Hacemos Santa Fe, el espacio liderado por el exgobernador Omar Perotti, impugnó el Congreso partidario del Partido Justicialista. En una carta firmada por la abogada María Florencia Marinaro, el sector expuso las irregularidades cometidas en el cónclave y manifestó su preocupación “por las actuaciones de tinte autoritario que han deslegitimado y llenado de vicios y nulidades a tal Congreso”. El perottismo además le exige al presidente del partido, Guillermo Cornaglia, que anule las resoluciones adoptadas el pasado 28 de diciembre y se convoque a un nuevo Congreso provincial donde se garantice la transparencia y el control adecuado de los participantes. “Vamos a esperar los diez días que se plantean en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Si dentro de ese plazo no hay respuestas, recurriremos al Tribunal Electoral de la provincia y, posiblemente, a la vía de amparo”, advirtió Marinaro en declaraciones a Rosario/12.
El fallido Congreso del justicialismo sigue dejando tela para cortar. El encuentro se realizó el pasado 28 de diciembre con una participación mixta entre lo presencial y lo virtual, desde la sede partidaria en la ciudad de Santa Fe. Ese día, los sectores liderados por el senador nacional Marcelo Lewandowski y el exgobernador Omar Perotti, más el Movimiento Evita, abandonaron la reunión en disconformidad con la forma en que se desarrollaba el evento convocado para definir la estrategia electoral del 2025. Dos días después, el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó su renuncia como vicepresidente del partido luego de calificar como un “espectáculo bochornoso” al encuentro provincial, además de denunciar la presencia de “personas que no eran congresales” en la votación.
En ese marco, este jueves el perottismo movió el avispero con una carta donde se reclama la nulidad de todas las resoluciones adoptadas y se exige la realización de un nuevo Congreso provincial “garantizando la transparencia y el control adecuado de la identidad de los congresales participantes, con auditoría y veeduría de los órganos electorales correspondientes”. En el petitorio también se destaca el reclamo para que se aseguren los principios democráticos dentro de la discusión interna del partido y, en caso de que eso no pueda darse mediante elecciones internas, se establezca la “libertad de acción a cada afiliado para participar en otros frentes políticos en la categoría convencionales constituyentes, prescindiendo su participación en el Partido Justicialista”.
En la misiva dirigida a Cornaglia se esbozan tres puntos que argumentan la impugnación del Congreso. Uno es la falta de garantías de transparencia en la acreditación de congresales. “Durante el desarrollo del Congreso, la Comisión de Poderes no realizó la acreditación correspondiente ni verificó la identidad de cada uno de los congresales conectados a la plataforma Zoom. Esta omisión resulta una grave irregularidad, ya que impide conocer fehacientemente si las personas conectadas y participando efectivamente eran congresales habilitados”, se detalla en el escrito. Asimismo, la carta asegura que “se constató la presencia de personas ajenas a la calidad de congresales, quienes accedieron a la sesión sin ningún tipo de control”.
En diálogo con Rosario/12, Marinaro explicó que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en pandemia, la Cámara Nacional Electoral habilitó la realización de congresos y asambleas partidarias de forma virtual, pero fijó una serie de requisitos a cumplir. “Lo que se establece para identificar la identidad de los congresales es tener un sistema vinculado al Registro Nacional de las Personas (Renaper). Con eso podés validar la identidad antes de entrar al Congreso utilizando el Zoom. Pero nada de eso existió”, sostuvo la abogada referente del espacio.
En segundo lugar, el escrito denuncia irregularidades en la votación. “En cada una de las votaciones realizadas sobre los puntos del orden del día no se garantizó la verificación individualizada de los votos emitidos por los congresales acreditados”, dice la carta y agrega que la falta de control sobre la identidad de los participantes “impide asegurar que las decisiones adoptadas reflejen la voluntad de los verdaderos congresales, generando serias dudas sobre la legitimidad del procedimiento y por lo tanto también se tornan nulos”.
El tercer aspecto que se denuncia es la decisión del Congreso de delegar en una mesa de acción política la definición de alianzas y el armado de listas para las elecciones convencionales para la reforma constitucional. Ese punto detonó el encuentro y propició la salida de los tres sectores díscolos, que reclamaban la libertad de acción para esas elecciones. Desde el perottismo argumentan que una mesa de acción política “no posee facultades orgánicas para tomar decisiones de ningún tipo” y consideraron que se trata de una decisión “increíblemente inconstitucional” teniendo en cuenta que la discusión gira en torno a la conformación de listas para el próximo año. Para el espacio, esa definición “vulnera los más básicos y fundamentales principios democráticos y del régimen de partidos políticos, dejando sin efecto la validez de lo resuelto”.
Cómo sigue
Desde Hacemos Santa Fe también repararon en otro aspecto importante: la posible sanción a los dirigentes del espacio que acompañaron con su voto en la Legislatura el proyecto que establecía la necesidad de la reforma constitucional. Es que por medio de una gacetilla difundida después de la reunión del Consejo Ejecutivo, el pasado 14 de diciembre, se hablaba de “eventuales sanciones disciplinarias” a esos legisladores. “Comenzaba allí a demarcarse una animosidad por parte de un sector del Partido Justicialista contra nuestro sector, que lidera el diputado y exgobernador Omar Perotti”, expresaron en el escrito. “El comunicado de prensa que sostenía aquello, al mismo tiempo sentenciaba los hechos y tomaba una posición sobre la que hubiera de ser la posterior resolución del Tribunal de Disciplina”, cuestionaron.
“Ante un hecho de disciplina o indisciplina partidaria, no debería ser el partido quien ya tome postura respecto de una conducta, sino que es el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista quien debe hacerlo”, explicó Mariano y agregó: “Durante muchos años hubo solicitudes pidiendo la expulsión de afiliados que habían sido partícipes y cómplices de la última dictadura cívico militar. Se demoraron años hasta que un Tribunal de Disciplina avanzó en ese sentido. Ese es el último antecedente de expulsión del partido que tenemos. Por eso, es muy grave que un partido amenace mediante comunicados, en la convocatoria al Congreso, con posibles sanciones a legisladores y legisladoras”.
Con la oficialización de la impugnación, el espacio ahora reclama que las autoridades partidarias convoquen al Consejo Ejecutivo para que se llame a un nuevo Congreso donde se establezca la nulidad del anterior y se realice un nuevo encuentro con las garantías correspondientes. De no tener respuestas, advierten con acudir a la Justicia. “Vamos a esperar los diez días que se plantean en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Si dentro de ese plazo no hay respuestas, recurriremos al Tribunal Electoral de la provincia y, posiblemente, a la vía de amparo”, sostuvo Marinaro. “Sabemos que los tiempos son acotados, pero si hay voluntad y se atienden nuestros argumentos, entendemos que se puede volver a hacer”, añadió.
