El presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, denunció a la fundación Descubrir y a la municipalidad de San Lorenzo por el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada, porque señalizaron sendas con nombres de "fantasía" y comerciales, pese a que son lugares que ya tenían sus denominaciones representativas e incluso, ancestrales.
"Están refundando con nombres de fantasía inapropiados para la cultura del lugar", dijo Torres a Salta/12.
La fundación Descubrir, presidida por Jesse Randall, promueve el desarrollo de las actividades de montaña, y se presenta como cuidadora de los espacios verdes de Salta. Recientemente, colocó carteles de señalización en sendas de la Reserva de Finca Las Costas, administrada por la provincia de Salta, donde habita la comunidad lule y es guardiana natural del territorio.
"Están falseando. Hay lugares que ya tienen nombres, pero ahora con circuitos y senderos les pusieron nombres de fantasía. Hay un lugar al que le pusieron la senda del toro, porque es de una asociación de ciclistas. Son nombres impuestos y ridículos porque no tienen nada que ver con la historia, con la comunidad. La cultura local no se ve reflejada. Si lo están haciendo como turismo, están mintiendo porque los lugares no se llaman así", sostuvo Torres.
"Pido que se respete el artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional) que establece que el Estado debe respetar la personería jurídica y el territorio de las comunidades indígenas. Una obligación del Estado es que tiene que dialogar con las comunidades", señaló Torres. Recordó que las naciones indígenas son preexistentes al Estado argentino y así lo reconoce el derecho internacional y la normativa argentina.
Consultado por esta denuncia en su contra, Randall dijo que "la fundación simplemente señaliza sendas peatonales y bicisendas para que todas las comunidades puedan disfrutar de la naturaleza con mayor seguridad". "Pero en general no tenemos problemas con la Comunidad Lule. Tenemos buena relación. Me parece raro", manifestó al conocer que había sido denunciado.
Randall también destacó que su fundación organiza "limpiezas de microbasurales en la zona", y en una de sus redes sociales se ve un video suyo de agradecimiento al auspicio de espónsores como "Ganfeng, Río Tinto y Eramine", mineras multinacionales.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados deben generar los mecanismos necesarios para obtener el consentimiento de las comunidades mediante el protocolo de consulta libre, previa e informada. Argentina ratificó ese Convenio mediante la ley 24071. "Esa ley es para nivelar el derecho y el acceso a los derechos constitucionales de las comunidades indígenas con el resto de la sociedad", resaltó Torres. En este sentido, consideró que la fundación y la municipalidad de San Lorenzo incurren en una "acción violatoria de los tratados internacionales".
"No basta con la consulta, sino que debe haber una respuesta. Tiene que haber consentimiento. El Estado tiene la obligacion de plantear el protocolo de consulta", dijo el presidente comunal.
Recalcó que ya le manifestó a Randall "que es obligatorio del Estado o cualquier tercero aplicar el protocolo de consulta".
La Comunidad Lule mostró su disconformidad con la señalización en un comunicado. "Denunciamos al municipio de San Lorenzo, y a la fundación Descubrir, por violación a la consulta libre previa e informada, Ley 24.071 ratificación del Convenio 169 de la OIT. Por disponer física, simbólicamente, y señalizar de manera arbitraria espacios comunitarios relevados por la ley 26.160, que mediante la Resolución INAI N⁰ 1029, reconoce la posesión actual, tradicional, y pública, al Pueblo Lule, dicha legislación es para toda la administración pública, su violación es vulnera el espíritu de orden publico que expresa la norma", señaló el pronunciamiento.
Asimismo, la Comunidad manifestó un repudio a "las maniobras por las cuales se respetan ciertas partes y no el derecho en su totalidad", ya que consideran que la justicia salteña también vulnera los derechos indígenas.
"La acción de la fundación y de la municipalidad de San Lorenzo atropella a la Comunidad Lule en un contexto de vulneración a los derechos indígenas", dijo además Torres. Señaló la derogación del gobierno de Javier Milei de la prórroga de la ley 26.160, que declaraba la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y suspendía los desalojos de su territorio.
Torres también hizo mención al nuevo reordenamiento territorial de bosques nativos aprobado por la Legislatura salteña. Dijo que "pone en el mercado más de 700 mil hectáreas de bosque nativo" que podrían ser desmontados.
