La única causa por delitos de lesa humanidad de la jurisdicción de Rosario que involucra a ex miembros del Poder Judicial, un juez federal, un secretario y dos fiscales cuya actuación durante la última dictadura es reprochada penalmente, solo encuentra amables amparos y extensas dilaciones en el Poder Judicial. Los expedientes que tienen como acusados al ex magistrado Guillermo Ernesto Tschopp, a su secretario de entonces Horacio Claverié y a los ex fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, están en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver diferentes recursos. “Las causas están medio paradas, es difícil condenar a miembros del Poder Judicial, que a veces apuesta a la impunidad biológica”, dijo a Rosario/12 una fuente judicial consultada para esta nota.

En agosto de 2018 la agrupación HIJOS presentó una denuncia en los Tribunales Federales para que se investigue la presunta complicidad del exjuez federal N°2 de Rosario durante la dictadura, Guillermo Tschopp, y aportó una serie de casos de personas detenidas ilegalmente y luego condenadas por un tribunal de guerra.

“Son múltiples los casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura, incluso algunas embarazadas, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas”, decía la denuncia original.

La fiscalía del caso, entonces a cargo de Adolfo Villate, reunió la información de numerosos expedientes y lo acusó de 63 casos de abuso de autoridad y, a la vez, como partícipe primario de los delitos cometidos por las fuerzas represivas. Es decir, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios. Dos años después de la denuncia, en septiembre de 2020, el juez federal N°4, Marcelo Bailaque, procesó a Tschopp por esa cantidad de hechos y por la misma calificación legal solicitada por el acusador y el denunciante.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario desestimó 21 de esos casos y, lo más trascendente, modificó la calificación legal dejando solo en pie el abuso de autoridad, un delito menor cuya escala penal –en caso de condena- va de un mes a dos años de prisión.

“Eso genera que la suerte procesal de Tschopp se separe en dos: por un lado los casos que no están confirmados por la Cámara, que junto con la Fiscalía recurrimos a Casación, que llamó a audiencia pero todavía no resolvió”, dijo a Rosario/12 Tomás Labrador, de HIJOS Rosario.

“Por los casos sí confirmados pedimos la elevación a juicio y después lo hizo la Fiscalía”, recordó el militante de Derechos Humanos. Por sorteo, el expediente recayó en el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), y hubo sorpresas.

Un juez de oficio

En una acción que es tan legal como infrecuente, a mediados de año el juez del TOF3, Osvaldo Facciano, de modo unipersonal firmó una resolución en la que declara la “incompetencia” del Tribunal para llevar a juicio a Tschopp, atento a que el delito por el que se lo acusa, abuso de autoridad, tiene una pena menor a tres años de prisión y, por lo tanto, lo debe resolver un juzgado federal de primera instancia.

Tanto los abogados de HIJOS como los de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH Rosario) interpusieron un recurso de revocatoria. Los del último organismo, adujeron que “no puede afirmarse” que la calificación adoptada en el requerimiento de elevación a debate oral “se mantenga incólume durante el juicio”, ya que “no se trata de una imputación aislada de un hecho único sino de una multiplicidad de hechos que se enmarcan en el terrorismo de estado”.

Agregaron que “cualquier calificación que se haga en instrucción es siempre provisoria, en tanto será luego de la producción de las pruebas que pueda concretamente determinarse la conducta desplegada y por tanto la calificación de la misma”. 

Facciano rechazó el planteo, pero sí aceptó el recurso para que su resolución sea revisada –también- por Casación. “Es un artículo que está en el Código pero no se usa. Se sacaron un problema de encima”, señaló la fuente antes mencionada sobre la decisión del TOF3 de no llevar a un ex juez federal a juicio por delitos de lesa humanidad.

El secretario y lo fiscales

Paralelamente a ese expediente, en 2021 HIJOS amplió la denuncia por los mismos cargos de complicidad judicial con la represión ilegal llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad, al secretario del juzgado de Tschopp, Horacio Claverié, y los entonces procuradores fiscales José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia.

El juez Bailaque les tomó declaración indagatoria y, a pesar de que el código procesal establece un plazo de 10 día hábiles para procesar o declarar falta de mérito a los indagados, se tomó 10 meses. Luego de varios pronto despacho que presentaron HIJOS y la fiscalía, entonces a cargo de Federico Reynares Solari, el magistrado procesó a los dos ex fiscales pero dejó afuera del proceso a Claverié, bajo el argumento de que no era él quien tomaba las decisiones en el juzgado federal 2, que estaba a cargo de Tschopp.

El procesamiento de Bailaque fue por algunos casos y también cambió la calificación, por la más benigna de abuso de autoridad. “Fuimos a la Cámara de Apelaciones, que nos dio la razón en algunos casos y en otros no, pero luego presentamos un recurso en Casación, que todavía no se resolvió”, explicó Labrador. 

En este caso, los denunciantes buscan el “doble conforme”, es decir, que una resolución sea analizada por dos instancias, atento a que el juez falló una cosa y la Cámara rosarina otra.

Lo cierto es que, a seis años de la denuncia que motivó la investigación sobre la presunta complicidad de integrantes del Poder Judicial con la dictadura, el propio Poder Judicial dilata la respuesta a las víctimas.