El gobierno de Salta constituyó una mesa de trabajo con la participación de representantes de las Cámaras, legisladores provinciales, intendentes e interventores, con el fin de “diseñar un esquema que posibilite la rentabilidad de los comerciantes de la región sin perjudicar a los transportistas bagayeros y a las familias que dependen de ellos”, se informó ayer. 

El encuentro se dio a ocho días del asesinato de Fernando Martín Gómez, un pasador de hojas de coca de 27 años que falleció por un disparo en el pecho en medio de un conflicto entre bagayeros y la Gendarmería Nacional.

En la reunión fueron los legisladores provinciales quienes señalaron que al menos cinco mil familias dependen del trabajo del bagayeo.

El ministro de Producción, Martín de los Ríos, acompañado por el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo, convocó a legisladores provinciales, autoridades municipales y representantes de las Cámaras de Comercio para tratar la complejidad de la problemática de comerciantes y bagayeros en el norte salteño.

En el encuentro se evaluó la situación que transitan los comerciantes de San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas frente al comercio ilegal que ingresa de Bolivia, a partir del tipo de cambio actual.

La Cámara de Comercio de Orán destacó que el precio final de los productos que venden los comerciantes oranenses está constituido en un 47 por ciento por impuestos, y afirmaron que esto les resta competitividad. Además, las altas temperaturas encarecen los costes en materia de electricidad, ya que tienen el mismo tratamiento que otras regiones del país con temperaturas más moderadas.

El ministro De los Ríos destacó que ya se realizaron gestiones ante la Nación para establecer un Régimen Simplificado de Fronteras. Además, adelantó que se reunirá en las próximas semanas con funcionarios nacionales para plantear las propuestas que se definan en la Mesa de Trabajo. Y subrayó la importancia de contar con participación de legisladores nacionales para introducir los cambios en la normativa que sean necesarios para dar respuestas efectivas a los habitantes del departamento Orán.

También se analizaron los planes de instalar un Mercado de Abasto y un Parque Industrial en la zona.

Participaron del encuentro el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán; el intendente de Orán, Baltasar Lara Gross; el senador provincial Juan Cruz Curá; las diputadas del departamento Gloria Seco, Ramona Riquelme y Carolina Ceaglio y el diputado David Taranto; el subsecretario de Comercio y MiPYMES, Luis García Bes, y referentes de las Cámaras de Comercio de Orán.

Controles biométricos y pista de aterrizaje

Ante los conflictos que padecen pobladores de las zonas fronterizas y que se visibilizaron sobre todo estos últimos días en el límite entre Aguas Blancas (último municipio de Orán en la frontera argentina) con Bermejo (ciudad boliviana ubicada al otro lado del puente internacional), la directora nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, Virginia Cornejo, propuso incorporar datos biométricos de vecinos y vecinas de la región además de acondicionar una pista de aterrizaje o aeropuerto en Los Toldos.

Este pequeño pueblo se ubica también en el límite con Bolivia pero en el departamento San Victoria, en el oeste provincial. Como sucede con otros parajes argentinos, no se puede llegar a Los Toldos más que por Bolivia, y para ello ingresan por el puente de Bermejo y Aguas Blancas.

En un informe, Cornejo mencionó entre las problemáticas detectadas, los “trámites engorrosos en pasos legales”. Sucede que se deben realizar largas colas para cumplir los requisitos de Aduana, Migraciones y SENASA. Ante ello la funcionaria sostuvo que falta un sistema integrado que simplifique los procedimientos para los pobladores de esta zona.

Otra limitación es que al ser tratados como turistas, los argentinos tienen un límite de 90 días al año para pasar. Que lo hagan por mayor tiempo implica que deban pagar “multas significativas que afectan la economía de las familias locales”.

Otros puntos señalados fueron las restricciones para ambulancias y emergencias, la falta de control que obligan a los pobladores a transitar por rutas consideradas ilegales. “Genera riesgos de criminalización”, afirmó Cornejo en el informe al sostener que esto también afecta a quienes dependen del comercio de productos esenciales.

Añadió que los habitantes fronterizos abastecen y comercializan productos esenciales, como combustibles, cítricos y papa andina (más de mil kilogramos por temporada), enfrentando barreras administrativas y logísticas.

Ante esta realidad señaló la “necesidad de corredores humanitarios y aerotransportados”. Mencionó que en Los Toldos existe una pista de aterrizaje que requiere habilitación por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La posibilidad facilitaría la evacuación médica y el transporte de emergencia y también cubriría otras necesidades de transporte.

En cuanto a los controles para el cruce de vecinos y vecinas de frontera, Cornejo indicó que sería necesario instrumentar un sistema biométrico y online. Esto, indicó, implicaría crear un bando de datos compartido entre ambos países para agilizar los trámites fronterizos. También propuso integrar tecnología biométrica que permita identificar rápidamente a los pobladores de la zona.

Asimismo, propuso ampliar el plazo de tránsito permitido en Bolivia para estos ciudadanos, eliminando así multas y restricciones.

Propuso además diseñar un protocolo para garantizar la libre circulación de ambulancias y vehículos de emergencia entre ambos países, y pensar soluciones para el transporte de productos locales, como un registro ágil y eficiente.

“Es imperativo abordar esta problemática desde un enfoque integral que contemple las necesidades de las comunidades fronterizas y fomente la cooperación bilateral con Bolivia. La habilitación de corredores humanitarios terrestres y aéreos, junto con un sistema biométrico eficiente, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecerá la integración regional”, concluyó Cornejo en su informe.