"Estamos frente a una estafa energética"

"Los argentinos pagamos, en proporción a nuestros ingresos, la energía más cara del mundo, es una estafa energética", resume el abogado especializado en derecho del consumidor Osvaldo Bassano ante Buenos Aires/12.

"Ocurre que el mercado energético es competencia estrictamente nacional, a través de Cammesa, que conducen la secretaria de Energía, María Tettamanti, y Luis Cpauto. Frente a esto, es mínimo lo que pueden hacer los gobiernos provinciales o municipales", reflexiona.

Bassano lleva tres décadas batallando contra los abusos de las empresas eléctricas. Es presidente y miembro fundador de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), también docente universitario en la materia y ha concurrido más de una vez al Congreso en calidad de experto. 

Ahora, explica, "a los problemas de distribución, que ya son conocidos, se suman los de generación, que son responsabilidad de Javier Milei y Mauricio Macri". Como en tantas otras cadenas que ha investigado y desagregado, como las telecomunicaciones o la medicina prepaga, sostiene que "lo primero que hacen las empresas es esconder el costo real". "En gas, el valor real del millón de BTU no debe superar los 2 0 3 dólares, pero lo pagamos 15. El costo del megavatio de electricidad anda por los 15 o 20, pero lo pagamos 100. Entonces, todo el sistema parte de una distorsión", señala. 

A esa distorsión estructural, dice, hay que agregarle otros problemas más recientes: el 60 por ciento de la energía eléctrica argentina se genera en base a gas, de ahí la importancia del gasoducto Néstor Kirchner. "Pero después del gasoducto había que construir cinco o seis estaciones de bombeo. No se hizo porque el gobierno paró toda la obra pública. Eso explica una parte importante de la carencia", agrega el abogado.

Cuando avanza, Bassano hace referencia a los parques eólicos que define como "un negociado de Macri y sus amigos". En volumen, explica, lo que generan es ínfimo, pero por contrato Cammesa les paga "primero y mejor" a ellos. "Se supone que además de ser una energía limpia es más barata, pero el Estado se la paga tan cara como la que se genera a base de hidrocarburos, que es la más cara de todas. Entonces tiene, con el mismo precio, y digo precio y no tarifa porque acá no hay regulación y es una negociación cada día, una rentabilidad diferencial, a costa del Estado nacional", denuncia.

"Si a esto le sumamos que Edesur tiene muchos tramos de cableado que son de la década de 1950, tenemos la tormenta perfecta. No hace falta un día de 40 grados, con una temperatura normal de 28 ya vuela todo por el aire. Edenor tiene el mismo modelo, pero cubre un área más chica y parte de su cableado es más moderno, por eso los reclamos se concentran más en el sur", dice.

El otro problema serio que identifica Bassano es el marco normativo. "Junto con las privatizaciones, en 1992, se sancionaron la ley del gas y la ley de la electricidad. Esas dos leyes, de alguna manera, le garantizan la rentabilidad a los concesionarios, porque los exime de muchas obras y trabajos de mantenimiento", explica y proyecta que "sería clave lograr su derogación". La ley de defensa del consumidor es posterior, pero, se advierte, "se sancionó cuando el daño ya estaba consumado".

Justamente, según anticipa Bassano, uno de los objetivos del gobierno par el año que comienza es la modificación de esa ley. "El DNU70 hizo muchos desastres pero no tocó esa ley. Ahora pusieron a trabajar a un grupo de expertos de empresas para modificar un borrador que en su momento presentó Macri pero no avanzó por falta de apoyo en las cámaras". 

Para el experto, "lo que pretenden es de suma gravedad". "En primer lugar, porque eliminarían el concepto de débil jurídico, que es uno de los pilares del derecho del consumidor. Si esto ocurre, el consumidor queda igualado ente la ley, no con el verdulero de la esquina sino con las grandes corporaciones. Esto iría a contramano de lo que ocurre en el mundo. Acá en la región, por ejemplo, Brasil tiene un fiscal penal para cuestiones de derecho del consumidor", explica.

Pronóstico

Anticipa Bassano un verano con cortes recurrente "y mucho más grandes de lo que reconocerán las empresas". El doble, calcula.

Para el abogado, la ecuación es sencilla: "las leyes obligan al estado a hacer las obras y no a las empresas privadas, que sólo están para administrar la estructura que el Estado provee. Si el Estado aplica motosierra, entonces no las hace nadie. Por eso la situación es crítica. Las pocas obras que hace Edesur son por el monto de las multas. Cuando el ENRE multa, en vez de obligar a la empresa  a pagar en efectivo, le permite hacerlo con obras, pero son montos muy bajos, casi simbólicos". 

Por último, se refiere al conflicto desatado con algunos municipios por las tasas de alumbrado público que vienen incluidas en las facturas. "Ese mecanismo está garantizado por ley, de manera que no lo puede modificar un decreto ni, mucho menos, una resolución ministerial. Pero, además, la ley prevé un mecanismo para que el consumidor que así lo desee deje de pagarlo. Tiene que hacer un trámite ante el municipio, luego ante la empresa y listo".