Las organizaciones sociales finalizan un año marcado por el recorte de la asistencia alimentaria desde el gobierno nacional, que impactó de lleno en los recursos con los que cuentan los comedores populares para asistir a miles de familias en los barrios de la ciudad. Pese al estigma y los señalamientos de ser “intermediarios de la pobreza”, esta Navidad las agrupaciones redoblaron su compromiso para llegar a los rincones más necesitados de Rosario. Los últimos datos oficiales marcan que la indigencia se triplicó en la ciudad durante el primer trimestre del año y la composición del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio ya destina el 50% de sus recursos a garantizar el derecho a la alimentación. Bajo todo ese contexto adverso, el segundo diciembre de la gestión Milei transita con una baja carga de conflictividad social para la dimensión del ajuste implementado. ¿A qué se debe? Demandas más fragmentadas, críticas a la “burocracia sindical” y la amenaza de la represión, son algunas de las respuestas que aparecen. De todas maneras, advierten que en los barrios “se palpita enojo y hartazgo”.
Por segundo año consecutivo, el gobierno nacional no entregó la tradicional caja de productos navideños que las organizaciones sociales reparten entre los sectores más postergados. La decisión va en línea con el recorte de la entrega de productos secos a lo largo del año, que durante mucho tiempo fue la principal fuente de insumos de los comedores y merenderos populares. En esa mesa tripartita de asistencia alimentaria, la ayuda de provincia y municipio se mantuvo durante el 2024. Después de reclamos y negociaciones, las organizaciones sociales lograron que en ambos niveles del Estado se reforzaran las partidas con entregas de pollos y cajas navideñas destinadas a los sectores populares.
“Está muy difícil la situación y pinta que se va a agravar. Los que están organizados tuvieron algún tipo de respuesta, fundamentalmente desde el gobierno provincial que ante nuestro reclamo accedió al reparto de alimentos frescos. Eso sirvió para que muchas familias no pasen una Navidad con hambre”, explicó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). No obstante, las negociaciones fueron peleadas: “Se discutió pollo por pollo. Así fue todo el año. En las ollas populares ha crecido la demanda y lo que se da no alcanza ni para cubrir una comida diaria. La gente recorre varias cuadras para ver en qué comedor se cocinó”.
Para Delmonte el panorama es crítico y la situación se acentúa ante la “actitud intimidatoria” del gobierno nacional. Por eso entiende que, salvo honrosas excepciones, la dirigencia gremial no está a la altura del reclamo que demanda el contexto. “La represión es una definición clara de este gobierno y eso se percibe. La gente está aguantando y buena parte de las centrales sindicales entraron en una fase más negociadora, dejando librado a que cada uno se arregle como pueda”, expresó y agregó: “No veo que hoy haya una situación como en 2001, pero sí un malestar que va creciendo. Las organizaciones tuvimos un año durísimo donde el gobierno nacional jugó con todo para rompernos. Cortaron la provisión de alimentos y congelaron los programas de trabajo. Pero seguimos en las calles”.
En una misma línea, desde el Polo Obrero ven con preocupación la situación social y alimentaria: en lo que va del 2024 la organización duplicó la cantidad de comensales que asisten a los 19 merenderos y 17 comedores que tienen en la ciudad. “Nos ha sido muy difícil sostener esos espacios sin la asistencia del gobierno nacional. Lo poco que tenemos lo hemos logrado discutiendo con el gobierno local y provincial, pero tampoco nos está alcanzando”, sostuvo Melisa Molina, referente de la organización. “En los barrios muchas familias nos decían que no iban a tener nada para pasar las fiestas. Con militancia, reclamos y trabajo, logramos que puedan tener al menos un pollo, un pan dulce y algunos productos para pasar las fiestas”, añadió.
Para la dirigente, es alarmante la postura adoptada por Nación respecto al reparto de alimentos y advirtió que ese retiro de los barrios impacta de múltiples formas. “En la masacre social que estamos viviendo, el gobierno no entregó un solo grano de arroz, desobedeciendo la orden de la Justicia. Tenemos una caída del consumo de leche importante en los niños y eso va a significar problemas irreparables en el desarrollo cognitivo”, analizó. Además, sostuvo que la falta de comida profundiza la crisis en los barrios: “Vemos que hay cada vez más personas con consumos problemáticos. En Santa Fe nos hablan de una pelea contra el narcotráfico, pero vemos que el consumo y el negocio crecen a costa de desangrar al conjunto de las familias”.
Ante ese escenario, Molina consideró que en los barrios “se palpita enojo y hartazgo”, sobre todo en un amplio sector que apoyó al gobierno esperando un cambio en su situación. Y si bien señaló que no es “un momento de irrupción popular” como ocurrió en otras oportunidades, entiende que las masivas movilizaciones universitarias y las marchas de jubilados son ejemplos del malestar social. “Vemos que hay una complicidad muy fuerte de las burocracias sindicales y de sectores de la política que están especulando con cuál es la mejor alternativa electoral para el año que viene. Pero no es momento de esperar a ver qué pasa y menos con variantes políticas que nos llevaron a que hoy gobierne Milei”, cuestionó.
Los números de Rosario
El ajuste del gobierno quedó evidenciado con el salto de los indicadores de pobreza: durante el primer semestre del año trepó al 52,9%, casi 13 puntos más que durante los primeros seis meses del 2023. En tanto, la indigencia pasó del 9,3% al 18,1%. Eso da unas 25 millones de personas pobres en el país, 6 millones más que el año pasado. En el Gran Rosario, la pobreza subió al 46,8% y la indigencia se triplicó del 6,2% al 18,2%. En concreto, unas 250 mil personas dejaron de tener ingresos suficientes como para costear una Canasta Básica Alimentaria. Si bien algunas consultoras privadas hablan de una baja de la pobreza para el segundo semestre, los números oficiales se conocerán el próximo año.
Mientras tanto, desde el gobierno local reconocen que el rumbo de las políticas sociales a nivel nacional obligó a repensar las estrategias de asistencia en la ciudad. “La decisión que tomamos fue fortalecer el Plan Cuidar, que es el plan integral de inclusión y cuidados que tiene el municipio, donde reforzamos todo lo que tiene que ver con la asistencia directa a familias. También creamos una mesa de trabajo para abordar la indigencia, que fundamentalmente es una población que está en situación de calle. Eso nos permitió tomar parte de esa demanda social que este año tuvimos en ascenso”, explicó el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni.
La asistencia alimentaria del municipio alcanza a las personas que participan de las actividades en los Centros Cuidar y a las familias que son derivadas por alguno de los dispositivos de la red territorial. En el caso de los comedores, es una asistencia económica para paliar los gastos de funcionamiento, que se establece en función de la cantidad de personas que asisten. En total, Rosario tiene unos 900 comedores. Desde diciembre pasado el área aumentó en un 60% la cantidad de abordajes realizados y la Secretaría ya destina la mitad de sus recursos en garantizar el derecho a la alimentación.
Para Gianelloni, la Argentina “está viviendo un cambio social y político importante” que influye en muchas aristas. En ese sentido, consideró que muchas organizaciones están pendientes de contener a la gente con menos recursos y la demanda se centra en lo local. “Creo que hay un nivel de organización importante que se mantiene, pero que se está reacomodando. Notamos que nos llegan demandas directas de las familias. Me parece que ese reacomodamiento impacta también en la los niveles de protesta”, evaluó y añadió: “Es una conflictividad que nos llega más mixturada entre la demanda individual de las familias y la demanda colectiva de las organizaciones”.
Una Navidad como la original
Sectores vinculados a la Iglesia también vienen alertando sobre la situación social, un reclamo que se vuelve más sensible sobre las fiestas. El padre Jorge Aloi, que realiza tareas sociales en la zona de Puente Negro, frente al Bosque de los Constituyentes, consideró que la comida volvió a ser una preocupación para muchas familias. “En los últimos años veíamos que la cuestión alimentaria se había resuelto para mucha gente, porque aparecían otras necesidades, pero este año recrudeció mucho el pedido de alimentos”, sostuvo. “Se reparte lo que se puede, con lo que aporta provincia, el municipio y lo que colabora la gente”, añadió.
En una iniciativa que se repite todos los años, un grupo de sacerdotes rosarinos, encabezados por el padre Fabián Belay, realizaron una cena de nochebuena para las personas en situación de calle.
Para Aloi la Navidad de este año se asemejó mucho a la original: “El desamparo, la pobreza, la fragilidad y el desinterés del resto, son condimentos que están presentes. Pero también, como suele pasar con los más pobres, una capacidad infinita de seguir adelante y no bajar los brazos, porque los sectores populares tienen una resiliencia envidiable”.
Respecto a la presunta calma con la que se transita diciembre en comparación de otros años, Aloi se mostró cauto. “Que no pase nada no significa que las cosas estén bien. Hay mucha gente que está dando una mano y ayudando a contener, porque cuando se dan situaciones como las que tuvimos en nuestro país, quienes las padecen son los más pobres”, evaluó.
“También es cierto que, más allá de la angustia y el dolor que genera el gobierno nacional, no hay actores que convoquen y aglutinen ese descontento. Eso genera cierta resignación y falta de expectativas en que pueda haber una respuesta diferente”, analizó.
