La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) tiene previsto reunirse el próximo miércoles a las 16 para examinar los distintos planteos contra la designación de Diego Kravetz como número dos de la recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Si bien el vocero Manuel Adorni anunció el 17 de diciembre que el exsecretario de Seguridad porteño desembarcaría en el edificio de la calle 25 de mayo, su nombramiento no se oficializó.

La comisión que preside el senador radical Martín Lousteau recibió dos objeciones a la designación de Kravetz: la que presentaron los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein y la que hizo llegar el dirigente Juan Grabois en representación del Frente Patria Grande.

Lo que tienen en común ambos escritos es que consideran que Kravetz no tiene la idoneidad necesaria para ser el responsable operativo de la SIDE, ya que Adorni había anunciado que como subsecretario tendría a su cargo la coordinación de los cuatro órganos desconcentrados que creó el gobierno: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

El principal cuestionamiento contra Kravetz tiene que ver con lo que sucedió el 17 de octubre en la intersección de Salguero y Cabello, cuando golpeó a un pibe que había detenido la Policía de la Ciudad bajo la acusación de que le había robado el celular al hijo del funcionario. Por ese hecho, desde Patria Grande, el diputado nacional Itai Hagman y la exlegisladora porteña Ofelia Fernández radicaron una denuncia penal contra Kravetz y los policías que estuvieron durante la golpiza por vejaciones, apremios ilegales e incumplimientos de los deberes de funcionario público.

Kravetz está cuestionado por otro caso de abuso, tal como publicó Página/12: en agosto participó en una detención de un muchacho en la Villa 31. Si bien en las actas no figura su nombre, en los videos se lo ve al funcionario dándole un golpe en la nuca a la persona cuando era arrestada.

Fein y Paulón sostienen que la CBI debe actuar de oficio, ya que debe ser notificada ante las designaciones de funcionarios que se produzcan en la SIDE para que examine su idoneidad. Con la reforma que Javier Milei hizo por decreto de necesidad y urgencia (DNU), se eliminó el requisito que se había incorporado en 2015 de que tanto el titular como el número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) debían conseguir el aval del Senado para desempeñarse allí.

A esto se le suma otro tema, la reforma eliminó el cargo del subsecretario de inteligencia, por lo que Kravetz estaría siendo designado para un puesto que, en realidad, no existe. “La actual situación de Kravetz ‘en las sombras’ –no está claro si ya se encuentra ejerciendo las responsabilidades como segunda autoridad en un escalafón que no existe en el organigrama de la SIDE– resulta sumamente preocupante ya que tendría a disposición herramientas que le permitan obstaculizar cualquier tipo de investigación. Más si se tiene en cuenta que la reestructuración impulsada por el Poder Ejecutivo profundiza el sostenimiento absoluto del secreto de las actividades de inteligencia y la habilitación para que estos organismos se inmiscuyan en ámbitos privados sin controles adecuados”, puntualizaron Fein y Paulón.

El lunes pasado, hubo una presentación de Unión por la Patria (UxP) en la bicameral de Trámite Legislativo que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto. El peronismo viene reclamando –sin éxito– desde agosto que se trate el DNU 614/2024 con el que Milei reformó el sistema de inteligencia. “Este anuncio –en referencia a la designación de Kravetz comunicada por Adorni– justifica la necesidad de reiterar nuestra solicitud, dado que pone de manifiesto inconsistencias graves en la implementación del DNU, al pretender designar a un funcionario para un cargo que fue expresamente eliminado por el mencionado decreto”, dice la nota a la que accedió Página/12.

Pagotto no convoca a la bicameral de Trámite Legislativo desde el 8 de agosto. Este cuerpo podría reunirse aún durante el receso, lo mismo que la CBI. El gobierno ya sufrió un revés importante –e histórico– cuando ambas cámaras del Congreso rechazaron el DNU 656/2024 por el cual le otorgaba 100.000 millones de pesos a la SIDE para ser usados como gastos reservados.

En la reunión de este miércoles, es posible que la CBI avance en pedir copias de los expedientes judiciales en los que se investigan los abusos de autoridad en los que podría estar involucrado Kravetz, estimaron fuentes de ese cuerpo.

Hay otro tema que puede colarse en la agenda de la CBI. La semana pasada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que presiden el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos– denunció en los tribunales que el viernes 27 de diciembre hubo tareas de inteligencia ilegal sobre quienes se acercaron al Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para protestar contra el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos con el que viene avanzando el gobierno de Milei.

Según detectaron desde la CPM, hubo personal policial de civil que se infiltró entre los manifestantes –muchos de ellos directamente víctimas de la dictadura y sobrevivientes de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio– y que también los filmó. “Queremos saber cuál es el destino de esos registros porque no hay una orden de servicio que justifique la captación de imágenes en manifestaciones públicas. Eso genera bases de datos y es ilegal y contrario a la ley de inteligencia”, dijo Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad democrática de la CPM, a Radio Provincia.

Desde la CPM le dijeron a este diario que iban a enviar un informe con lo que habían detectado en la exESMA a la Bicameral de Inteligencia para que esté al tanto de la denuncia. Por el momento, la CBI está únicamente llevando adelante una investigación para determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende de Patricia Bullrich– violó la ley de inteligencia nacional al interrogar a los detenidos del 12 de junio –por las protestas contra la Ley Bases– sobre sus inclinaciones políticas. Está vedado por ley obtener información, producir inteligencia o almacenar datos de personas por sus opiniones políticas.