El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido al Ministerio de Seguridad para que detalle las características de los operativos de las fuerzas de seguridad nacionales que actuaron contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el marco de los cuales fue asesinado Rafael Nahuel y que informen cómo van a proceder en el caso. “No  no nos parece suficiente la respuesta que la ministra Patricia Bullrich dio en la conferencia, en la que sostienen que ellos dan por verdad lo que dice la Prefectura”, apuntaron desde el organismo de derechos humanos, que busca, con el pedido de informes, “hacer pública cierta información en relación con la actuación del ministerio, que es desde hace tiempo de escasa transparencia en muchos sentidos”, remarcó Manuel Tufro, coordinador del Equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

“Parte de las atribuciones irrenunciables del ministerio en tanto conducción política de la fuerza es investigar qué pasó en cada caso en el que un efectivo, cualquiera sea la fuerza, dispare un solo tiro”, evaluó.  

El pedido de informe que el CELS presentó ayer a Bullrich apunta a recolectar información oficial del Ministerio de Seguridad en torno a dos grandes ejes. Por un lado, los operativos de las fuerzas de seguridad nacional contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, establecida hace más de dos meses en la zona de Villa Mascardi, en Bariloche. En el marco de uno de esos operativos, resultó muerto el sábado pasado Rafael Nahuel, de 21 años. Al respecto, el CELS pidió a la cartera a cargo de Bullrich detalles sobre el operativo: qué fuerzas y reparticiones intervinieron, cuántos efectivos, qué tipo de armas y municiones usaron en cada instancia del operativo; qué cuidados sanitarios y médicos tomaron, y si las fuerzas filmaron o tomaron fotos. 

El CELS también busca que el Ministerio de Seguridad informe cuántas personas fueron detenidas entre el jueves y el sábado pasado y quiénes son, así como cuántas personas resultaron heridas. Quiere que la cartera informe los “fundamentos de la decisión de desplegar un grupo de operaciones especiales como el Grupo Albatros para intervenir en una ocupación de tierras”; sobre qué información se basan para elaborar estrategias respecto de supuestos “grupos con metodología de violencia armada” en la Patagonia y que indique si el objetivo de las fuerzas federales en la zona “se circunscribió a la cuestión de desalojar el predio” o si tuvieron otros. “Solicitamos específicamente que se nos informe qué objetivo perseguían los agentes al momento de disparar contra personas presentes en el predio y terminar con la vida de Nahuel”, indicaron. 

Por otro lado, el organismo quiere saber “qué piensan hacer a partir de ahora” en relación con el caso. Sobre este punto, el CELS pidió a Bullrich que informe qué medidas se tomaron para preservar las evidencias y la escena de la muerte de Rafael Nahuel; si hubo “elementos secuestrados” en la zona del lago Mascardi, en especial, si encontraron las “armas de ‘grueso calibre’ y las máscaras de gas que, según la versión de los hechos elaborada por Prefectura y convalidada sin más por el ministerio, habrían sido utilizadas para atacar a los prefectos”. Además, solicitó saber qué medidas asumió o asumirá el ministerio “para encarar la investigación interna sobre lo actuado por las fuerzas federales que intervinieron”. Insistió en obtener información sobre normativas y principios de actuación vigentes para la intervención de fuerzas de seguridad, así como la vigencia o no del Programa de Uso Racional de la Fuerza, creado en 2012. 

Para Trufo, el hecho de otorgar credibilidad absoluta a las fuerzas “es gravísimo. No es que hay que considerar que mienten, sino que hay que chequear siempre lo que dicen”.

Para el CELS, la muerte de Nahuel se enmarca “en una escalada represiva relacionada con el marco interpretativo que el Gobierno adoptó para considerar los conflictos por reclamos territoriales de los pueblos originarios como amenazas a la seguridad nacional”, apuntó Tufro. Así, el pedido de informe del organismo busca “hacer pública” cierta información vinculada a esa manera de proceder. “En todo lo que comunicaron y comunican al respecto hay supuestos que ellos dan por comprobados pero que están lejos de estarlo. ¿En qué información concreta se basa este diagnóstico? La sociedad debe saberlo”, remarcó. 

Amnistía Internacional Argentina presentó un pedido similar al del CELS.