La provincia de Buenos Aires enfrenta un bloqueo político sin precedentes. La decisión del gobernador Axel Kicillof de prorrogar el presupuesto y la Ley Fiscal no es un capricho ni una imposición: es una medida necesaria frente a la obstrucción deliberada que compromete la gestión provincial y los derechos de millones de bonaerenses.

Para entender este conflicto, primero hay que saber de qué se trata. Lo que el gobernador está pidiendo no es nada extraordinario: un presupuesto, una ley fiscal razonable y la posibilidad de acceder al crédito. Tres herramientas básicas que todo gobierno necesita para garantizar servicios esenciales como salud, educación, seguridad y obra pública.

El presupuesto que presentó Kicillof incluye un tope del 28% de aumento en impuestos, algo sensato en un país donde la inflación supera el 100%. También solicita un acceso al crédito equivalente a menos de la mitad de los 2,9 billones de pesos que la Nación dejó de enviar este año, incumpliendo leyes clave como la de Financiamiento Educativo.

Estos fondos no son un lujo, son una necesidad. La Provincia debe saldar deudas heredadas en dólares, como las de la gestión Vidal, y continuar obras fundamentales que ya están en marcha: la doble mano de la Ruta Interbalnearia, la repavimentación de la Ruta 2 y los 171 centros de salud construidos. Mientras tanto, el gobierno nacional tomó en el primer semestre de 2024 69 mil millones de dólares de deuda —53 veces más que lo que solicita Buenos Aires— sin destinar un solo peso a obras públicas en la provincia.

Entonces, cuando sabemos de qué se trata, podemos calificar lo que está pasando. Y lo que está pasando es un boicot. Una provincia que genera casi el 40% de los ingresos del Estado federal y recibe apenas el 21,5% en coparticipación, está siendo tratada como un enemigo político.

Este bloqueo no afecta al gobernador, afecta a los bonaerenses. A los docentes, médicos, policías y trabajadores que dependen de un presupuesto aprobado para cumplir con su labor. A las familias que necesitan rutas seguras, hospitales funcionales y una educación pública de calidad.

Buenos Aires no es una carga. Es el motor productivo que sostiene a la Argentina. Sin embargo, en lugar de reconocerlo, la someten a un bloqueo político y fiscal que no solo es irresponsable sino también antidemocrático.

No se trata de defender a un gobierno o a un gobernador. Se trata de defender los derechos básicos de millones de bonaerenses. No podemos permitirnos ser espectadores pasivos. Necesitamos una ciudadanía activa que exija compromiso, diálogo y transparencia. La provincia de Buenos Aires no puede seguir siendo rehén de intereses mezquinos que atentan contra su desarrollo y su gente.

(*) Gustavo Pulti es legislador bonaerense de Unión por la Patria.