimas audiencias se vuelvan a realizar en Villa Constitución, donde sucedieron los hechos que se juzgan y donde residen sobrevivientes -de entre 75 y 85 años- y familiares de víctimas. El veredicto se espera para el primer semestre de 2025.

 

Durante el año que transcurrió, el debate tuvo un centenar de testimonios. "Fue una reconstrucción muy importante del rompecabezas, tanto de la historia local de Villa Constitución como de la represión, porque la mayoría de los testimonios dio cuenta de cuál era el clima allí en 1974 con el Villazo; la toma de la fábrica Acindar, que toda Villa Constitución apoyó y se convirtió en una huelga y triunfo histórico a nivel nacional. Se peleaba por la democracia sindical", recordó Federico Pagliero, abogado del equipo querellante de APDH.

Los hechos que se juzgan tienen que ver con delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución ese año y "contra quienes dieron apoyo" a ese espacio sindical. El objetivo del operativo era "derrotar la lucha obrera. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática", sostienen desde la acusación.

Pagliero agregó que en el debate se pudo "dar cuenta que la existencia de persecuciones políticas previas a los operativos de secuestros. Se instala la Policía Federal en Acindar, destruyeron mediante una bomba explosiva el local donde se juntaba la lista Marrón, y también colocaron bombas a comerciantes que apoyaron la toma de la fábrica. Así transcurrió ese año. La lista Marrón gana las elecciones en noviembre de 1974 y solo estuvo unos meses, porque en marzo de 1975 comenzó el operativo represivo. Secuestran a toda la comisión directiva triunfante y a delegados metalúrgicos. Luego vendría la resistencia por casi dos meses donde se exigía la libertad de los presos políticos. La represión se endurece con los primeros homicidios de trabajadores. Lo que da cuenta, básicamente, que se reprimió ese gran triunfo obrero, como también señalaron los testigos".

Al mismo tiempo, mencionó que hubo declaraciones en relación a que había "un plan económico", y muchos testigos de contexto y concepto que hablaron de "cómo se modificó la sociedad de Acindar a partir de 1975", que "consigue la absorción de muchísimas empresas, una política económica que la beneficia, porque tomó deuda externa privada para hacer la planta integral que terminan en 1978 y esa deuda privada se estatiza al terminar la dictadura. El plan económico también se vislumbra en quién era el presidente del directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, que después pasa a ser ministro de Economía de la dictadura", recordó.

En el banquillo hay una veintena de acusados -dos de ellos fallecieron durante el proceso- y se juzgan hechos cometidos contra 67 víctimas, en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo". Además, es una causa en la que por primera vez se juzga a civiles (Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa) que pertenecían a Acindar, por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976, por los sucesos ocurridos en Villa Constitución. El expediente aborda la responsabilidad de un exjefe militar, expolicías federales y un expolicía santafesino.

Pagliero también lamentó que las demoras en el juicio llevaron a que, por el paso del tiempo, se perdieran testimonios como el de Alberto Piccinini "que fue el líder natural de los obreros metalúrgicos; como así también de integrantes de la lista Marrón y muchísimos obreros históricos", señaló.

Al mismo tiempo, destacó "el valor que tuvo que la mayor parte del juicio se hiciera en Villa Constitución. Fue muy positivo porque los obreros de entonces tienen entre 75 y 85 años y la única posibilidad de ir al juicio es en su lugar. Además fue muy positivo para la ciudad, para que los ciudadanos locales escuchen los testimonios. Fue un hecho de relevancia. Todos los sindicatos y organizaciones abrazaron esa causa. Cuando pasó a Rosario, tuvo que ver con que la Justicia provincial prestaba sus instalaciones. Y ahora pedimos al tribunal que se tenga en cuenta el valor reparatorio de que un juicio se desarrolle en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. El tribunal debe arbitrar los medios para que así sea". Este pedido fue apoyado por la Fiscalía y las otras querellas. Además, se presentaron firmas de asociaciones, familiares y sobrevivientes. Ya se había hecho también por parte del intendente de Villa Constitución, del Concejo Deliberante y del Programa provincial de Protección de Víctimas y Sobrevivientes del Terrorismo de Estado.

Para febrero, cuando retome el debate, queda por terminar con testimoniales y el tribunal realizará la recorrida e inspección ocular en Acindar --que en 2022 fue señalizada como Sitio de Memoria--, donde se montó un Centro Clandestino de Detención (CCD) en 1975, como declararon testigos. Tras ello, durante marzo se espera el inicio de los alegatos, previos a la sentencia.

Pagliero destacó la importancia de los juicios. "Llegar a estos juicios fue a raíz de una larga e incansable lucha colectiva que llevó décadas, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos, organismos de derechos humanos, sobrevivientes, testigos, que colectivamente lograron romper la impunidad del genocidio. Por eso, es importantísimo que la sociedad abrace estas causas y continuar con el juzgamiento del terrorismo de estado. También es importante para que los gobiernos que ocupen el Poder Ejecutivo nacional y provincial sepan que nuestro país tiene memoria y juzga los crímenes cometidos desde las esferas de los gobiernos. Además, es importante para que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió. Hay que continuar con este camino ejemplar que hemos tomado con los juicios".

 

Con todo, el juicio por la causa conocida como el Villazo genera expectativas para el año que viene. "La causa fue postergada y se notaba mucho la necesidad de prestar testimonios, ser escuchados, ante tantos años de impunidad", dijo Pagliero sobre lo que esperan que tenga justicia en 2025, 50 años después.