Comunidades indígenas de la provincia de Salta lllevaron a cabo la segunda asamblea de representantes con el propósito de afrontar lo que consideran la “peor crisis sobre los derechos y garantías constitucionales” que atraviesan ante las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y la gestión provincial. 

“Sostenemos que vamos a defender la vida, el territorio, el derecho propio, y el equilibrio saludable que provee la madre tierra”, expresaron en un nuevo comunicado tras la asamblea realizada el 30 de diciembre.

El encuentro, en la Casa Artivista "La Bartolina" de la capital salteña, se hizo, informaron, con el fin de elaborar una agenda política que permita hacerle frente y denunciar la nueva división internacional de trabajo, el reparto global de los recursos naturales, la disolución de las soberanías estatales, y la conversión de la ciudadanía en simples consumidores, sin libertades y derechos establecidos en las cartas magnas. 

En este sentido, las comunidades convocadas alertaron que como representantes de pueblos indígenas están sufriendo un “ataque a la legitimidad de las voces de los territorios” en todo el país, al igual que lo viene padeciendo el conocimiento científico, los trabajadores y la política, de parte una “nueva derecha populista que irrumpe a la sombra del malestar general sobre la ética y la moral de algunos actores políticos”.

La asamblea cuestionó que el único fin que persigue el gobierno libertario de Javier Milei es denigrar a la política dejando de lado que es el “instrumento de cambio y superación de las sociedades, tan natural a la práctica humana, como su búsqueda incansable de una vida digna, como el buen vivir”. En vez de ello, se prioriza lo establecido que pondera la meritocracia y prejuicios junto a “lógicas y entelequias propias del espíritu de usura”, características que se ven replicadas en la provincia, aseguraron. 

Encuentro en la ciudad de Salta.

En este orden, la asamblea repudió los atropellos a los derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas. Entre esos atropellos incluyó el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta, con el que aseguró que se pone en el mercado más 720.000 hectáreas en todo el territorio, sin respetar el derecho a la consulta libre previa e informada. La asamblea insistió en que el Ejecutivo provincial y el Poder Legistativo no reconocieron los derechos de los "pueblos y naciones preexistentes al Estado Argentino, al provincial y a los municipios”.

Para los asambleístas, toda la representatividad indígena de la provincia y el país debe pronunciarse ante estos atropellos para “lograr las máxima unidad con los demás sectores avasallados ante la más cruda indiferencia estatal” que únicamente prioriza intereses extractivistas, antinacionales, y provoca que las comunidades indígenas sean “despojadas, desalojadas, olvidadas a su suerte, padeciendo muertes por desnutrición, deshidratación, falta de atención médica, falta de medicamentos, inseguridad”. Al mismo tiempo que son víctimas de sobreexplotación laboral, violencia de género, discriminación e indiferencia institucional.

“Vivimos tiempos retrógrados, que ponen nuevamente al Estado y a la sociedad nacional como simple productora de materias primas, y una población disciplinada, y obligada a consumir bienes, tecnologías, no tan solo a precios exorbitantes, sino manufacturados con nuestros propios recursos mal pagados, producto de la entrega de la soberanía”, expresaron en el escrito. Por ello insistieron en que es necesario realizar el máximo esfuerzo por comunicar e informar en todos los territorios que se deben tomar recaudos “ante un gobierno que aplica un plan de desinformación, de dispersión, que cambia día a día, llevando a sus límites a los tradicionales tiempos de la política como la conocemos”.

Ya en el caso de la gestion provincial, denunciaron que cuando se presentó el proyecto de presupuesto no se informó sobre el aumento de muertes de niños y niñas por desnutrición. Además, del “gran número de adultos” enfermos o fallecidos como consecuencia de los desmontes, la fumigación, el avance de la frontera agrícola, los agronegocios, la minería y las actividades extractivistas que “explotan los recursos naturales a costa del buen vivir de las comunidades, la sociedad en general y a las generaciones venideras, como lo establece la Constitución provincial”.

Además, la asamblea señaló que la provincia asombra por sus estadísticas sobre la propiedad de la tierra en manos extranjeras, los desmontes, la mortalidad infantil, femicidios, el narcotráfico, la pobreza e indigencia. 

“Los espacios de representación, y participación en la gestión del Estado han desaparecido, o en su defecto, se han producido nombramientos sin idoneidad, convirtiendo a la administración pública, en una trinchera ideológica”, denunció la asamblea indígena.

En defensa de la ley 26160

Las comunidades reunidas también repudiaron la derogación del la ley nacional 26.160, que declara la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por habitantes indígenas y que prohibía los desalojos. A través del decreto de necesidad y urgencia 1083, el gobierno nacional eliminó esta ley, lo que causó temor e indignación en las comunidades. Y compararon esta desprotección con la situación de “multinacionales extractivistas (que) logran legislaciones favorables a sus planes de negocios, que se realizan a costa del destierro de grandes contingentes indígenas y el desmonte de miles de hectáreas”. Subrayaron que estas decisiones del gobierno libertario no hace más que poner “en riesgo no tan solo a las generaciones venideras, sino al mundo ya que en estas latitudes se encuentran los bosques y demás bienes naturales necesarios para el equilibrio climático global”.

En ese sentido, convocaron a sindicatos, a trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales indígenas, profesionales, organizaciones sociales, partidos políticos, militantes de género y a disidencias, a “una unidad multisectorial en defensa de la vida misma, confluyendo en amparos colectivos y comunitarios”. La asamblea adelanto a Salta/12 que están preparando acciones legales para contrarrestar las decisiones tanto a nivel provincial como nacional.

Asimismo, la asamblea de comunidades indígenas exigió la plena aplicación de los derechos constitucionales para el “resguardo cultural y territorial, y el respeto por los derechos políticos, económicos, sociales y humanos en todo el sentido de la legislación, y no como resultado de intereses sectoriales o ideológicos”. “No somos ni de izquierda ni de derecha, somos parte de la tierra. Somos territorios”, expresaron al final del comunicado.