“Mi nombre es Ana Jazmín Carro”, dijo llorando la adolescente de 18 años, el 20 de noviembre pasado, en el Senado de la Nación. En ese estado, utilizaron su historia trágica para impulsar el agravamiento de las penas de lo que llaman “falsas denuncias”. Esa imagen de una joven arrepentida se viralizó y se dio por cierto que había mentido para perjudicar a su padre. 

Cuando Jazmín terminó de hablar, la senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada, la abrazó, pero nunca leyó el expediente, ni siquiera los fundamentos de la sentencia del juez Gustavo A. Rodríguez Fernández, de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba, que a lo largo de 130 páginas analiza una profusa prueba para condenar a 15 años por abuso sexual gravemente ultrajante, grave daño psíquico y corrupción de menores al padre de la joven.

Así se entiende la denuncia contra Carolina Losada y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, presentada por AEVAS, que preside Carlos Rozanski, junto a decenas de organizaciones que defienden a víctimas de abuso sexual en la infancia.

No les importó la salud mental de la chica que se autoincriminó frente a todo el país, con acusaciones “al feminismo y el hembrismo”, para restaurar una situación familiar en la que ella es la acusada de haber provocado el encarcelamiento del padre.

El llanto de Jazmín es una constante en su paso por diferentes instancias del poder judicial y organismos de protección a las infancias.

El 22 de marzo de 2020, la chica le contó a su mamá que su papá había abusado de ella entre los 6 y los 10 años. Fueron los tres a hacer la denuncia al Polo Integral de la Mujer de Córdoba ese mismo día. A los pocos días, el padre volvió a la casa y ella enfrentó el descreimiento permanente de la madre, que 18 días después de la develación fue al  mismo lugar para decir que su hija se había retractado.

La realidad fue muy distinta: el 18 de abril de 2021 Jazmín le pidió ayuda a su abuela, la llamó a las 9 de la noche, llorando, para pedirle que la fueran a buscar a su casa. Esa noche, más de un año después de la primera vez que habló en su familia, le contó a su prima que el padre la había abusado.

¿La reacción de la madre de la víctima? Ir a retirarla, zamarrearla, acusar a la abuela de la niña de secuestro y llevar a su hija de vuelta a su casa.

La lectura de los fundamentos de la sentencia, en los que se vuelca la prueba ponderada por el magistrado, encuentra testimonios concurrentes. Y es en base a ellos que el juez no toma en cuenta la retractación de Jazmín. No es sólo porque toma en cuenta una primera versión de la chica, sino que pondera las muchas veces que la chica contó lo mismo, en distintas circunstancias, enfrentando la hostilidad de su familia. 

La perita oficial Nahir Nazar dijo que “hay innumerables factores que llevan a la retractación, en este caso: la presión de la madre y abuela, el vínculo de la víctima con su agresor que es su padre, el malestar de sus hermanos por la detención de su padre, la dependencia económica, la actitud incrédula de la madre querellante que pide la absolución, el tiempo transcurrido entre la denuncia y juicio, la privación de libertad del agresor. Que por todos esos factores, la retractación deviene en una consecuencia lógica y esperable en estos casos, donde la víctima recibe demasiadas presiones”.

Más allá de las profesionales –a las que las defensas de los pedófilos siempre desacreditan- está el testimonio de la prima a la que Jazmín pidió ayuda en 2021. “Particularmente mi abuela, después de que Jazmín le contó, ella dijo que la iba a ayudar, yo también se lo dije. Yo en ese momento vi una actitud de mi abuela que pensé que iba a ir contra todo, pero después que llamaron a la madre, que ese día se presentó en la casa de mi abuela, estaba ‘sacada’, enojada. Mi abuela estaba sentada, como que caía y le preguntaba a L. ‘porque no nos contaste antes’. L. nos dijo ‘yo no tengo nada que hablar con ustedes, mis problemas con mi familia son nuestros. Ustedes secuestraron a mis hijos, yo los voy a denunciar’. De hecho ese día llamaron a la policía, y ahí fue cuando nos enteramos que el padre estaba preso, que ya había una denuncia hecha”, es parte del relato de la chica, apenas más grande que Jazmín.

Esa noche, le pidieron por favor a la mamá que dejara a Jazmín quedarse a dormir con ellas, “yo sabía que la iba a recagar a palos”, dijo la testigo.

La situación familiar se enrareció. Ante la intervención de la madre de Jazmín, a la que el juez encomendó investigar en la sentencia, también la abuela de la chica fue a pedir que tomen en cuenta la retractación ante la justicia. 

La prima tiene una posición distinta. “Yo le creo a Jazmín lo que nos contó, pero decidí hacerme a un costado y no involucrarme en esto porque a la familia en general le cuesta creerle, a mi mamá, a mi abuela”.

Es por esto que en los fundamentos de la sentencia, dados a conocer el 14 de abril de 2023, el juez Rodríguez Fernández desestima la retractación. No solamente por los dichos de la víctima, sino porque hace una evaluación de estos y otros testimonios. 

La madre de Jazmín visita a su marido en la cárcel, lo comunica todos los días con sus otros hijos -al menos hasta el momento del juicio- y la acusa a Jazmín de provocar los problemas que enfrenta la familia (y no al padre por perpetrar el abuso).

“Que es evidente que esta retractación que pretende incorporar la madre de la niña, que busca beneficiar al imputado, no existe, no tiene prueba independiente que la acredite, y analizándola desde las reglas de la sana crítica y de la experiencia lo único que hace es confirmar el entorno violento, la falta de apoyo que tiene en su casa y que es una víctima de abuso”, considera el juez.

Rodríguez Fernández asegura que “los dichos de la víctima, fueron contestes con el resto de la prueba recaudada, con lo que dijo a largo de todos estos años: con la licenciada Lazarte en la entrevista de contención, con el médico Salvi que la revisó, con las psicólogas tratantes y con la actitud de Jazmín de pedir ayuda a su prima y abuela, con los informes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), con pericia psicológica de la víctima de la licenciada Nazar y con la pericia psicológica de imputado. Dijo que esta retractación es acorde a la personalidad de imputado, con su habilidad para engañar y manipular”.

Es que tanto la pericia psicológica oficial al condenado, como la que realizó la defensa, llamada técnicamente “de control”, registraron una personalidad narcisista, manipuladora, que no siente empatía por el sufrimiento ajeno y que utiliza a las otras personas como objetos para satisfacer sus necesidades. Este informe pericial psicológico realizado sobre la persona del acusado fue realizado por la licenciada Marisa Andrea, y suscripto en conformidad por la perita de control, Carolina Barberis.

La psicóloga que atendió a Jazmín sólo siete veces –hasta que la madre decidió retirarla del tratamiento- logró una relación de confianza con la chica, entonces menor de edad. El juez lo refiere así: “Las sesiones fueron más de un año después de la denuncia y la joven se mostró muy angustiada, lloraba y volvió a confirmar los hechos. Nunca se retractó. Además, se corresponde con lo relatado por la abuela, tía y prima de la niña, revelando la actitud de la madre respecto al descrédito a la versión de su hija”.

El juez tomó en cuenta que “la psicóloga mencionó que gran parte de la angustia de Jazmín era porque su madre no le creía y por la situación familiar que vivía: su madre le hacía sentir mal diciéndole que no tenía plata para llevarla a vóley, deporte que le apasionaba, que tenía que trabajar el doble porque su padre no estaba, que tenía que juntar plata para pagarle el abogado a su padre. Además, la madre le sacaba el celular y le impedía el contacto con su tía, abuela y prima, que eran referentes de apoyo importantes para la joven. Todo ello demuestra una clara actitud de asedio y hostigamiento de la madre hacia su hija”.

Si hay una instrumentación política de las denuncias por violencia sexual o cualquier tipo de violencia por motivos de género, es el que hacen quienes quieren utilizarlas para desacreditar a las víctimas, para mantener el silencio, para preservar las jerarquías familiares a costa de perpetuar vulneraciones de derechos.