Desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri, el Gobierno nacional, las provincias y grandes empresas emitieron deuda en moneda extranjera por 48.772 millones de dólares. El pago a los fondos buitre, el desmantelamiento de las regulaciones cambiarias, la liberalización financiera, el restablecimiento del vínculo con el FMI y el acercamiento con Estados Unidos son algunas de las iniciativas que aceitaron el regreso a los mercados. El quiebre con la lógica del desendeudamiento que caracterizó la etapa anterior elevó en 10 puntos porcentuales el peso de la deuda pública de 43,5 a 54,6 por ciento del PIB en un año. 

A pesar de las habilidades exhibidas por el equipo de banqueros que desembarcó en el Palacio de Hacienda y las elevadas tasas de interés ofrecidas para lograr la reinserción plena del país en el mercado financiero internacional, los resultados macroeconómicos no fueron los esperados. Una porción significativa del nuevo endeudamiento en moneda extranjera estuvo destinada a pagarle a los buitres (16.500 millones), financiar la fuga de capitales (21.300 millones) y abastecer la remisión de utilidades y dividendos por parte de las multinacionales (2300 millones). Como sostiene el último informe de la consultora Idear dirigida por el economista Matías Kulfas, las reverencias al mundo financiero global para captar inversiones solo “consiguieron transformar al mercado en una ancha y bien asfaltada bicisenda financiera”. 

La decisión política de reducir los niveles de deuda externa redundó en una ampliación del margen de maniobra para la política económica argentina. Entre 2005 y 2015, el país desembolsó casi 200.000 millones de dólares para pagar vencimientos de intereses y capital de la deuda. El excesivo esfuerzo requerido por la política de desendeudamiento no sólo permitió capear con mayor holgura la crisis internacional sino que garantizó los grados de libertad necesarios para sostener crecientes niveles de demanda interna e impulsar el proceso de redistribución del ingreso. 

Ese camino quedó clausurado en 2016. De acuerdo al Observatorio de Deuda del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de Fundación Germán Abdala el endeudamiento asumido por la administración central representa un crecimiento neto del 25 por ciento respecto del total de deuda de mercado registrado al 31 de diciembre de 2015. El 68 por ciento de esa deuda fue emitida en dólares, mientras que el 52 por ciento tiene vencimientos inferiores a los 5 años de plazo. “Esto implica que en los próximos años el Tesoro se enfrentará con una creciente exigencia de divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda”, explican desde el ITE. El año que viene se esperan vencimientos por 35.000 millones de dólares, de los cuales 12.400 millones corresponden a emisiones del Tesoro Nacional realizadas a partir del 10 de diciembre de 2015.

 La advertencia es conocida: los procesos de endeudamiento externo como el que caracterizó a la Argentina entre 1976-2001 no tuvieron un correlato con procesos de desarrollo económico, ampliación de la capacidad productiva y mejoras sostenidas de las infraestructuras. En cambio, incrementaron la vulnerabilidad externa, generaron nuevas fuentes de volatilidad macroeconómica, tensionaron las cuentas públicas y profundizaron los problemas en la balanza de pagos. “Las experiencias internacionales más exitosas de desarrollo en los últimos 50 años dan cuenta de un uso moderado del ahorro externo y una mayor complementación con las fuentes internas. Tomar deuda en sí no es malo, el problema es el uso que se da a dichos flujos, caso contrario se convierten en un obstáculo para el crecimiento”, concluye Kulfas.