El gobierno de Mauricio Macri termina su primer año parlamentario complicado: sumó varias derrotas en los últimos meses y cavó su propia grieta con la “oposición amigable”, que colaboró con Cambiemos en la sanción de más de cien leyes impulsadas por el Ejecutivo. Las derrotas parecen una postal de vísperas de año de elecciones legislativas, que el Gobierno alimenta en busca de réditos futuros pero que dinamitan los pactos legislativos que le permitieron al minoritario oficialismo transitar un auspicioso año en el Congreso.

El acostumbramiento de Cambiemos de “ir por todo” para luego hacer concesiones cosméticas a sus proyectos y aprobar los núcleos centrales de las propuestas del Gobierno, terminó por jugarle en contra al final del año. La media sanción de Diputados al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias, acordado por el grueso de la oposición frente a “la propuesta amarreta” del Gobierno, desencajó al Presidente que cargó contra sus aliados legislativos y ahora presiona a los gobernadores para evitar un veto que lo expondría ante su propio electorado a quien le había prometido eliminar el tributo. 

También se vio obligado a acordar con los movimientos sociales –respaldados por la oposición parlamentaria– una ley de Emergencia Social para mitigar un fin de año donde la recesión, los despidos y la inflación le ganaron a la proclamada reactivación del “segundo semestre”. La reforma electoral que priorizó Macri para implementar la Boleta Unica Electrónica (BUE) en 2017 se frenó en el Senado y el decreto con el que autoriza el blanqueo de los familiares de funcionarios –expresamente prohibido en la ley de Sinceramiento Fiscal– puso en duda la fidelidad del Gobierno a los acuerdos parlamentarios.

Escoba nueva

Pero no todo el año fue así. La decisión de Macri de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en los primeros meses de gestión, no tuvo resistencia en el Congreso. Ambas Cámaras aprobaron los DNU con que Macri desarticuló la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, postergó indefinidamente y archivó el nuevo Código Procesal Penal y traspasó a la Corte Suprema las escuchas judiciales telefónicas que manejaba la Procuración.

Antes, Cambiemos colaboró en la fractura del principal bloque de diputados de la oposición tras la derrota electoral. La implosión del FpV-PJ, dio origen al Bloque Justicialista alineado con gobernadores peronistas dispuestos a pactar con el Gobierno. Macri y el oficialismo lograron sellar un “acuerdo de gobernabilidad” con el líder renovador, Sergio Massa, que junto a los desertores del FpV-PJ le garantizaron los votos necesarios para los principales proyectos del Gobierno. El nuevo reparto legislativo, también le permitió a Cambiemos arrebatarle al FpV un asiento por la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura (que todavía se dirime en la Justicia) e inclinó la mayoría del organismo que controla al Poder Judicial a favor del nuevo oficialismo. 

Fue así como el Gobierno impuso su acuerdo con los fondos buitre, que le abrió las puertas a su política de endeudamiento externo. El Senado también lo aprobó con el apoyo de los gobernadores para acceder a financiamiento propio. El delicado equilibro del bloque de senadores del FpV-PJ sobrevivió al voto dividido en el pago a los holdouts. Los gobernadores peronistas prefirieron sostener la unidad como primera trinchera para la negociación con el Gobierno. 

Resistiré 

Fue en el Senado donde comenzaron a hacerse sentir los primeros atisbos de resistencia a los embates del Gobierno. Los senadores del FpV tomaron como propio el rechazo generalizado al nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema en comisión, que únicamente había sucedido en dictadura. Los candidatos del Ejecutivo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tuvieron que someterse en marzo al proceso de audiencias públicas en el Senado. Con marchas y contramarchas, la aprobación de sus pliegos se produjo a mediados de año, aunque el Gobierno logró sortear los tibios pedidos de ampliación de los miembros de la Corte y el más airado reclamo de mantener el cupo femenino entre los cortesanos. 

La Cámara alta también le dio media sanción a ley contra los despidos masivos en el Estado y en el ámbito privado. Una multitudinaria movilización de todas las centrales sindicales avaló en el acto del 30 de abril su apoyo a la ley. En Diputados, el massismo fue con un proyecto propio que modificaba el de los senadores pero no le alcanzaron los votos. Finalmente se aprobó la media sanción del Senado impulsada por el FpV. Macri la vetó sin cargar con todo el costo político con el argumento que ahuyentaría las inversiones privadas. 

Recalculando

Cambiemos buscó recomponer su alianza con el FR y el BJ. Acordó la aprobación de llamada reparación histórica para los jubilados, que incluyó el blanqueo de capitales y bienes, a cambio de un paquete de leyes del massismo sobre seguridad. El acuerdo también incluía la postergada modificación del Impuesto a las Ganancias, una bandera electoral del massismo respaldada por el nuevo triunvirato de conducción cegetista cercana a los renovadores. Varias leyes del massismo sobre seguridad transitaron el Congreso con el respaldo de Cambiemos, pero Ganancias se postergaba nuevamente. Los renovadores ataron su reclamo en un acuerdo opositor junto a la Emergencia Social. Para evitar la derrota, el Gobierno incluyó ambos temas en la convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias con final poco feliz para el oficialismo, que busca recomponerse.

Aunque Macri pudo hacerse de su primer presupuesto para 2017, también tuvo que resignar varias iniciativas. Entre ellas, el embate para desplazar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Por venganza a la negativa del Senado de no convertir en ley la BUE, Cambiemos marginó del debate la paridad de género en la representación electoral.

El traumático fin del año parlamentario para el oficialismo, no es buen augurio para el próximo, donde estará en disputa el recambio legislativo.