Cuando la noticia se construye desde el caso suele ser muy efectiva. Impacta, conmueve, nos posibilita ponernos en la piel del que sufre la violencia, la mentira, la manipulación de los hechos para ser perjudicado en una venganza personal. El caso descontextualizado es más efectivo aún. Opera produciendo el sentido de hacer de un hecho particular una conclusión general: ella miente, todas —o casi todas— son mentirosas. En femenino, porque de lo que se trata es de “las mentirosas”.

La falta de evidencia y de metodología que nos sitúe respecto a la dimensión del fenómeno que supuestamente se está analizando es una estrategia que sobredimensiona un aspecto del hecho particular, instalando la sensación de estar frente a un tema de relevancia superior, sin tener en cuenta una mirada completa y fidedigna.

Un buen ejemplo es la discusión de la baja de la edad de imputabilidad o el cobro a los extranjeros en el sistema de salud o de educación, todo sin las lecturas de su real dimensión en la ocurrencia de delitos, del tratamiento actual frente a esas situaciones, del impacto en las camas hospitalarias y presupuestos en el sistema de salud, etc. etc. Todo relato, no importa el dato.

El sustrato para que avancen en la construcción de sentido contra la voz de las mujeres y niñas cuando denuncian está dado, es histórico. El sistema patriarcal de dominación tutelar de las mujeres, quienes pasaban de los padres a los maridos, se comenzó a transformar hace poco más de medio siglo, algo que en la historia de la humanidad lo hace absolutamente reciente, pero, además, la tipificación y las condenas frente a diversos tipos de violencias, como las sexuales, contra las mujeres no tienen más que una o dos décadas de existencia.

La violencia de género en el ámbito familiar, como los abusos sexuales intrafamiliares, eran parte del paisaje y las costumbres, ni siquiera tenían denominación. Las mujeres no tenían lugar donde alojar los padecimientos, ni leyes que las protejan, ni afectos que abracen y ayuden a curar. Todo estaba naturalizado, invisibilizado, silenciado y cargado de autoculpabilización. Un ejemplo palmario de ello es la denominación “delitos contra la honestidad” en el Código Penal para los delitos sexuales, que fue modificado recién en el año 1999, incluyendo los ahora denominados “delitos contra la integridad sexual”. Si, recién entrando al siglo XXI pudo sacarse, por lo menos en lo formal, la connotación moral de los delitos con contenido sexual. Aunque, esta reforma no eliminó la figura del “avenimiento”, que permitía un acuerdo entre violador y violada, con promesa de casamiento, para que cese el delito; figura que se eliminó recién en el 2013, luego del femicidio de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, una adolescente de 18 años que se casó con su agresor sexual y que fue asesinada por él a los pocos días de estar conviviendo.

La moralidad sexual, religiosa, estuvo por años en la base conceptual de la norma penal, tal como ocurría con el delito de aborto, donde el objetivo final no era tanto la sanción penal efectiva como sí el establecimiento de una norma de conducta que reprochaba el sexo fuera del matrimonio y su ejercicio por fuera de su función reproductiva. Las mujeres, incluso las niñas, que tuvieran experiencia sexual previa a la violación, se encontraban frente a una mirada cuasi acusatoria respecto a su consentimiento o no en el hecho denunciado, esto puede leerse en sentencias de violaciones perpetradas por el padre biológico.

El derecho es un discurso social, legitima el poder del Estado para sancionar y establecer conductas socialmente aceptables. Debería, como dice la fe liberal, consagrar la igualdad para todas las personas, pero sabemos que esa supuesta neutralidad está atravesada por relaciones de poder, y que su ejercicio efectivo está consagrado sólo para algunos. Como señalamos, hace muy pocos años y por una extensa lucha colectiva, comenzaron a cambiarse leyes y algunas prácticas judiciales, que empezaron a incluir citas de normativa internacional, perspectiva de violación de derechos humanos y distinciones fundamentales entre las personas, para promover un real acceso a la justicia. Para algunos, y no solo de las derechas, esto es pasarse de rosca, “pasarse dos pueblos”, pretender demasiado.

Nada inocente es el foco puesto en las llamadas “falsas denuncias” por parte del gobierno nacional. Nada más y nada menos que con el ministro de Justicia, la vicepresidenta y legisladores/as tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires. El objetivo manifiesto es aumentar penas a “las mentirosas” que destruyen la vida de “los buenos muchachos”. Una causa noble y convocante si las hay… Para lograrlo no reparan en las formas, todo está permitido, como fue presentar a una joven de 18 años en el Senado de la Nación para leer un texto donde manifestaba haber mentido un abuso por el que su padre está condenado. La senadora Carolina Losada y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona han sido denunciados por este hecho por posible comisión de los delitos de “Encubrimiento agravado (art. 277 C.P.), Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (Constitución Nacional art. 75 inc. 22) y Violación de los deberes de funcionario público (248 C.P.)”. Se determinará si infringieron nuestras leyes, de lo que no tenemos dudas es de que es éticamente inaceptable exponer a una joven a su propio escarnio público para satisfacer fines políticos de dudosa necesidad.

En verdad, no debemos perder de vista lo que está detrás de este tema, que para nada parece prioritario en el contexto nacional que estamos atravesando. Lo que sucede es que estamos frente a una operación meramente ideológica, en el marco de su “batalla cultural”, que es terminar con los derechos conquistados por las mujeres y diversidades. Volver a reducir nuestra voz, reponer el modelo tutelar, el supremacismo masculino, racializado y propietario. Una sociedad de los más privilegiados, mejor si es de los mil millonarios, como los amigos del presidente en el exterior, que dicen que van a dedicar su fortuna para terminar con los avances en derechos humanos en el mundo. Es un buen ejemplo de cómo se articulan neoliberalismo y conservadurismo para profundizar un modelo deshumanizante, que requiere, como condición necesaria, amordazar la voz de las mujeres.

Con todo esto no estamos negando que puedan existir las falsas denuncias, ni que las mujeres tengan capacidad para mentir. Nada de lo humano nos es ajeno: mentir, violentar, robar, matar. Cualquier persona puede realizar estos actos más allá de su género, sector social, religión, ideología. Una verdad de Perogrullo que en el río revuelto en el que nos encontramos requiere de explicitación. Es cierto que muchas veces se mal interpreta la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades sexo genéricas como una especie de esencialismo, que las plantea como personas “castas y puras”, tocadas por un halo de bondad, que siempre son las víctimas y nunca las perpetradoras y que las respuestas siempre son punitivas. Una desviación que no se condice con el objetivo fundamental, que no es la búsqueda de privilegios sino la búsqueda de equidad, de justicia. Poder ser realmente iguales ante la ley, para lo cual resulta imprescindible reconocer las desigualdades de origen, los puntos de partida desnivelados. Para reconocernos de verdad, desde todas las diversidades que nos atraviesan a los seres humanos, para ser tratadas como personas y no subconsideradas por el solo hecho de ser mujeres o identidades feminizadas, como está demostrado que ocurrió, a lo largo de la historia de la humanidad, en el acceso a una ciudadanía recortada, en la falta de acceso a la justicia, pero también en las brechas frente a bienes materiales y simbólicos de la sociedad. Mal que le pese a nuestro presidente, las desigualdades de género son una realidad vigente en el mundo entero, como tantas otras injusticias sociales.

Según un posteo en la red social X de la actual vicepresidenta, las falsas denuncias ocurren en un 7 % de los casos denunciados de violencia de género o abuso sexual. Ninguna de estas afirmaciones tiene comprobación, ni metodología cierta de investigación. Pero supongamos que la tomáramos como dato aproximado, salta a la vista una pregunta ineludible: ¿y el 93 % de denuncias verdaderas? No les importa. Porque, además, poniendo el foco en experiencias minoritarias como las que aducen están poniendo el 100 % de las denuncias en duda. El mensaje, para un Poder Judicial remiso a los cambios progresistas, es sencillo: frente a una denuncia, no empiecen por verificar la gravedad y peligrosidad de los hechos, sino por saber si están mintiendo. Y el mensaje para las personas que sufren violencia también es claro, desalentarlas y ponerlas aún más a la defensiva. Promueven un retroceso histórico.

Solo un dato: en la provincia de Buenos Aires entre junio de 2023 y mayo de 2024 se registraron 230.792 denuncias en el marco de la Ley 12.569 de violencia doméstica, alrededor del 60% fueron causas penales. Salvo que estemos frente a un fenómeno de mentirosas compulsivas y seriales, los datos nos demuestran que en verdad estamos ante una problemática social de enormes proporciones, para la cual necesitamos revisar todo el tiempo nuestra perspectiva de abordaje. Por eso desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, hicimos cuatro congresos provinciales sobre abordaje de las violencias y destinamos más inversión pública en prevención, fortalecimos la línea 144 de atención las 24 horas y el trabajo con varones, entre otras políticas, para seguir promoviendo el cambio de las conductas. Nosotras creemos de verdad en las transformaciones sociales, sabemos que para lograrlas hace falta el Estado y una sociedad que se organiza, lucha, reclama, acompaña y defiende los derechos conquistados.

(*) Ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires