Los familiares de los cuatro niños desaparecidos el pasado 8 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil esperan los resultados que médicos forenses realizan sobre unos cuerpos calcinados que fueron encontrados en las últimas horas y que podrían corresponder a los niños buscados.
Las familias acudieron el miércoles al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil hasta donde fueron trasladados los cuatro cadáveres hallados en una zona agreste de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el caso de los menores, quienes desaparecieron luego de ser detenidos por una patrulla militar.
En el laboratorio les realizaron entrevistas para pruebas antropológicas, según indicó Billy Navarrete, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompaña legalmente a las familias.
Es decir, proporcionaron información sobre los rasgos físicos de los niños, edad, estatura, y otros datos para poder cotejar con los cuerpos encontrados, ante la imposibilidad de realizarles pruebas dactilares debido a su estado.
A los cuerpos se les va a realizar muestras radiográficas y las respectivas autopsias. Si los exámenes realizados no arrojan ningún resultado contundente, se procederá con las pruebas de ADN, que podrían tardar unos 30 días, añadió Navarrete.
Qué se sabe del caso
- Desaparición forzada
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, luego de jugar al fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa cómo hombres vestidos con prendas militares detienen a los menores cerca de un centro comercial, los golpean y los suben a una camioneta.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en el camino los dejaron en libertad.
El pasado martes, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".
- Llamada telefónica
La noche del secuestro un desconocido se contactó con la familia Arroyo y puso a Ismael al teléfono. Su padre relató esa llamada a los medios. Según contó, el chico le dijo que los militares "se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire, nos maltrataron y nos dejaron botados".
Más tarde, los familiares recibieron dos ubicaciones a través de WhatsApp, una de ellas en la localidad de Taura, donde hay una base militar. La otra cerca de una camaronera.
En otra llamada posterior, un anónimo aseguró a la familia que "la mafia se los llevó".
- Hallazgo de los cuerpos
El 24 de diciembre, luego de que la justicia determinara que hubo una "desaparición forzada", fueron hallados cuatro cuerpos en una zona de manglares, cerca de la base militar de Taura, según medios locales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "preocupación" por la desaparición y aseguró que "continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos".
La Oficina de ONU Derechos Humanos y Unicef pidieron a Ecuador que "agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial".
Organismos como Human Rights Watch (HRW) han denunciado serias violaciones de derechos humanos en el marco de la política de mano dura que instaló el presidente Daniel Noboa contra el narco.
- Investigaciones en curso
La Fiscalía solicitó que se asigne fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares que participaron en el operativo.
El lunes, las autoridades allanaron la base de Taura y confiscaron los teléfonos de los señalados y los vehículos en los que fueron transportados los menores.
El Ministerio de Defensa puso bajo arresto en una instalación militar a los 16 investigados por la justicia. Personal de inteligencia vigila a los uniformados para evitar que se fuguen.
