Un juez federal ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que frene con el desmantelamiento del área de ese organismo dedicado a combatir la violencia de género. Textualmente, el fallo dispone que debe "abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros a cargo de esos organismos". La Justicia hizo lugar así a una medida cautelar pedida por organizaciones civiles para evitar el vaciamiento de las instituciones que trabajan en defensa de las niñeces, las mujeres y las diversidades que enfrentan situaciones de violencia.
Asimismo, el fallo --firmado un día después de que el Gobierno anunciara una supuesta baja de los femicidios durante 2024-- ordena que el Ministerio "deberá sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos".
Un vaciamiento sistemático
El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Federal 1, hizo lugar al pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones que habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación por el vaciamiento sistemático de las instituciones del Estado que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres, las niñeces y las diversidades y su protección frente a la violencia.
En la acción declarativa de certeza, estas organizaciones exigieron al poder Ejecutivo que informara adecuadamente cómo dará cumplimiento a sus obligaciones de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias y que mientras tanto no despida personal, frene la eliminación de programas y sostenga la producción y publicación de evidencia, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Sin aportar ni una sola prueba, en su respuesta presentada ante la justicia, el Estado negó haber cerrado la Subsecretaría y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). El juez cuestiona la respuesta del Poder Ejecutivo y ordena que se mantengan los recursos humanos y de infraestructura para evitar el total vaciamiento de las políticas públicas. Con esta medida, dicen las organizaciones, “el Poder Judicial da un paso clave en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.
El juez exige explicaciones
En su resolución, el juez Regueira destaca que el Ministerio de Justicia, a pesar de haber alegado que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de “eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno”, no ha presentado en el expediente judicial constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con esas prestaciones. “El Estado tampoco ha explicado en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad”, dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA en relación a la decisión judicial.
La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimidad de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos: es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza durante el gobierno de Javier Milei.
Las organizaciones respondieron con abundante evidencia dejando claro que la situación actual es muy diferente a lo que plantea el Ministerio de Justicia en su informe. Tanto los CAJ como varios de los programas que funcionaban en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se encuentran desfinanciados, con baja ejecución presupuestaria y con el menor alcance a desde su creación.
El Ministerio Público de la Defensa también se expidió en defensa de los derechos de las niñeces, al dictaminar que “no se advierte de la lectura del informe presentado por el Estado Nacional de qué manera la Administración Pública garantizará los derechos de las niñas y adolescentes involucradas. Es así que persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las niñas y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia”.
Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por los cambios institucionales y políticos que se están llevando adelante en Argentina y el impacto que pueden tener en la protección de los niños, al tiempo que recomendó al Estado que aumente las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluyendo presupuesto para personal formado, infraestructuras adecuadas, programas de prevención y atención integral, y solicitó que se haga lugar a la medida de no innovar, requerida por las organizaciones.
No se garantizan las prestaciones mínimas
La decisión del juez enfatiza que el Estado “no ha arrimado constancia alguna que permita inferir que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley 26.485, así como tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas […] Lo que me lleva a concluir que la verosimilitud en el derecho se encuentra suficientemente acreditada”.
Las organizaciones explican que en la actualidad no existe un organismo específico de protección contra la violencia de género y precisan que las cifras del primer trimestre de 2024 muestran una caída significativa en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos programas: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad contaba a diciembre de 2023 con una planta de 1282 trabajadoras y trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional para llevar adelante los diversos programas y líneas de trabajo; de los cuales en junio de 2024 sólo quedaban unos 630 trabajadores y trabajadoras, es decir, que la planta se redujo un 50 por ciento en menos de 6 meses, haciendo que sea muy difícil la continuidad de las políticas públicas.
También señalan que de las 20 mil altas programadas para el primer trimestre de 2024 del Programa Acompañar, sólo se realizaron 434. Y que se presentaron 2.462 solicitudes de personas en situación de violencia, 54,4% de ellas se encontraba con el máximo nivel de riesgo. El riesgo es mayor si se compara esa cantidad de personas con el mismo período de 2023, cuando 34.023 habían sido las personas asistidas.
