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El abogado Alberto Nallar, que defiende a la familia Ibáñez, desalojada de sus tierras en el paraje Hornillos de la Finca El Pongo, en la provincia de Jujuy, el 27 de diciembre último, aseguró que este operativo fue irregular porque se hizo sin orden judicial de desalojo.
El letrado calificó de "ilícita" la acción que ejecutó el asesor letrado de El Pongo, Oliver Alanis, para asegurar la expansión del predio de esa zona franca sobre el territorio donde habitan y producen los Ibáñez desde el siglo pasado.
Nallar contó que denunció el accionar irregular de la administración provincial del legado de Plinio Zabala, a cargo de Sonia Leis, ante las Tsinshan Mining Development, Grupo Euroamérica y TB Cargo, que ocupan predios dentro del Parque Industrial de la localidad de Perico, lindante a las 37 hectáreas que posee al menos desde 1935 la familia desalojada. "Plinio Zabala los reconoció en vida", afirmó Nallar sobre la presencia de esos campesinos en la Finca.
"En su sentencia, la jueza Alejandra Torres jamas ordenó que desalojen a Daniel Ibáñez por la fuerza", explicó Nallar a Salta/12. "Tampoco notificó a todos los miembros adultos de esa familia", profundizó. En ese sentido, remarcó que la magistrada jujeña del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familias de Perico, firmó la notificación dirigida a Daniel Ibáñez antes del inicio de la feria judicial, el 26 de diciembre de 2024, para que entregue las hectáreas libres de ocupantes. "Si Ibáñez no cumple la orden cuando vence el plazo de diez días hábiles, el 14 de febrero, seguramente la jueza ordenará el lanzamiento por la fuerza pública", explicó Nallar. "Antes de ese día, nadie puede meterse en las 37 hectáreas", añadió.
Lo que sí hizo la jueza del Juzgado Multifueros de Perico fue dar curso a una demanda que se tramita desde 2021 y que promovió la abogada de la Fiscalía de Estado de Jujuy, Agustina Morales, bajo la figura de desalojo anticipado. Precisamente, para Nallar, desde sus inicios la causa demuestra la "ineptitud de la justicia jujeña" porque la Ley 25.488, que modificó en 2001 partes del Código Procesal Civl de la Nación, establece que "el desalojo anticipado no prospera en propietarios de larga data", aseveró.
Asimismo, Nallar denunció a Oliver Alanis en la Comisaría de Perico porque "Ingresó al predio de la familia Ibáñez con dos topadoras y quince policías jujeños sin orden judicial". "Por ese motivo, Alanis es el autor material del delito de usurpación", aseguró en referencia al artículo 181 del Código Penal de la Nación. "Es un delito en desarrollo y que ahora se tramita en la fiscalía de feria en San Salvador de Jujuy competente en temas contra la administración pública", destacó.
Acerca de la presencia policial durante el desalojo, Nallar aseguró que los quince policías provinciales que acompañaron al asesor letrado de la Finca El Pongo "son coautores del delito de usurpación porque actuaron por fuera de sus competencias y sin orden judicial". En ese sentido, contó a este diario que verificó con autoridades de la Policía de Jujuy que los efectivos no contaban con orden judicial para acompañar a Alanis durante el procedimiento. "Me contacté con autoridades de la Policía de Jujuy y verifiqué que los quince policías cumplen tareas de vigilancia dentro del predio del Parque Industrial de Perico", dijo el letrado. Y si bien aclaró que los efectivos no utilizaron la fuerza bruta en el procedimiento, sí "amedrentaron a la familia" campesina.
Crónica de un desalojo anticipado
"Repiten todo el tiempo que somos usurpadores, cuando vivimos aquí desde hace casi cien años. Desmontaron todo, Oliver Alanis amenazó a mis hijos de 22 y 11 años, y tomaron mi denuncia en la Comisaría 21 de Perico porque mi abogado (Alberto Nallar) me acompañaba". Así reseñó Griselda Ibáñez la situación que atraviesa su familia desde el 27 de diciembre pasado, cuando comenzó el desalojo.
"Trataron de arreglar que nos vayamos, nos prometían que nos daban una vivienda y un terreno donde tener animales, pero nosotros tenemos más de cien y ahora pretenden que los tengamos en una hectárea", dijo con la voz quebrada la campesina jujeña.
"Nos están cercando con el Parque Industrial de Perico", concluyó en su diagnóstico. Y es que el Parque, vecino a sus 37 hectáreas, contempla un plan de expansión sobre el territorio que posee la familia Ibáñez desde 1935. "Desde el 27 de diciembre a las 2 de la tarde, todos los días arrasan con un poco de bosque. Ellos no respetan nada", afirmó Griselda. "No me dieron ni una copia de la supuesta orden de la jueza, solo alcancé a sacarle unas fotos, nada más", afirmó.
"Están ejerciendo mucha violencia sobre nosotros que somos campesinos y vivimos de nuestro trabajo en el campo", sumó Griselda Ibáñez. "Tienen un plano de lo que está vendido a las empresas transnacionales y ahí está mi casa", sollozó. "Es un negocio grandísimo", dijo sobre el proyecto del Parque Industrial de Perico, que comenzó en la gestión de Gerardo Morales en el gobierno jujeño. "Cerca pasan las vías del tren, tienen aduana privada adentro, aeropuerto internacional y la ruta nacional 66 a un paso", contextualizó. "Es un saqueo impresionante a la provincia y nos están sacando a todos de la Finca para lograrlo", denunció.
Los desalojos de campesinos con predios productivos en la Finca El Pongo ocurren desde que Gerardo Morales tomó el control de ese catastro de 13 mil hectáreas y comenzó a promover desarrollos industriales como Cannava SE, la planta de cannabis medicinal que administró su hijo, Gastón Morales. El cambio de uso de suelo sobre ese legado aceleró en 2021el proceso de expulsión del campesinado jujeño que vive en esas tierras.
