Frente al recorte de programas de asistencia alimentaria a espacios comunitarios, al desfinanciamiento a los programas de empleo y el crecimiento de la desocupación, un informe del Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la UBA y la Utep expone el rol clave de comedores y merenderos en barrios populares en el país. El Gobierno subejecutó la asistencia a comedores desde comienzos de su mandato, aún así estos se sostienen con el apoyo de donaciones privadas y actividades productivas locales, sostiene el informe. La pobreza medida por el Indec alcanza al 53 por ciento de la población argentina y la indigencia a un 18 por ciento.

Este reporte brinda el contexto para aborcar el evento Navidad Solidaria en Congreso, que se celebró este mates y se realizada desde hace ocho años (ver aparte). El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nuestra América, Proyecto 7 y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) organizaron el convite de este año, para que ninguna persona pase sola una fecha tan movilizante. Esta Navidad, más de 4500 vecinos de la Ciudad y el Conurbano respondieron el llamado y se sentaron a la mesa.

Con el desembarco de Javier Milei en la presidencia hace un año, se desplegó una violenta estrategia política, mediática y judicial, orientada a estigmatizar a las organizaciones sociales que desarrollan tareas vinculadas a atender la situación alimentaria en los barrios más humildes del país. El recorte abrupto de todos los programas de asistencia alimentaria destinados a espacios comunitarios desde el Ministerio de Capital Humano, fue uno de los sellos distintivos de las primeras medidas del Gobierno. Esa situación nunca se reparó y hoy día el sostenimiento de estos espacios populares recae íntegramente sobre la ciudadanía que todavía no pierde los lazos mínimos de solidaridad hacia el otro.

Los espacios comunitarios relevados por el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria (Oepss) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) brindan asistencia alimentaria a 72.390 personas, entre las cuales la gran mayoría son niños, niñas y adolescentes: un 69,2 por ciento del total de personas. Se entrevistaron para este informe un total de 766 comedores, merenderos y ollas populares ubicados en 17 provincias del país.

Respecto de las labores realizadas en este espacio, son llevadas adelante por 6.233 trabajadoras, de las cuales el 79,6 por ciento son mujeres o mujeres trans, según muestran los resultados. Es decir, se trata de labores feminizadas que además, en la gran mayoría de los casos, no son reconocidas como trabajo remunerado. De igual modo que el trabajo que este 24 de diciembre realizaron más de 1.300 voluntarios de las organizaciones sociales agrupadas dentro del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y la ONG Proyecto 7, que como todos los años brindan una cena de navidad y encuentros lúdicos para niños frente al Congreso de la Nación. “Las redes comunitarias nos salvan ante tanta deshumanización, las trabajadoras sociocomunitarias son las que dan de comer a nuestro pueblo, las que brindan apoyo escolar, las que rescatan a nuestros pibes de las garras del narcotráfico y las que cuidan a nuestros adultos mayores”, expresó Johanna Duarte, Secretaria gremial de la UTEP.

Además, el informe del Oepss y la Utep muestra que la mayoría de los espacios comunitarios son merenderos, en un 58,9 por ciento, mientras el 10,1 por ciento son ollas populares. “A diferencia de los merenderos o comedores, las ollas presentan una mayor precariedad en la asistencia alimentaria y suelen ubicarse en el espacio público o en espacios comunitarios que no cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado (generalmente se utiliza leña o gas envasado)”, relatan. El término “olla popular” pasó a tener un significado político en nuestro país a finales de la década de 1990 y cobró mayor notoriedad durante el estallido del 2001, cuando se resolvió que la lucha social fuera acompañada por estrategias de alimentación comunitaria.

Estos espacios funcionan en su mayoría (en el 56,7 por ciento de los casos) entre tres y dos días a la semana, aclara el informe. Y con el paso al costado de la política pública en el Gobierno de Milei, los mismos se sostienen fundamentalmente por medio de donaciones privadas (39,2 por ciento de los casos) que en general provienen de comerciantes vecinos, familias del barrio y organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Otra fuente de fondeo son las actividades comerciales o productivas (34,1 por ciento) desarrolladas por los propios trabajadores desde los espacios comunitarios, tales como venta de panificados, rifas, polladas, etc. En tanto, de programas provinciales y municipales reciben menos fondos (13 por ciento respectivamente).

El proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, de Naciones Unidas, vigente desde el 2020 hasta junio del 2025, a partir del cual ingresan fondos internacionales que luego se transfieren a los comedores y/o merenderos, y el “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” establecido por la Ley N° 25.724, sancionada en diciembre del 2002, y financiado con el Presupuesto Nacional son los principales dos principales instrumentos de asistencia alimentaria comunitaria con los que cuenta el ministerio de Capital Humano, según muestra este informe, y ambos fueron recortados en enero de 2024. En paralelo, la pobreza y la indigencia alcanzan niveles récord en el país.

Los comedores y merenderos no solo brindan asistencia alimentaria a la comunidad, también ofrecen tareas como las actividades de apoyo escolar (en el 30 por ciento de los casos) que tienen vital importancia respecto de las problemáticas del tejido social. También brindan actividades deportivas, de cuidado y productivas (en el 15 por ciento de cada caso), también conserjerías de género (9,7 por ciento de los casos) y posta de salud (6,8), según reveló este informe.

En el contexto de un fuerte deterioro de la situación socio-económica de los hogares pobres y de sectores medios en los últimos largos años, el Gobierno anticipó que prepara un "Indice de Capital Humano" para medir la pobreza y relevar otros indicadores sociales. Según adelantan, la medición irá más allá de los ingresos, de modo que se tratará de un indicador diferente del de Indec. Se especula que podría incorporar variables asociadas a infraestructura, como por ejemplo acceso al agua potable y cloacas, educación y salud, cuestiones esenciales para la calidad de vida y que, a contramano de lo que pregonan los libertarios, están íntimamente vinculadas a la inversión pública, que cayó a pique en 2024 en manos de la motosierra de Milei.