Julio Alak y Juan Martín Mena son tajantes: “La cárcel funciona si cuando salís no volvés a delinquir”. El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia puso en marcha y el actual continúa el plan de transformación del Sistema Penitenciario Bonaerense basado en fortalecer la infraestructura y la inclusión social lanzado por Axel Kicillof en 2020. Según los últimos datos oficiales, la tasa de reincidencia bajó cerca de un 50 por ciento desde 2019.

Dice Alak que el concepto marketinero que alude a que alguien "se pudra en la cárcel” no es consecuente con la realidad. “No funciona con el modelo Bukele que pondera Patricia Bullrich”, afirma a Buenos Aires/12. 

“No hay forma de que los detenidos que son sometidos a un encierro basado en la tortura o la humillación puedan insertarse nuevamente”, asegura desde su experiencia el actual intendente de La Plata. Desde su mirada, de aplicarse este método, quien está privado de su libertad “va a salir de la cárcel con mayores grados de violencia, estigmatización y exclusión”.

En la misma sintonía, Mena explica a este diario que “una auténtica política de seguridad es que el que tuvo que pasar por una pena de encierro elija otro camino cuando salga y no el mismo que lo llevó a esa situación”.

Ambos estuvieron en la cartera de Justicia tanto a nivel nacional como provincial, y ambos coinciden en una premisa que busca desmitificar una ilusión que se busca crear en la sociedad: quien termina condenado y preso, en una enorme mayoría, no lo estará por siempre.

Sin ir más lejos, según los datos del informe 2023 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la provincia de Buenos Aires había 27.328 personas detenidas con condena. De ese total, el 15 por ciento tenía penas menores a los 3 años y el 35 por ciento de entre 3 y 6 años, producto del tipo de delito cometido. 

El 21 por ciento, tiene una pena de entre 6 y 9 años, y el 14 por ciento entre 9 y 12 años. Sólo el 4 por ciento había sido condenado a reclusión perpetua.

“La bukelelización es un tiro en el pie”, reafirma Mena en sintonía con Alak. La referencia es al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que cobró fama internacional por la lógica con la que menguó la criminalidad en las calles de su país que implica tratar a los presos de manera deshumanizante. 

“La sociedad tiene que entender que la persona, indefectiblemente, un día sale”, subraya Mena, por lo que considera determinante que, al momento de recobrar la libertad, el ciudadano esté en mejores condiciones porque "si no se reproduce el circulo de violencia". 

"La única forma real de que alguien salga mejor, es con algo que está demostrado por sus buenos resultados en todo el mundo: dar mejores herramientas a la persona que las que tenía cuando entró a la cárcel”, dice el actual ministro.

Hay datos que ya muestran resultados. “La reincidencia de las personas que concluyen una carrera universitaria es nula”, asegura Alak. Según los datos actualizados por el jefe comunal platense, la tasa de reincidencia pasó del 44,2 por ciento en 2019 al 26,2 por ciento en 2022. 

Igualmente, Mena no deja de remarcar que “siempre va a haber un porcentaje de psicópatas, pero es un porcentaje ínfimo sobre el total”. A esta lectura se suma Alak y resalta que no hay dudas de que “el que las hace las paga”. Deja en claro que es el Poder Judicial el que se ocupa de condenar y lo hace bajo un Código Penal al cual el peronismo no le introdujo ninguna modificación que apunte a morigerar las penas.

Pero, más allá de este debate, Alak y Mena subrayan que la Provincia heredó una situación de superpoblación carcelaria crítica producto de la gestión de María Eugenia Vidal que obligaba a tomar decisiones inmediatamente. La ex gobernadora del PRO, según el “Documento sobre las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires” publicado por el Tribunal de Casación Penal octubre de 2019, dejó el SPB en una “crisis humanitaria y catastrófica, al borde de una tragedia”.

Ambos funcionarios explican a partir de ese relevamiento la decisión de Kicillof de recomponer el escenario. El Plan de Infraestructura impulsado por el gobernador al asumir apunta a construir 12 mil plazas en los penales bonaerenses, lo que representa la mitad de lo que se construyó a lo largo de 200 años de historia.

El Gobierno provincial lleva construidas alrededor de 7 mil plazas, con 4.450 en obra y a la expectativa de comenzar con otras 550. Recientemente, inauguró la ampliación de pabellones en Melchor Romero.

El antagonismo con Vidal radica en que la ex gobernadora entregó las, entonces, 52 unidades penitenciarias con 45.620 presos. Las recibió con poco más de 33 mil, lo que significa un crecimiento récord en la historia de la Provincia. El serio problema, aluden Alak y Mena, es que solo construyó 1.042 plazas, detonando el sistema que en 2019 contaba con sólo 24 mil plazas.

A este desafío, Mena le acopla un dato no menor: la ausencia de la Nación. Desde diciembre de 2023, asegura, el Gobierno nacional no giró los fondos acordados para las obras, equivalentes al 80 por ciento de los necesarios. “Eran compromisos legales asumidos que la Nación está incumpliendo”, indica. Se trata de, actualizados por la inflación, 70 mil millones de pesos, afirma el ministro.

“Cuando dicen que les preocupa la seguridad, descreo bastante, porque acá se corrieron por completo y las obras se van a terminar con fondos exclusivamente provinciales por decisión política del gobernador”, esgrime Mena.

El preso bonaerense

Alak y Mena estuvieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alak como ministro de Cristina Fernández se Kirchner y Mena como viceministro entre 2019 y 2023. Es así que los dos conocen las diferencias entre el sistema nacional y el provincial. En el primero, enmarcado en los delitos federales, las características de las personas en condición de encierro son “distintas” a las de los segundos.

“Los presos bonaerenses son los más pobres de los pobres”, remarca Alak. Son diferentes, en su enorme mayoría, con el detenido en unidades penitenciarias federales como narcotraficantes o condenados por lavado de dinero, que suelen pertenecer a clases sociales con mayores recursos económicos.

Esta definición es clave, para ambos, a la hora de pensar una estrategia de reinserción. Las visitas familiares son más complejas, peor aún si el detenido, por ejemplo, es de Almirante Brown pero está alojado en Benito Juárez. “Había cosas asombrosas, como que en lugares como Moreno, que tiene 2.800 presos en el sistema, había cero plazas, y, en sentido inverso, en Benito Juárez había ocho presos de Juárez y 2 mil que no lo eran”, apunta Alak.

Posiblemente, explica, la prisión es el primer contacto de la persona con el Estado. Su formación escolar puede ser nula, al igual que su experiencia laboral. A su vez, Alak repara en que lo peor que puede pasarle a una persona en contexto de encierro es “quebrarse”, porque puede no haber retorno. Ahí, la relación con la familia es trascendental. “Hay personas que se vestían y afeitaban como si fueran a recibir visitas por más que sabían que no iría nadie, y lo hacían para no sentirse diferentes”, cuenta el ex ministro.

Trae a la conversación un caso extremo. “Imaginemos que alguien sale de la cárcel sin DNI, sin un mango en bolsillo, que para volver a su casa tiene que ir a la comisaria o hacer dedo, y ahí el camionero lo lleva", dice. "Llega a la casa donde los hijos no lo conocen y la mujer hizo otra pareja”, describe el intendente platense.

“La tortura en la cárcel la pagás en reincidencia, porque la persona se siente en la tumba, cuando el éxito de la cárcel debería ser que quien salga no vuelva a chorear”, subraya.

Por eso, el plan de transformación tiene como premisa cambiar la manera de encarar el trato con quienes estén privados de la libertad. Tiene, según explica Alak, cinco acciones concretas. Y la primera es mantener o fortalecer el vínculo familiar. Para esto, señala, se realizó un diagnóstico y relevamiento del lugar de origen, destino y domicilio de las personas privadas de la libertad y empezó otro proceso de cambio: dejar de emplazar las cárceles lejos de las zonas urbanas y con un acceso altamente complejo.

“Este mapeo de emplazamiento racional de las cárceles implicó un extraordinario esfuerzo registral, de negociación, consenso y deconstrucción de prejuicios que exhibían varios de los municipios de la provincia de Buenos Aires, muchos con gran cantidad de detenidos propios, en permitir la construcción de cárceles en sus territorios”, subraya Alak.

En segundo término, pone sobre la mesa la necesidad de que los presos cuenten con documentos que acrediten su identidad, ya que, incluso, había casos de personas que no cuentan con su DNI, lo que dificulta el proceso judicial. Entre marzo 2021 y diciembre de 2024 fueron realizados 40.263 trámites registrales en 63 unidades y alcaidías.

Un tercer eje es de los más determinantes: la educación y la formación durante el período de encierro. Con la demostración de que cursar una carrera universitaria evita la reincidencia, para 2024 el SPB superó los registros históricos en participación de presos en todos los niveles educativos con más de 16 mil.

Además, 4.403 personas privadas de la libertad son formadas y capacitadas en oficios, dentro de los Centros de Formación Profesional y Laboral. Tres mil estudiantes ya egresaron de todos los niveles y doce universidades nacionales con asiento en la provincia dictan cursos y carreras.

A esto se le sumo otro eje relevante en materia de superpoblación y formación. Se trata del personal penitenciario que, según detalla Mena, no puede desarrollar correctamente su labor si en una unidad penitenciaria para 800 personas hay 2 mil. En 2022 también se creó la Licenciatura de Gestión Penitenciaria para contextos de encierro, la primera carrera universitaria en la historia del Servicio. Y, en 2024 se sumó la Licenciatura de Gestión en Inclusión Social para contextos de encierro y la Diplomatura de Posgrado en Derechos de Inclusión y Reinserción Social.

Como cuarta acción de este plan pensado para el retorno de los reclusos a la “vida en el mundo libre”, Alak menciona el trabajo. Con el Programa Más Trabajo Menos Reincidencia, bajo la tutela de la Subsecretaría de Inclusión Penitenciaria, se crearon en la gestión de Kicillof y por primera vez en la historia, “polos productivos modernos” para la producción de productos industriales para la construcción o imprenta, así como agropecuarios.

Mena resalta este eje y pone en valor el trabajo de las cooperativas de liberados, con las que el ministerio mantiene un vínculo sólido para que los presos tengan una salida laboral al momento de recuperar la libertad. “Yo lo grafico siempre con que el viernes salen, festejen sábado y domingo, pero el lunes a las 9 a estar presentes en el trabajo”, dice el actual titular de la cartera de Justicia.

“Quien consigue un trabajo no elige ir al delito, y eso evita la reincidencia”, destaca el funcionario.

Así, el programa Más Trabajo Menos Reincidencia, hoy arroja como resultado que más de 15.000 trabajadores y trabajadoras en unidades penales bonaerenses lograron incorporarse a una vida laboral. “Tenemos una fábrica de bloques de cemento en el penal de Olavarría y una cooperativa de bloques en Pilar, entonces la cooperativa toma de empleados a los que salen de Olavarría”, pone Mena como ejemplo.

La quinta acción va de la mano del enlace con los gobiernos locales. Este abordaje se realiza desde las Oficinas de Inclusión ubicadas en las unidades penitenciarias mediante la labor de un equipo interdisciplinario, el cual comienza entre 6 y 12 meses previo a que una persona privada de la libertad cumpla con su condena, o que haya recibido algún beneficio de pre-libertad.

Las acciones principales constan, además de un diagnóstico sobre antecedentes y perfiles que surge de una encuesta de pre-libertad, de la garantía de entrega de su DNI, tarjeta SUBE para el retorno al hogar, certificaciones sobre los dispositivos y trayectorias formativas realizadas en contexto de encierro. También apunta a la revinculación familiar, además de brindar información sobre la articulación o acciones realizadas con su municipio de origen, u otros actores de la sociedad civil y cooperativas, la continuidad de trámites o gestiones en materia sanitaria, educativa, formativa, laboral, registral, entre otras.

Kicillof heredó un sistema penitenciario en una grave situación de crisis humanitaria. 

Plan de Infraestructura

“En estos días presenciamos un nivel de fuga récord en la Ciudad de Buenos Aires, de presos con delitos federales, en una responsabilidad compartida entre el Gobierno de la Ciudad y el nacional, por falta de una planificación profunda de la realidad penitenciaria de la ciudad”, señala Alak durante la conversación.

Enumera otro de los problemas que se encontró al asumir en 2019 y que explica problemas como el que acaba de evidenciar CABA: la cantidad de presos en las comisarías. Vidal dejó la gestión con más de 4 mil personas privadas de su libertad alojadas en comisarías que cuentan, en total, con poco más de mil plazas.

Esto no sólo genera hacinamiento y peligro de fuga, sino que, como advierten Alak y Mena, quita recursos policiales de la calle y los pone a cuidar reclusos. “Cuando asumimos, un 20 por ciento del personal policial estaba destinado a cuidar presos y no a patrullar y prevenir el delito, que es su tarea”, indica Alak. Además, son efectivos que no tienen la formación ni capacitación para la labor.

“En rigor, debería la ciudad de Buenos Aires y el sistema federal replicar nuestro modelo de alcaidías departamentales y políticas penitenciarias, apadrinado oportunamente por organismos internacionales”, destaca el ex ministro, a la vez que señala cómo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos le expresó que el plan abordado desde la gestión de Kicillof es “extraordinario”.

En este marco, el detalle de obras realizadas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 abarca la construcción de tres nuevas unidades penitenciaras. Son la 58 de Lomas de Zamora y la 59 y 60 de Merlo. En paralelo, otras nueve fueron ampliadas, principalmente en el conurbano, teniendo en cuenta que hay unidades penitenciarias con 150 años de vida y desarrolladas bajo otro paradigma de trato con los reclusos.

Además, se pusieron en pie ocho alcaidías y se ampliaron otras dos. El rol de esta institución es que permite alojar, principalmente, a los detenidos transitorios, facilitando la operatividad del Poder Judicial y descomprimiendo las comisarías. Hoy en día, según Alak, las comisarías tienen 2.700 presos, alrededor de 1.350 menos de los que mantenía Vidal.

La ampliación en la cantidad de plazas estuvo acompañada con una mayor número de personas con arresto domiciliario bajo el sistema de monitoreo electrónico. Para consolidar esta labora, se amplió el Centro de Monitoreo Bonaerenses, el más grande del país, según las palabras del ex ministro.

A todo este combo de obras se le suma que, entre 2020 y 2022, con plena pandemia en vigencia, se instalaron 15 hospitales modulares para evitar la saturación de centros municipales o provinciales y aminorando la propagación del COVID-19.