Como en una vieja película del lejano oeste norteamericano, donde el sheriff era el hombre fuerte del pueblo y decidía sobre la libertad y la vida de sus vecinos, una decena de policías rosarinos el Comando Radioeléctrico, están siendo acusados en los tribunales provinciales, por operativos absolutamente amañados, con argumentos inventados para simplemente robar a sus víctimas, quienes terminaron largos meses tras las rejas por capricho de los uniformados. Uno de los jefes responsables es Luis Albero Pais, quien protagonizó una polémica persecución a un narco de Cañada de Gómez, quien se refugió en el estudio jurídico de los hermanos Rossini, y que al denunciar al efectivo este terminó preso por el fiscal Santiago Tosco. Pero la taba se dio vuelta cuando el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro, en 2022, denunció al funcionario judicial, que terminó suspendido por la Legislatura por esa detención. Hoy, ese mismo policía Pais, destinado en Rosario, armó una verdadera escuela de formación del delito entre sus subalternos, con las peores mañas policiales conocidas.
Los diez policías del Comando Radioeléctrico que fueron detenidos el 22 de diciembre fueron imputados por los fiscales Karina Bartocci y José Luis Caterina por allanamientos ilegales, robos, lesiones, haber plantado armas y haber falsificado actas de procedimientos. La audiencia, que comenzó el lunes, se reanudará hoy a las 8 en el Centro de Justicia Penal, ante la jueza María Melania Carrara.
Además de Pais, están siendo imputados María Eva Tenallia, Jaquelina Roldán, Brian Facundo Pereyra, Melani Rocío Pabon, Gisela Lorena Noni, Agustina Noelia Molina, el jefe de tercio Gastón Nicolás Mendoza, Stella Maris Campi y Marcelo Gabriel Buljubasich.
El primero de los operativos tuvo lugar el 27 de marzo de 2023, cuando Buljubasich, Campi y Tenalli ingresaron sin autorización judicial en varias propiedades de Villa La Bombacha, en una de las cuales robaron 50 mil pesos, perfumes y dos celulares. Los policías dijeron que un sospechoso se había resistido a ser identificado, por lo que lo persiguieron y detuvieron con una mochila que contenía -dijeron- dos armas de fuego. Por ese motivo estuvo preso desde aquella fecha hasta el 31 de agosto del año pasado.
En el segundo caso fueron acusados Pais, Buljubasich, Campi, Noni y Tenallia, quienes según argumentaron los fiscales, el 19 de abril de 2023, el primero de los policías nombrados frenó el paso de un Chevrolet Astra en San Martín y colectora de Circunvalación, con dos ocupantes. A uno de ellos le robó 35 mil pesos. Luego, los restantes policías fueron a un departamento del complejo Fonavi de Cochet y Donado, donde entraron ilegalmente y plantaron una pistola calibre 9 milímetros, y después ingresaron sin permiso en la vivienda de su suegra, en barrio Tango.
El fiscal Caterina reseñó los dichos de los unfirmados: que habían perseguido a un auto que en Donado y Cochet había entregado un bolso con un arma a una motociclista, y que luego el sospechoso se había resguardado en una propiedad de barrio Tango.
En otro caso la agente Roldán fue acusada por falso testimonio por un hecho del 8 de mayo de 2023 en barrio Las Flores, cuando detuvieron y golpearon a un presunto distribuidor de drogas, quien terminó internado y suturado en su cabeza. El sospechoso pasó 66 días preso.
También por un operativo del 15 de enero de 2024 Pais, Buljubasich y Tenallia fueron imputados cuando irrumpieron en una propiedad de Parque Casas, y plantaron un revólver calibre 32 largo por lo cual aprehendieron al dueño de casa, quien estuvo tres días tras las rejas, hasta que se le restituyó la libertad. Los fiscales están convencidos que todo el movimiento ilegal fue porque le habían robado una moto al hijo de la policía Tenallia.
En tanto el 9 de junio Pais, Noni y Pereyra, por su parte, ingresaron sin autorización en tres viviendas de barrio Alvear, donde arrestaron a un hombre al que le supuestamente le habían encontrado una pistola calibre 22. En el análisis del caso, los fiscales indicaron que los imputados mintieron al decir que lo habían demorado en la calle, y agregaron que en las propiedades en las que entraron provocaron destrozos de puertas y televisores. En este legajo, otro policia de apellido Mendoza solo estuvo por falso testimonio. El detenido en barrio Alvear pasó 48 días preso, hasta que el 26 de julio pasado el Ministerio Público de la Acusación le dio la libertad.
El sexto procedimiento trucho fue consignado a Mendoza, Molina, Noni, Pais y Pereyra, quienes el 13 de junio de 2024 en Vía Honda le robaron a un hombre 130 mil pesos. Cuando la víctima comenzó a gritar que le estaban sacando la pensión de su hermano que tiene una discapacidad–situación que quedó acreditada con documentación bancaria–, los policías lo golpearon a él, a dos familiares, lo tiraron al piso, le pusieron un revólver –para darle fundamento al arresto– y comenzaron a efectuar disparos anti tumultos a los vecinos que pedían que dejaran de pegarle. A la hora de argumentar el operativo, los agentes indicaron que la víctima del robo en realidad había sido sorprendida con un revólver calibre 44 en la vía pública. Por ese motivo, es que el asaltado estuvo preso desde el 13 de junio hasta comienzos de diciembre de este año.
La fiscal Karina Bartocci imputó el séptimo procedimiento ilegal a Gastón Mendoza, Agustina Molina, Gisela Noni y Brian Pereyra. Según explicó, el 16 de junio pasado aprehendieron a un motociclista en Provincias Unidas y Mendoza, que estuvo preso hasta este 30 de diciembre porque supuestamente lo habían denunciado por haber intentado asaltar a punta de pistola a una persona cerca de Las Cuatro Plazas.
A continuación, los fiscales relataron las irregularidades que quedaron asentadas en el acta: pusieron que incautaron un revólver, cuando testigos contaron que los agentes habían exhibido una pistola calibre 22, y señalaron que habían tomado declaración a la víctima del intento de asalto, cuando eso no había ocurrido, en función de los GPS y otras diligencias que se llevaron a cabo.
Caterina también acusó a Luis Pais, Brian Pereyra y Gisela Noni por un allanamiento ilegal del 28 de julio pasado en la zona norte, donde robaron 95 mil pesos, 10 mil dólares y plantaron un arma para fundar el procedimiento.
