El Parlamento de Corea del Sur aprobó este viernes una moción presentada por la oposición para destituir a Han Duck-soo, primer ministro y presidente en funciones desde hace apenas dos semanas, lo que profundiza la crisis institucional en la que está inmersa el país desde la declaración de la ley marcial a principios de mes.
La inhabilitación de Han, que había heredado las funciones del también destituido Yoon Suk-yeol, supone la primera vez en democracia que Corea del Sur destituye a un jefe de Gobierno y de Estado interino e implica que el cargo lo ostentará a partir de ahora de manera provisional el ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Choi Sang-mok.
La iniciativa fue aprobada por 192 votos a favor, el número total de escaños que suma la oposición, y contó con el rechazo del gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP). "De los 192 diputados que participaron en la votación, 192 votaron por la destitución", anunció el presidente del Parlamento, Woo Won-shik.
En su primera declaración como presidente interino, Choi se comprometió a rebajar la tensión política que sacude desde hace semanas al país. "El gobierno dedicará todos sus esfuerzos a superar este período turbulento", remarcó.
Por su parte, Han --un alto funcionario de carrera de 75 años-- emitió un comunicado tras conocer la decisión parlamentaria de ser destituido. "Respeto la decisión de la Asamblea Nacional y, para no aumentar la confusión y la incertidumbre, suspenderé mis funciones de acuerdo con las leyes pertinentes y esperaré la rápida y juiciosa decisión del Tribunal Constitucional (que deberá ahora ratificar o no su inhabilitación)", expresó.
Protesta del partido gobernante
Poco después de que se aprobara la destitución, el PPP presentó una solicitud de arbitraje sobre incompatibilidades jurisdiccionales y una petición ante el Tribunal Constitucional para que se anule el cese de Han.
Minutos antes de producirse la votación el presidente del Parlamento surcoreano anunció que la destitución de Han se haría efectiva si la moción resultaba aprobada en la cámara por mayoría simple. Eso llevó a la enfurecida protesta de los diputados del PPP, quienes durante toda la sesión abuchearon, cantaron y levantaron el puño en señal de rechazo.
La formación gobernante reclamaba que, al tratarse de un presidente interino, la votación debía usar el mismo criterio --dos tercios del Parlamento, una proporción que no ostenta la oposición-- que se emplea para aprobar la destitución de un presidente en Corea del Sur. Sin embargo, el liberal Partido Democrático (PD), principal formación opositora que presentó la moción y a la que pertenece Woo, venía defendiendo que en el caso de Han debía aplicarse el mismo procedimiento que se utiliza para destituir al resto de los miembros del Gabinete: la mayoría simple.
El Tribunal Constitucional
El PD presentó el jueves una moción para inhabilitar a Han, en la que alegó que él obstaculiza intencionadamente la investigación especial sobre las personas implicadas en el día de la imposición de la ley marcial. La moción también se presentó tras las declaraciones del mandatario interino, quien afirmó que no aprobaría los nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, tal como exigía la oposición, hasta que los dos principales partidos alcanzasen un acuerdo con respecto a los tres magistrados que deben ocupar los sillones vacantes del máximo tribunal surcoreano. Resulta que a la corte le faltan ahora mismo tres jueces que se jubilaron y no fueron reemplazados.
En medio de un conflicto con la oposición por los presupuestos del Estado, y acusándola de ser pronorcoreana, el exmandatario Yoon Suk Yeol sorprendió a todos la noche del 3 de diciembre al declarar la ley marcial y enviar al ejército al Parlamento. Los diputados lograron no obstante reunirse esa misma noche, después de sortear el cordón militar, y tumbar con una votación la ley marcial. El día 14 de diciembre, en otra votación, destituyeron al presidente, aunque ahora la pelota está en el campo de la Corte Constitucional, que debe validar o invalidar la salida de Yoon en un plazo de seis meses.
Aunque el alto tribunal puede funcionar con los seis magistrados actuales, de no cubrirse las tres vacantes, estos seis deben aprobar unánimemente el cese para que se haga efectivo. Un solo voto disonante significaría el regreso de Yoon a la presidencia.
El PD está tratando de garantizar que la destitución de Yoon quede resuelta lo antes posible para que así se convoquen unas elecciones presidenciales anticipadas en las que sería claro favorito. El PPP parece estar buscando, en cambio, dilatar al máximo el proceso ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda ratificar pronto una sentencia por violar la ley electoral que pesa sobre el líder de los liberales, Lee Jae-myung, que quedarían despojados de cara a las elecciones.
El cese de Han aboca ahora al país asiático a una incertidumbre aún mayor, puesto que la oposición ha dicho que seguirá presionando al Gobierno y al partido gobernante para que renueve el Constitucional y apruebe investigaciones especiales contra Yoon y la primera dama y que seguirá presentando cuantas mociones de destitución sean necesarias hasta conseguirlo.
Según informó la agencia de noticias EFE, muchos creen que el Constitucional no tardará mucho en emitir su fallo, aunque en el horizonte hay otro problema: el 18 de abril expiran los mandatos de otros dos magistrados y en este caso el nombramiento de sus sustitutos corresponde enteramente al presidente, interino o no, por lo que cabe la posibilidad de que la audiencia quede completamente paralizada al contar con solo cuatro jueces.
Imputan al exministro de defensa
En paralelo a la destitución de han, la Fiscalía imputó al exministro de Defensa surcoreano Kim Yong-hyun un delito de insurrección por su papel en la imposición de la ley marcial. La Fiscalía acusó formalmente a Kim, detenido desde hace semanas, de abusar de su poder y de desempeñar un papel integral en una insurrección, lo que marca la primera acusación en el caso tras la declaración fallida del estado de excepción decretada por Yoon.
Los fiscales creen que Kim recomendó a Yoon, en conversaciones que se habrían iniciado a principios de este año, que declarara la ley marcial y dirigió el despliegue de tropas en las oficinas de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral Nacional (NEC) durante esa noche. Las conversaciones entre Kim y Yoon se produjeron en múltiples ocasiones desde marzo y los preparativos para la aplicación se iniciaron en noviembre, según el ministerio fiscal.
Los fiscales también acusaron a Kim de ordenar al exjefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In-hyung que arrestara y detuviera a una docena de personas, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik y el líder del principal partido de la oposición, Lee Jae-myung, entre otros. Considera además que el exministro de Defensa envió tropas a la NEC para que se hicieran con servidores informáticos para probar su sospecha infundada de que las elecciones legislativas de 2020 y 2024, que ganó la oposición, fueron manipuladas.
La ley surcoreana considera que aquellos que sean considerados culpables de liderar una insurrección deben recibir la cadena perpetua o la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria desde 1997).
