Tras la pausa de las fiestas de fin de año, se prevé que hoy se retomará el trámite de la causa judicial por el asesinato en el norte salteño del trabajador de frontera Fernando Martín Gómez, muerto de un disparo en el pecho la madrugada del 18 de enero, un hecho en el que está involucrado la Gendarmería Nacional pero por el que todavía no hay acusados identificados ni detenidos. 

En este marco, el abogado David Leiva tene previsto presentarse como querellante en representación de la familia de Ariel Arnaldo Gareca, otro pasador de hojas de coca que la misma madrugada recibió un perdigón de plomo en la cabeza y permanece inconciente desde entonces. 

Leiva, que por años investigó e impulsó causas penales por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal de la década del 70, considera que la violencia desatada el 18 diciembre a la altura del Puesto 28 de control de Gendarmería sobre la ruta nacional 50, entre el pueblo fronterizo de Aguas Blancas y la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, es parte de un plan concertado por funcionarios del gobierno nacional. 

"Yo creo que ellos planificaron el tema de generar daño a la salud, incluida la muerte. Para mostrarlo nacionalmente, ellos quieren disciplinar, quieren mostrar que se este gobierno tiene la mano dura y han elegido un lugar", aseguró en conversación con Salta/12.

Para quien conoce la habitualidad del bagayeo en la frontera con Bolivia, es claro que esa madrugada las cosas se sucedieron dentro de ese marco de prácticas acostumbradas, legales y por fuera de la ley. Solo cambió el accionar de los gendarmes. Gómez murió por un perdigón de plomo en el pecho, y Gareca, que es su primo y vive enfrente de la casa del bagayero fallecido, lucha por su vida con un perdigón de plomo en la cabeza. 

Gareca fue herido después de la muerte de Gómez, en la protesta frente al Puesto 28, "de eso no hay duda", afirmó Leiva. Contó que el hermano de Gareca, que también es "chanchero" (como les llaman a los pasadores de hojas de coca) y estaba con él en ese momento, dice que fue herido a las 5 de la mañana, "ahí tenemos la responsabilidad directa de la Gendarmería", ratificó el abogado. 

Recordó que en la protesta los bagayeros tiraban piedras contra los gendarmes, que respondieron con tiros de escopetas reglamentarias con cartuchos de perdigones de plomo: "no sé si será un medio equivalente y razonable que tiren con perdigones de plomo". "Ese va a ser un tema a tratar", adelantó. "Creo que quisieron sembrar un muerto. Ellos son profesionales del tiro, con los perdigones de goma le pegaron en el ojo a otro", que perdió un ojo. "No fueron disuasivos. Quisieron plantar el daño, y mostrar. Y en ese daño hay un muerto, hay uno que no sé como quedará".

El abogado consideró que es necesario "conocer las órdenes" impartidas a los gendarmes, y también es importante la peritación de las armas usadas y qué tipo de municiones tenían. Se prevé que esas peritaciones comenzarían hoy. 

En cuanto a los gendarmes que estuvieron en el Puesto 28, Leiva consideró que son todos identificables por los registros de la fuerza. "No creo que haya dificultades en probar el grupo", dijo, y añadió que es probable que sea más difícil probar quién portó los distintos tipos de arma usadas en los hechos del 18 de diciembre. 

"Creo que hay que llevarlo con tranquilidad para ver si podemos escalarlo en el tema de las responsabilidades penales. Si podemos mostrar la responsabilidad de (la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia) Bullrich", agregó. 

Leiva viene advirtiendo sobre la preparación de un escenario para mostrar mano dura, a expensas de la conculcación de derechos. En este sentido ahora volvió a recordar que la ministra viene hablando de la frontera norte desde hace tiempo. "Mi impresión, aclaro que lo podemos presentar como la teoría del caso, es que todo esto que sucedió con la intervención de Aguas Blancas, del juez provincial (Claudio Parisi, detenido y destituido), estos planteos que hacía la televisión nacional de que Orán era Sinaloa, porque así lo estuvieron mostrando los medios de comunicación, es todo una estrategia para sembrar un muerto", ratificó.  

Añadió en esta línea que muchas personas en Orán descreían de un ataque como el sufrieron los trabajadoras de frontera, y, sin embargo, señaló el abogado, se trata de un gobierno que no duda en reprimir a jubilados y jubiladas a la vista de todos los medios de comunicación en la capital del país. "El electorado de ellos (La Libertad Avanza) va a admitir que apaleen, esa es mi impresión, a quienes ellos muestran después como contrabandistas y narcos".

En la ciudad de Orán hay narcotraficantes, pero, como ocurre en toda la provincia, no hay carteles de la droga, sino clanes, sostuvo Leiva. "No hay ejércitos de carteles que están dispuestos a matar intendentes, jueces", desmintió las afirmaciones públicas sobre la situación en la frontera del departamento Orán. "Entonces yo creo que es algo planificado, han generado el enemigo público y a ese enemigo público la idea es privarle de todo los derechos. A Fernando lo han privado de su vida, y todavía los familiares no fueron llamados a declarar. Yo conozco a gente que ha estado en el lugar que tampoco los han citado a declarar".

"Esta es la frutilla de lo que estuvieron pregonando, por eso yo entiendo que ellos (funcionarios y funcionarias) tienen una responsabilidad directa, no en la ejecución, sino una responsabilidad directa en las órdenes. Si hiciéramos un parangón con los juicios de lesa humanidad, ellos serían los autores mediatos", aseguró.

Quisieron desechar el cuerpo 

Leiva recibió testimonios de aquella madrugada. En el entierro del trabajador asesinado otro chanchero le contó que "cuando lo matan a Fernando Gómez empezaron a arrastrar el cuerpo para sacarlo del lugar", y entonces "se comunican con handy, entran todos (los bagayeros) y los gendarmes se tuvieron que escapar, y ahí es cuando se convocan para ir al Puesto 28".

Una hora antes, Gómez caminaba junto al grupo de bagayeros que esperaba cruzar para el lado argentino. Habitualmente esos grupos tienen a alguien que hace de campana y les da el aviso sobre el momento en el que pueden comenzar a pasar. Esa madrugada se habilitó el paso creyendo que ya no estaban los gendarmes pero apareció una patrulla. Aunque todavía no está claro qué ocurrió exactamente en ese momento, hay relatos que dicen que entonces algunos arrojaron sus cargas y corrieron a esconderse, pero otros huyeron con el bagayo. Los gendarmes les dispararon y ahí cayó Gómez.

"Los gendarmes lo patearon, y le pegaron los balazos (tenía otro disparo en la pierna)". Los testimonios sostienen que después los gendarmes arrastraron el cuerpo con la intención de arrojarlo al río Pescado, y que eso fue lo que provocó la reacción de los bagayeros. 

En esa tierra convulsa que es la frontera, sobre todo por las noches, con cientos de personas pasando por los caminos que comunican a Argentina con Bolivia, los robos de cargas son parte de los riesgos, y pueden venir de integrantes de la Policía o la Gendarmeria, y también de otros chancheros. Así ocurre desde hace años, con más virulencia desde la década del 90, cuando las políticas del menemismo, que LLA reinvindica, restringieron aún más las fuentes de trabajo. 

Leiva, que es oranense y sigue viviendo en su ciudad natal, insistió en que los chancheros saben quién trae droga y quién no, y que en su gran mayoría son trabajadores precarizados. "Ellos trabajan por el día, esa es la realidad, y las mulas (los que transportan alguna carga de droga) tienen el mismo nivel de actividad laboral acá que el que trae coca o el que trae ropa, porque son mulas, son tipos que traen por ganarse un mango, no es que ellos sean millonarios, no son los que pasan grandes cantidades".

El abogado también cuestionó que se haya aplicado esta violencia contra este eslabón débil del contrabando. Mientras "lo que es contrabando grande sigue pasando por la misma finca que pasaba antes". "En eso no ha cambiado nada", aseguró.