El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, negó este lunes que la detención de cuatro adolescentes del barrio Las Malvinas, aún con paradero desconocido, fuera parte de una operación del Ejército, sino que estuvo motivada por un "presunto acto de flagrancia" de los involucrados. Loffredo compareció junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas en una comisión de la Asamblea para dar detalles de lo ocurrido el 8 de diciembre, cuando una patrulla del Ejército detuvo en este barrio situado en el sur de Guayaquil a cuatro menores de entre 11 y 15 años. Organismos de la ONU y la OEA, así como organizaciones de derechos humanos locales expresaron su preocupación por este caso que tiene en vilo al país.
"No encubrimos a nada ni a nadie"
"La aprehensión de los adolescentes no fue parte de una operación", explicó Loffredo, quien aseguró que los militares volvían a la base de Taula cuando sorprendieron a los implicados cometiendo un supuesto delito y actuaron cumpliendo con su "deber ciudadano" deteniéndolos. Más de 20 días después de la desaparición de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, una jueza reconoció que se produjo una "desaparición forzada" con responsabilidad del Estado tras aceptar un recurso presentado por las familias, que denuncian la inacción de las autoridades a pesar de que hay imágenes de lo ocurrido.
Ante la comisión legislativa de la Niñez, a la cual fue convocado, Loffredo envió un mensaje dirigido a los padres de los menores, comprometiéndose a "no encubrir a nada ni a nadie" y "actuar con total transparencia" para aclarar el paradero de los adolescentes. El alto funcionario agregó que continuará "colaborando y brindando todas las facilidades para que la Fiscalía esclarezca este caso", que generó terror ante el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados cerca de una base militar sin que las autoridades informen sobre su identificación.
Además de Loffredo, en la comparecencia participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y otros representantes de los militares. En paralelo a la intervención de las autoridades, la ONG ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos pidió a la Asamblea que ponga en marcha un proceso de impeachment contra el ministro de Defensa, sumándose así a la presentada también por la principal fuerza de la oposición Revolución Ciudadana.
El video de la polémica detención
Las imágenes que se difundieron la semana pasada muestran como varios militares detienen a dos de estos niños cerca de un centro comercial, los golpean y suben a una camioneta. El martes 19 de diciembre se encontraron cuatro cadáveres calcinados cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. A la espera de conocer la identidad de estos cuatro cadáveres, que podría alargarse hasta un mes debido al avanzado estado de descomposición, son 16 militares los que están siendo investigados y se espera que sean acusados formalmente por delitos de desaparición forzada.
La noche del 8 de diciembre, un desconocido se contactó con la familia Arroyo y puso al adolescente Ismael al teléfono, quien según su padre relató que agentes "se bajaron como locos", los "persiguieron", "hicieron disparos al aire", los "maltrataron" y los "dejaron botados". En otra llamada posterior, un anónimo aseguró a la familia que "la mafia se los llevó". Los militares dieron una entrevista en la que afirmaron que los jóvenes fueron detenidos por un supuesto robo a una mujer. Cuando estaban siendo trasladados al puesto policial más cercano recibieron una llamada sobre una pelea multitudinaria, por lo que decidieron soltarlos "sanos y salvos" para poder atenderla.
El conflicto armado interno
Este lunes organizaciones de derechos humanos exigieron verdad, justicia y reparación "frente a la desaparición forzada" de los menores y demás "casos de graves violaciones de derechos humanos en 2024". En un comunicado conjunto, recordaron que el pasado 9 de enero el presidente Daniel Noboa declaró por primera vez la existencia de conflicto armado interno contra las bandas criminales, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo las cárceles.
"En este contexto se promovió el uso de la fuerza letal para 'neutralizar grupos terroristas'", mencionaron las organizaciones al recordar que esa declaratoria fue cuestionada por organizaciones de DD.HH. nacionales e internacionales, quienes advirtieron que dicha medida ponía "en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía". A su vez señalaron que la situación en Ecuador y la justificación del Ejecutivo "no cumplía ni cumple con los requisitos establecidos para tal declaratoria", que se dio en un momento de un recrudecimiento de hechos violentos en el país, que incluyeron motines en cárceles y la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados, durante una transmisión en vivo.
"Un enfoque securitista y punitivista"
En el escrito, organizaciones como la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos recordaron que se alertó en su momento que la movilización de los militares, entrenados para combatir al "enemigo", era una medida mediática que reforzaba "un enfoque securitista y punitivista" y ponía "en grave riesgo derechos humanos fundamentales". En el comunicado, los organismos denunciaron la desaparición forzada de los cuatro menores "como hechos sistemáticos que están ocurriendo en todo el país en contra de la población joven, empobrecida y racializada".
Los firmantes del documento exigieron a la Corte Constitucional hacer respetar sus dictámenes y asegurar que la movilización de los militares para tareas de seguridad ciudadana sea temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Pidieron que "los casos de graves violaciones" a los DD.HH. supuestamente "ocurridos en 2024 sean investigados, acompañados y resueltos" conforme a la naturaleza de los casos y la normativa vigente.
Las organizaciones también responsabilizan a Loffredo por los ataques que recibieron las familias de los menores en redes sociales "por medio de campañas de estigmatización y desinformación". Exigieron al Parlamento que, por "justicia a todos los casos de graves violaciones" de derechos humanos se enjuicie políticamente" a Loffredo, y formularon un llamamiento a organismos internacionales de derechos humanos para que visiten Ecuador para constatar "los hechos ocurridos durante el 2024".
