En otro capítulo de su cruzada desreguladora, el Gobierno de Javier Milei autorizó a Air Class Cargo S.A. a prestar servicios de rampa en los aeropuertos del país. La medida, que comienza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue celebrada como una revolución en la industria aérea. Sin embargo, no es más que otro intento de desarmar el entramado estatal y dejarlo a merced de las leyes del mercado.
El servicio de rampas, un pilar esencial del funcionamiento aeroportuario, ahora podrá ser gestionado por actores privados con el supuesto objetivo de "optimizar" operaciones y acabar con la empresa estatal Intercargo. Para el oficialismo, esto abre las puertas a más competencia y precios flexibles.
Los beneficiarios de esta "libertad"
Air Class Cargo, una pequeña empresa uruguaya con sede en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, comenzará a ofrecer servicios de handling en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con planes de expandirse a otros aeropuertos argentinos.
La compañía recibió una habilitación por 15 años para prestar estos servicios en el país.
¿Qué es Air Class Cargo?
Fundada en 1996, Air Class Cargo operaba exclusivamente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ofreciendo servicios de vuelos chárter y courier entre Montevideo y Ezeiza.
Con una flota modesta de dos Fairchild Metro III y dos Boeing 727-200F, la empresa ahora da un gran paso al ingresar al competitivo mercado de handling argentino, lo que genera dudas sobre las condiciones bajo las cuales se le permitió este ingreso.
La habilitación de Air Class Cargo como la primera empresa en obtener estos permisos por 15 años fue calificada por algunos funcionarios como un avance hacia la competitividad. Según Franco Mogetta, secretario de Transporte, la medida busca "poner fin a monopolios distorsivos". Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, la calificó como un "hito histórico" que fomentará la competencia en el sector.
Sin embargo, no todos comparten este entusiasmo. Los gremios aeronáuticos advierten que, sin un marco de control adecuado, esta apertura podría generar retrasos, accidentes y precarización laboral.
Competencia o caos
La narrativa oficial insiste en que esta apertura atraerá aerolíneas internacionales y estimulará a operadores locales a sumarse al negocio. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio robusto genera dudas sobre el impacto real de estas medidas.
Además, los pequeños aeropuertos del interior podrían quedar a merced de operadores improvisados, con servicios irregulares y tarifas infladas. Y si algo deja claro el historial de desregulaciones en el país es que la competencia no siempre se traduce en mejores condiciones para los usuarios. El caso de Flybondi lo ejemplifica muy claramente.
