"El Estado es responsable del deterioro de nuestras vidas"

Fabi Puebla y María Luján Rossi son sobrevivientes de la masacre e integrantes del movimiento Cromañón. La noche del 30 de diciembre de 2004 Luján estaba con sus hermanos, que también sobrevivieron. Condensar en palabras el horror es difícil, sin embargo, hace un esfuerzo y describe lo que vivió como algo "muy duro, triste y doloroso", un momento en el que sintió una profunda sensación de muerte y la posibilidad de perder a sus hermanos estuvo muy cerca. Fabi había ido al recital con José Cantale, su compañero con quien convivía hacía más de cinco años y a quien perdió esa noche.

Las imágenes de madres, padres, tíxs y amigxs desesperadxs tratando de encontrar a sus seres queridxs se repiten en los medios cada 30 de diciembre pero poco se habla de las necesidades de sobrevivientes y familiares de las víctimas de Cromañón que desde hace 20 años luchan por una asistencia que esté a la altura de una verdadera reparación.

Cromañón fue inaugurado en abril del 2004 con una capacidad máxima para 1031 personas. La noche de la masacre, se estima que el número de asistentes fue más del triple. Mientras la banda Callejeros tocaba su primer tema, se encendieron unas bengalas que rápidamente iniciaron un foco de incendio que se propagó hacia arriba y derritió el poliuretano que estaba en el techo.

En pocos minutos, el lugar se llenó de un humo espeso, asfixiante, muy tóxico y se cortó la luz, lo que hizo aún más difícil encontrar una salida. De las seis puertas de ingreso, cuatro estaban cerradas con pasadores metálicos y el portón que daba a la calle solo se abría para adentro. La única salida de emergencia del lugar estaba cerrada con un candado. El sector vip también tenía una puerta de salida pero estaba sellada para que no se filtre el sonido. De los 15 matafuegos que había en Cromañón, solo funcionaban tres, la media sombra que se incendió estaba prohibida, nunca debió estar ahí. Se supo después que muchas personas murieron por inhalar el humo de ese material tóxico que se prendió fuego. El lugar no tenía ventilación, el certificado de prevención contra incendios estaba vencido y el plano electromecánico que debía tener la aprobación del Gobierno de la Ciudad no estaba firmado.

"A muchas y a muchos de nosotros nos sacó alguien que no sabemos quién es y gracias a esas personas hoy estamos vivas y vivos", dicen. La negligencia, la desidia, la falta de control, las coimas a inspectores, la habilitación ilegal, las puertas cerradas y la falta de un operativo de emergencia a seguir, del que debía encargarse el por entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue el entramado de desidia y corrupción que se llevó la vida de 194 pibas y pibes.

Los juicios a los responsables de la masacre fueron importantes para familiares y sobrevivientes que intentaron buscar justicia, sin embargo, no todos los responsables fueron juzgados: "Aníbal Ibarra debería estar inhabilitado para ejercer funciones públicas de por vida y pasar por un juicio político. Eso jamás sucedió. Logramos su destitución y eso fue producto de la lucha en las calles de sobrevivientes y familiares como también lo fue la ley de reparación", asegura Luján. Fabi, por su parte, señala que si bien hoy Ibarra tiene una condena social, siempre trata de aparecer y hacerse notar, desligándose de su responsabilidad.

¿Durante estos 20 años hubo una reparación real para sobrevivientes y familiares de víctimas?

Luján: --La realidad es que nosotras tuvimos que pelear para que existiera una ley de reparación porque solo accedíamos a ciertos beneficios por decretos que debían renovarse una vez por año, hasta que en 2013 logramos una ley de reparación que también debía renovarse pero cada tres años. La Ciudad de Buenos Aires ha sido bastante reticente a atender nuestros reclamos de apertura del padrón para que el Estado pudiera reconocer la cantidad de sobrevivientes que somos. El acceso a la salud, la asistencia psicológica, el acompañamiento en el área de educación y de inserción laboral, todo fue insuficiente e ineficiente. Después de la masacre muchos no pudieron volver a insertarse laboralmente ni en términos académicos, incluso era difícil acceder a la localización de la única farmacia donde debíamos retirar la medicación siendo que muchas y muchos sobrevivientes y familiares de víctimas dependen de la medicación para obtener cierto bienestar y de la asistencia psicológica. Todo eso falló. Nunca en estos años, el Estado abrió el padrón para sobrevivientes que no estaban siendo beneficiarios y recién este año eso se logró, pero a medias.

¿Cómo es ser sobreviviente?

Lujan: --Nosotros intentamos visibilizar que hay sobrevivientes que lamentablemente se han suicidado, pero también intentamos visibilizar que hay sobrevivientes que estando con vida tienen afecciones o enfermedades bastante duras y situaciones de vulnerabilidad psicológica que son importantes que se atiendan. El Estado sigue siendo responsable y en la medida en la que no nos atiendan, nuestras vidas se deterioran aún más y eso tiene que ver con la revictimización sistemática que se genera cuando el Estado se corre.

Fabi: --Sumado a eso, muchos sobrevivientes con los años, como consecuencia de la masacre contrajeron enfermedades que terminaron con su vida. Incluso, hay sobrevivientes que estuvieron en situación de calle, recibieron un subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad pero solo por unos meses.

Lujan: --También pedimos que agregaran al programa de salud el tratamiento de consumo problemático y eso sí lo aceptaron. Estamos hablando de que hay pibes que cuando pasó Cromañón tenían 14, 15 o 20 años y eso te impacta de tal manera que no se puede dimensionar, ni siquiera se pueden terminar de medir. Todavía hoy estamos pensando cuánto impactó Cromañón en nuestras vidas.

Con respecto a la asistencia vitalicia que se logró en la legislatura porteña recientemente ¿Contempla las necesidades de sobrevivientes y familiares de víctimas?

Fabi: --La asistencia va a ser la misma. Abarca salud, educación y trabajo, sobre esto último el Gobierno de la Ciudad envía una bolsa de trabajo donde los sobrevivientes se pueden anotar pero el requisito es estar en un rango de edad de 18 a 30 años, siendo que la mayoría de los sobrevivientes ya pasaron los 30 años y quedan afuera, por lo tanto, esa vía no sirve. Con respecto a la atención en salud se agregaron puntos de retiro de la medicación, hoy tenemos una sola farmacia para todos y las personas que vivimos en el conurbano tenemos que viajar a Capital Federal para retirarla, hay personas que son mayores que les cuesta mucho viajar y otras no tienen movilidad y no pueden llegar.

Luján: --En relación a la educación sucede lo mismo, no tenemos programas específicos en educación que tengan que ver con sobrevivientes de Cromañón. No miran si esas personas tienen los recursos para acceder a los materiales necesarios para llevar adelante una formación. Con el estrés de estar sin trabajo que tienen las y los sobrevivientes, más el estrés postraumático que genera secuelas progresivas y permanentes, esa bolsa de trabajo no resuelve nada. La Ciudad de Buenos Aires dice 'esto es lo que tenemos y pueden usarlo', pero no hay un seguimiento específico para sobrevivientes que desean reinsertarse académicamente y no han podido hacerlo, tampoco se ofrecen formas de facilitarles esa reinserción ni ningún programa específico que acompañe a sobrevivientes.

Fabi: --Nunca hubo un seguimiento serio, lo que te ofrecen hoy es terminar primaria y secundaria, eso sería la asistencia en educación. No conocen cuales son las necesidades de los sobrevivientes.

¿Con la nueva ley pudieron ingresar quienes habían quedado afuera de la asistencia anteriormente?

Lujan: --Lo que hicieron fue abrir el padrón hasta agosto del 2024 para aquellas personas que son beneficiarias del plan de salud de la ley de reparación, pero hay un montón de sobrevivientes que ingresaron al plan después de agosto. Esas personas quedaron afuera del padrón, es decir, de la ley. De manera arbitraria la Ciudad de Buenos Aires, de la mano del Poder Ejecutivo del oficialismo y con el acompañamiento de algunos bloques como el radicalismo, acordaron que fuera hasta agosto. Una de las formas que agregaron para acceder al padrón - de acá a dos años y una vez que la ley se reglamente - es incluir a quienes hayan iniciado algún tipo de acción legal pero no tuvieron en cuenta que hay un montón de sobrevivientes que no iniciaron acciones legales por diferentes motivos, es decir, que es una apertura del padrón a medias. Hay un desconocimiento total de las características de la población que implica a Cromañón.

Reparación a medias

Hoy las personas alcanzadas por la asistencia económica reciben 168 mil pesos, un monto que ni siquiera se acerca a una pensión o jubilación mínima. Con la nueva ley, ese valor se actualizó a 300 mil, una cifra que también es insuficiente si se tiene en cuenta que hay personas que no cuentan con otro ingreso económico.

El legislador porteño del partido Republicanos Unidos, miembro de La Libertad Avanza, Yamil Santoro, fue el único que votó en contra de la reparación vitalicia para sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón. Luján recuerda: “Durante el debate Yamil Santoro llegó a tener el tupé de decir que no iba a votar nada que obligara a la Ciudad de Buenos Aires a 'sostener el privilegio de sobrevivientes y familiares de acceder a este programa', como si lo que recibimos fuera una fortuna, además somos un número finito de personas quienes accedemos a esa reparación. En Cromañón había por lo menos 4500 sobrevivientes, de ese total hoy solo acceden 1800 personas, entre sobrevivientes y familiares, aproximadamente. Muchas personas que trabajan usan el subsidio para pagar un tratamiento de salud mental. Si a mi me sacan el subsidio no podría hacer más terapia, soy docente y tengo que buscar un tercer trabajo porque no llego a fin de mes, ni siquiera me sobra algo del subsidio para comprar comida y menos en este contexto. Es muy difícil acceder a un turno de terapia en la salud pública, no hay oferta de horarios y quienes trabajamos no podemos asistir a cualquier horario.”

Hoy gracias a la organización y el trabajo que llevaron a cabo durante 20 años lxs sobrevivientes y familiares de víctimas, se alcanzó una ley vitalicia que no requiere renovación y que amplió el padrón, aunque todavía hay muchas personas que no fueron incorporadas y mientras no se genere un programa específico que atienda las necesidades de las personas afectadas es una ley que sigue siendo insuficiente e ineficiente. “Los turnos de las terapias que ofrece el sistema de salud del Gobierno de la Ciudad son siempre por la mañana y no nos dan permiso en el trabajo para eso. Esta es la cuarta vez que presentamos una ley para tener una asistencia vitalicia y se aprobó, quizás la serie ayudó un poco y se hizo más visible, pero también tengamos en cuenta que la serie afloró un montón de sensaciones y situaciones que cada uno pasamos ahí y hoy muchos sobrevivientes empezaron a pedir ayuda, advierte Fabi.

¿En qué etapa están los juicios?

Luján: --Hay juicios que han finalizado con sentencias vergonzosas, con montos bajísimos que parecían un chiste de mal gusto. Hay otros juicios que han prescrito por negligencia de los abogados y otros que todavía están en curso con muchísima dificultad para seguir adelante.

Fabi: --Además hubo mucha revictimización. En mi caso me llamaron un 22 de diciembre para hacerme una pericia, le conté al perito que en 2018 tuve leucemia y me dijo: 'nosotros no podemos comprobar que eso haya sido por Cromañón', cuando cualquier médico sabe que la inhalación de gases tóxicos te puede provocar una enfermedad de ese tipo. Me hizo relatar todo lo que viví, en un momento me quebré, estábamos a ocho días del 30 de diciembre y ahí me dijo: 'no entiendo por qué llorás si ya pasaron 17 años'. Le pregunté si me estaba cargando y si se había dado cuenta de la fecha en la que me llamó para hacerme una pericia y me respondió que no. Ese día había ido con otra sobreviviente, a ella le dijo: 'usted pudo estudiar, así que tan mal no la veo'. Esas atrocidades tienen un impacto sobre la sentencia del juicio. Me fui muy enojada y con mucha frustración.

Luján: --En mi caso cuando fui a hacer la pericia psicológica la psicóloga perito me atendió en bata desde la ventana y me dijo que había pedido el cambio de fecha. Llamé a mi abogado y me dijo que ese cambio no era válido porque no fue hecho a tiempo. Tuve que volver otro día. Después de atenderme la perito me miró de arriba abajo y me dijo: 'yo te veo muy bien vestida, así que tan mal no estás'. Así nos trataron.

Memoria versus impunidad

Lxs sobrevivientes y familiares de víctimas continúan luchando por la expropiación del edificio donde funcionaba Cromañón, exigen la construcción de un espacio de memoria colectiva. En el 2022 las organizaciones consiguieron que se reglamentara la ley de expropiación antes del recambio presidencial, pero desde entonces no hubo avances a pesar de haber realizado distintos reclamos a cada uno de los organismos estatales involucrados en el proceso.

“Mientras tanto vemos que hay personas viviendo dentro de Cromañón, que tienen llave para entrar y salir. También entran y salen autos de alta gama por el garaje que es lindero a Cromañón y que también es parte de la expropiación. ¿Con qué objetivo y con qué autorización entran y salen personas? ¿Qué hacen ahí adentro? Nos llegaron mensajes anónimos de que dentro de Cromañón, y sobre todo, en el hotel están haciendo modificaciones. Le pedimos al gobierno que controle qué es lo que está pasando porque es un espacio que está patrimonializado, es decir, que no se puede tocar, ni usar”, advierte Luján.

En 2005, a raíz de una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) se supo que el dueño de Cromañón era Rafael Levy, un empresario con un largo prontuario de negociados ilícitos y cinco sociedades off shore. Levy además, fue denuncionado por trata de personas con fines de explotación sexual en un hotel que también era de su propiedad y que fue varias veces clausurado. Como si fuera poco, en el subsuelo de Cromañón funcionaba un taller clandestino donde luego se supo que había personas que eran sometidas a explotación laboral. “Si Levy está haciendo modificaciones, está incumpliendo la ley. Un tipo que tiene propiedades y las destina a ese tipo de eventos, acciones o negocios tan sucios no puede seguir siendo dueño de esos espacios. Queremos que Cromañón sea un espacio para la memoria colectiva y para eso el Poder Ejecutivo de la mano de Justicia tiene que terminar de realizar los pasos necesarios para que esto suceda”, concluye Luján.

Como cada año se realizarán jornadas culturales en el santuario de Cromañón, un lugar que ya se convirtió en un espacio de encuentro, memoria y lucha. El sábado 28 y domingo 29 de diciembre se llevará a cabo un festival en homenaje a las víctimas y el lunes 30 de diciembre desde las 17 habrá actividades culturales en Plaza de Mayo para luego marchar hacia el santuario a las 19. La jornada finalizará con un acto central hasta cumplirse el horario en el que sucedió la masacre y decir una vez más: “¡Las pibas y los pibes de Cromañón Presentes!”