A veinte años de Cromañón y dos años de la aprobación en el Congreso de la ley de expropiación del local, los sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen aguardando novedades concretas del proceso que debería derivar en la construcción de un espacio para la memoria en el lugar de la masacre. Mientras el gobierno recién da los primeros pasos para la tasación del inmueble y el Congreso debate una prórroga para la ley original, las organizaciones proyectan un espacio con "cultura y vida" donde "pueda entrar luz donde hubo oscuridad".
En los últimos meses, los familiares y sobrevivientes tuvieron dos pequeñas novedades positivas en el proceso. Primero Diputados dio media sanción, el mes pasado, a la prórroga del plazo de expropiación, estipulado en dos años desde la aprobación de la ley en 2022, para agregar cuatro años más a ese período en un proyecto que deberá ser ratificado por el Senado cuando retome las sesiones. En Diputados sólo se opusieron los legisladores del oficialismo Alberto Benegas Lynch, Guillermo Montenegro, Romina Diez y Nicolás Emma.
En segundo lugar, el Tribunal de Tasaciones de la Nación comenzó el proceso para valuar el predio de Bartolomé Mitre 3038/78, paso necesario para avanzar con la expropiación habilitada por la norma. Así lo cuenta a este diario Nicolas Pappolla, de El Camino es Cultural, que indica que, tras un largo proceso judicial, "el 16 de diciembre el tribunal pudo ingresar por primera vez al inmueble para realizar la visita ocular". "El juicio expropiatorio no se concluyó en tiempo y forma porque durante 2023 demoraron la reglamentación, y con esta nueva administración se complicaba mucho notificar a los dueños, entonces el tribunal de tasación no lograba ingresar al inmueble", explica.
En efecto, las demoras en el proceso arrancaron desde el momento mismo de la aprobación de la ley. Durante todo 2023 el gobierno de Alberto Fernández demoró la reglamentación de la norma, que sólo fue publicada en el Boletín Oficial a principios de diciembre, en los últimos días de su gestión. Además de poner en marcha el proceso, la reglamentación fijó la conformación de la comisión para administrar el futuro espacio para la memoria, cuya puesta en marcha quedó a cargo del gobierno entrante de Javier Milei.
En mayo de este año, a seis meses de la asunción del presidente, Página 12 informó que ni esa conformación ni el proceso de expropiación había avanzado en lo más mínimo. Ahora, según señala Pappolla, el gobierno designó la representación en la comisión de la Secretaría de Derechos Humanos aunque no de Cultura, mientras que las organizaciones aún deben definir sus integrantes. Nada de eso tendrá sentido, sin embargo, mientras no se concrete el paso a utilidad pública del local. El lugar todavía es propiedad de Rafael Levy, que ya cumplió su condena de 4 años y medio de prisión por su responsabilidad en la masacre.
Además de la reglamentación para la expropiación, las agrupaciones habían conseguido otro logro en 2023: la declaración de Monumento Histórico Nacional del conjunto inmobiliario del barrio de Balvanera, que incluye al boliche, el hotel aledaño y el santuario erigido sobre Bartolomé Mitre, junto a la Estación Once. Aunque en teoría eso tendría que habilitar un cuidado especial del lugar, de diciembre hasta ahora no representó ningún tipo de medida concreta de protección. Del cuidado del santuario, por ejemplo, se ocupan las propias familias y sobrevivientes que hasta llegan a realizar tareas de limpieza para mantenerlo.
El texto de la norma aprobada en 2022 contempla que en el lugar haya una "muestra permanente" que refleje "la historia de lo allí ocurrido" y espacios para la organización de actividades culturales e informativas. Ordena, además, la realización de "acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio", cuyo estado interior, veinte años después, es desconocido. La restauración, en tanto, deberá hacerse sin dejar de conservar los elementos testimoniales de la masacre, al considerar que "hacen a su valor histórico - cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar". También fija la protección por parte del Estado del santuario, al que considera parte integral de la "unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva".
Ahora, Pappolla dijo a Página 12 que "donde hubo tanta muerte tiene que haber vida". Sostuvo que en el lugar "tiene que estar a resguardo el testimonio de todos" y con espacio "para todas las expresiones sobre cómo interpretamos Cromañón, con lo que nos parece justo o injusto para que quien lo visite pueda nutrirse de eso y salir con una posición sobre el tema". "Cromañón va a pasar a ser del pueblo argentino y las organizaciones tendremos que tener la altura de poder ser objetivos al momento de contar cuestiones relacionadas con la verdad histórica", agregó.
Celeste Oyola, también sobreviviente de Cromañón, aseguró que le gustaría que el espacio sea un lugar para "dejar un testimonio y que quien quiera ir pueda encontrar un relato verdadero". "Es hora de que el Estado se haga cargo de eso, de que exista cultura y vida allí y que pueda entrar luz donde hubo oscuridad", agregó. Elsa Meilán, integrante de No Nos Cuenten Cromañón y familiar de dos víctimas de la masacre, su esposo y su cuñada, sostiene que al espacio "hay que llenarlo de vida": "Que sea un espacio de memoria, pero también un lugar donde cualquier sobreviviente que vaya pueda hacerlo sin pasarla mal", asegura.
