“Ninguneo” es el término con el que los medios comunitarios definen la mirada de la administración de Javier Milei hacia el sector. Cuando se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en octubre, las redes que agrupan a los medios del sector presentaron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) un petitorio que, entre los reclamos, insiste en el de ser recibidas por autoridades del organismo. No sucedió: es el primer gobierno que le niega una audiencia al sector comunitario. No sorprende: su política comunicacional -como las desplegadas en otros ámbitos- prioriza la concepción empresarial e individual, en detrimento de lo público y no lucrativo.

Una de las primeras medidas de este gobierno en materia comunicacional fue la suspensión de la pauta pública, con el decreto 89, del 26 de diciembre de 2023. Sin embargo, según informes de empresas dedicadas a realizar mediciones de audiencia e investigaciones académicas, la pauta siguió llegando a medios afines a través de agencias y empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, AFIP y Banco Nación. El efecto de la medida fue incrementar la discrecionalidad, históricamente denunciada por los medios comunitarios, con quienes el Estado todavía sostiene una deuda por pauta emitida en 2023.

En enero de 2024 fue intervenido el ENACOM, la autoridad de aplicación de la ley audiovisual. Esto implica, en primer lugar, la gubernamentalización de un organismo que integraba en su Directorio a representantes de la segunda y tercera minorías parlamentaria, pero, además, tiene efectos directos sobre el sector comunitario.

El más significativo: fue paralizado el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), creado por la LSCA para fortalecer la gestión, la producción y la infraestructura de los medios comunitarios e indígenas. Se suspendieron los desembolsos pautados para proyectos ya aprobados y no se realizó ninguna convocatoria en 2024. FARCO denunció que se recaudaron 2.500 millones de pesos que corresponden al FOMECA y no fueron ejecutados. Se sabe que la intención es disolverlo, porque había sido incluido en el proyecto de Ley Bases entre los artículos de la LSCA a derogar.

Además, se cerraron las 28 delegaciones del ENACOM que funcionaban en todo el país. Allí trabajaban 300 personas que, con mayor conocimiento y cercanía, tuvieron en los últimos años un rol fundamental para acompañar a los medios comunitarios e indígenas en la presentación de trámites y distintas formas de articulación con el organismo.

También fue desmantelada el área del ENACOM encargada de sustanciar los concursos de licencias y la adjudicación de autorizaciones, de modo que esta tarea es otra de las incumplidas por la actual gestión. En octubre se derogaron, además, las resoluciones que regulan la incorporación y organización de las señales en las grillas de las empresas de cable. Esto implica, entre otras cuestiones, que ya no tienen la obligación de incluir a los canales sin fines de lucro que tienen licencias ganadas en concursos públicos.

El FOMECA, el acceso a licencias, el emplazamiento de oficinas del ente regulador en el territorio, no son sólo cuestiones administrativas o económicas. Son medidas que implican el reconocimiento, la jerarquización y la promoción del sector comunitario, popular, alternativo e indígena, por el que en este país se peleó durante largas décadas.

Ese reconocimiento se expresó especialmente a través de otras dos instancias contempladas en el diseño institucional de la ley audiovisual.

Uno era el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), integrado por referentes de las provincias y los diversos sectores vinculados a la comunicación, entre ellos, los medios comunitarios y los indígenas. En 2015 lo reemplazó el Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO) ynunca se conformó.

El otro es la Defensoría del Público, que desde su creación en 2012 puso en marcha diversas líneas de trabajo -desde acompañamiento jurídico hasta procesos de formación- que apuntan a incorporar mayores niveles de diversidad y pluralismo al sistema de medios a través del fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas. La Defensoría fue intervenida en agosto de 2024 y estas líneas fueron paralizadas. Ahora, la intervención disolvió la Dirección de Capacitación y Promoción y sus trabajadores y trabajadoras fueron despedidos a través de procesos de retiro voluntario y pase a disponibilidad.

No son las únicas medidas que afectan a los medios comunitarios e indígenas. También se paralizaron o disolvieron otras políticas públicas que en la última década contribuyeron a su fortalecimiento, como los Puntos de Cultura, el programa Pro-Huerta o el Potenciar Trabajo. En el medio, producto de los tarifazos y el aumento del costo de vida, junto a la retirada del Estado del rol que -al menos relativamente- había asumido en relación a los medios comunitarios, las emisoras capean la crisis entre la reducción de las horas de transmisión y otras medidas de emergencia, pero, sobre todo, con esfuerzo militante, profesionalismo, convicción y trabajo en red: sus fortalezas de siempre.

* Docente UBA / UNPAZ

** Docente UBA - @sajaneiro

* ** Integrantes de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP)