La violencia por motivos de género dejó como saldo una treintena de femicidios en la provincia de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2024. Así lo revelaron informes de observatorios que analizan la problemática y sus derivaciones, desde donde exigen políticas efectivas de protección y derechos para mujeres y disidencias sexuales. El observatorio de violencias Mercedes Pagnutti, que tiene como referenta a la concejala Norma López, relevó 30 femicidios en la provincia, de los cuales 13 fueron cometidos en el departamento Rosario. "Es necesario profundizar en políticas transversales que permitan un correcto abordaje multidisciplinario de los problemas sociales. Esto implica involucrar a diferentes referencias y sectores en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas”, señaló la edila de Comunidad Rosario. Por su parte, el observatorio de Mumalá dio cuenta de 34 muertes violentas -entre femicidios directos y vinculados-. En el informe, instaron "al gobierno nacional y a las autoridades provinciales a priorizar esta problemática e implementar políticas de protección inmediata".

Al dar a conocer los datos registrados -a partir de notas periodísticas-, el observatorio Pagnutti analizó en su informe de este año que "la ausencia de políticas públicas efectivas fue un obstáculo significativo en la lucha contra la violencia y por la equidad". Y lamentaron que esa carencia "permitió que la violencia de género siga siendo una de las principales problemáticas en nuestro país", donde contabilizaron 294 femicidios, feminicidios, lesbicidios y trans/travesticidios.

Al mismo tiempo, sostuvieron: "En los últimos años hemos visto importantes avances en la conquista de derechos para grupos históricamente marginados. La lucha por la igualdad y la Justicia Social ha llevado a la aprobación de leyes y políticas que protegen los derechos de mujeres, niñeces, adolescencias y diversidades. Sin embargo, la conquista de derechos no es suficiente". 

En la provincia de Santa Fe, el observatorio Pagnutti registró 30 femicidios, que "dan cuenta de que el retroceso en los marcos legales e institucionales desplegados por el Gobierno Nacional para garantizar el derecho de las mujeres, diversidades y niñeces a una vida libre de violencia, impactó directamente sobre las capacidades estatales para prevenir, atender y proteger frente a la violencia de género”.

Del registro se desprende que el 40% de los femicidios fue íntimo o familiar; el 20%, en contexto de criminalidad -categoría en la que López puso la lupa ya en 2018-, 10% suicidio femicida, 3% vinculado, 3% sexual no íntimo y un 23% sin datos. Sobre el método, el 23% fue con arma de fuego, el 20% con arma blanca, 13% por golpes, entre otros. En tanto, en el 57% de los casos el femicida tenía vínculo con la víctima. El lugar del hecho, en el 70% de los casos, fue la casa de la víctima o de ambos.

Además, en el territorio provincial 15 niñeces y adolescencias quedaron sin madre. “Sin herramientas, presupuesto, personal idóneo y suficiente, el Estado no puede asistir a mujeres y diversidades que están en riesgo, y mucho menos a niñeces y adolescencias que se ven vulneradas ante el femicidio de sus madres”, indica el informe.

"La conquista de derechos en materia de políticas de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, desde la tipificación del femicidio hasta las medidas punitivas, programas de acompañamiento y de reparación, han demostrado la necesidad de continuar profundizando a lo largo y ancho del país políticas transversales para su correcto abordaje multidisciplinario. Esto implica una contundente y necesaria articulación del Estado Nacional, Provincial y Municipal junto al Poder Judicial y las organizaciones que trabajan la temática y realizan el acompañamiento de personas", agrega. 

Desde el observatorio sostienen que “un gobierno que, por decisión política, atenúa sus intervenciones y abordajes, demonizando las políticas en materia de género e igualdad, nos alerta que mujeres, niñeces y diversidades quedarán redimidas a la fatalidad de las violencias”. Y remarcan que “si no se abordan las desigualdades reforzadas por el ajuste, tampoco será posible erradicar y prevenir las violencias. La situación económica que mujeres y diversidades atraviesan hoy, sumado a la alta carga de tareas de cuidados, es aprovechado por el patriarcado para sostener las situaciones de violencia por motivos de género”.

Los datos en relación a otros informes tienen diferentes variables que cada observatorio fue conceptualizando a lo largo de los años de trabajo en la temática.

Por su parte, el registro de Mumalá dio cuenta de 34 muertes violentas durante 2024 en la provincia: 14 femicidios (1 vinculado mujer, 2 vinculado varón), 6 feminicidios (casos en contextos de economías delictivas), uno en situación de robo; 3 suicidios femicidas (inducción al suicidio motivado por violencia de género), y 10 casos en investigación. Además, dieron cuenta de 14 intentos de femicidio en el mismo período.

El informe denuncia que "el gobierno nacional incumple leyes y tratados con rango constitucional del Estado argentino en materia de género, que esto opera desalentando a las mujeres y diversidades sexuales en la solicitud de intervención estatal", al tiempo que exige Emergencia Nacional en Violencias de Género. “Seguimos exigiendo se restituyan políticas públicas para el abordaje de las violencias, que las mismas sean efectivas que protejan nuestras vidas y las de nuestras comunidades”, expresó Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá. Y sumó: "Mientras el Ministro de Justicia Cuneo Libarona y Adorni celebran un año de eliminación del Ministerio de las Mujeres con mensajes odiantes, las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad donde nos matan todos los días".