Las autoridades de Corea del Sur exigieron este lunes una orden judicial para detener al depuesto presidente Yoon Suk Yeol por negarse a ser interrogado sobre su fallida imposición de una ley marcial. El equipo conjunto de investigación, que está pesquisando a Yoon en paralelo con la Fiscalía, explicó también que pidió al tribunal una orden de registro para la Oficina Presidencial y el llamado refugio de seguridad presidencial, ante los problemas que el servicio de seguridad presidencial impuso para recolectar evidencia.

Los argumentos del pedido

"El Cuartel Conjunto de Investigación presentó una solicitud de arresto para el presidente Yoon Suk Yeol ante la Corte del Distrito Oeste de Seúl", indicó el equipo investigador en un comunicado. La orden de arresto fue presentada en torno a las 0:00 del lunes, según explicaron a los medios representantes del mencionado equipo de investigación, integrado la oficina anticorrupción, la policía y la unidad de investigación del ministerio de Defensa Nacional.

La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre, y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla. Yoon se negó el domingo, por tercera vez, a presentarse a un interrogatorio, por lo que los servicios de investigación presentaron la solicitud.

El líder conservador fue depuesto por el Parlamento el 14 de diciembre y se encuentra suspendido de sus funciones a la espera de que la Corte Constitucional decida si valida o no la decisión de los diputados, y tiene prohibido salir del país. La crisis se agravó la semana pasada cuando su sustituto interino, Han Duck Soo, también fue destituido por los legisladores por negarse a firmar leyes para abrir investigaciones contra Yoon.

El mandatario depuesto enfrenta cargos penales por insurrección que podrían acarrearle una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Un informe de la Fiscalía visto por la agencia AFP indica que Yoon autorizó a las fuerzas armadas a disparar sus armas si lo necesitaban para ingresar a la sede del Parlamento el día en que promulgó la fallida ley marcial, que fue revertida por Yoon horas después de su promulgación luego de que los diputados votaran por derogarla.

Yoon niega las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un "acto de gobernanza" que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que descubrieron como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.

El delito de insurrección es el único en el que no prevalece la inmunidad en Corea del Sur, que lo castiga, en el caso de aquellos a los que se considera líderes de un levantamiento, con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en el país asiático desde 1997). Los representantes legales de Yoon anunciaron poco después de conocerse la noticia que presentarían un escrito protestando la petición y recordaron que técnicamente solo la Fiscalía puede solicitar una orden de arresto preventivo en Corea del Sur.

"Un presidente en funciones no puede ser procesado por abuso de poder", dijo el abogado defensor Yoon Kap Keun. "Por supuesto, hay opiniones académicas diferentes sobre si se puede investigar a un presidente por abuso de poder y algunos afirman que las investigaciones son posibles. Pero incluso cuando se permiten investigaciones, la opinión predominante es que deben ejercerse con la máxima restricción", expresó Yoon, quien evitó aclarar cómo respondería el equipo legal si la Corte aprueba la orden de detención contra el presidente. 

"Poner fin a la rebelión"

Han Min Soo, vocero del opositor Partido Democrático, pidió a la Corte que emita la orden, diciendo que la detención de Yoon sería el primer paso para "poner fin a la rebelión y restaurar la normalidad". En una investigación criminal separada sobre Yoon, las autoridades ya detuvieron a su ministro de defensa, al jefe de policía y a varios otros comandantes militares involucrados en el intento de hacer cumplir el decreto de ley marcial, que recordó al autoritarismo que el país no había visto desde 1980.

El nuevo líder interino del país es el vice primer ministro Choi Sang Mok, quien también es ministro de Finanzas. Para poner fin formalmente a la presidencia de Yoon, al menos seis jueces del Tribunal Constitucional de nueve miembros deben votar a favor. Actualmente hay tres asientos vacantes tras jubilaciones, y un tribunal completo podría hacer más probable la condena. Choi, quien coordinó la respuesta del gobierno a un accidente aéreo que mató a 179 personas el domingo, aún no dijo si tiene la intención de nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional.