Por el "derecho a una alimentación sana, segura y soberana para toda la población", el Concejo Municipal aprobó en la última sesión de 2024 la ordenanza de Soberanía y seguridad alimentaria, con la lupa puesta en el valor nutricional de la comida y el acceso a alimentos de calidad. La iniciativa busca asegurar la provisión de productos frescos a las organizaciones y personas beneficiarias de ayuda alimentaria y facilitar su acceso en general fijando una canasta de alimentos saludables a precio fijo en comercios adheridos a través de convenios con almaceneros y autoservicistas de Rosario, empresas productoras locales y de la región, emprendedores sociales y empresas recuperadas.

Se trata de un proyecto del concejal del Frente Amplio por la Soberanía y exsecretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, junto a organizaciones que trabajan en la temática, por una nueva política alimentaria, para garantizar el derecho a la alimentación, asegurar la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos, inocuos y diversos; además de reducir la distancia entre proveedores y consumidores, con puesta en valor de la producción sostenible y la diversificación en la contratación de proveedores por parte del Estado. Además, fomenta la generación de datos que permitan un diagnóstico y futuras políticas relacionadas.

La iniciativa fue presentada en abril del año pasado. "Fue en el contexto de las reducciones de los aportes nacionales a las políticas alimentarias. En ese momento intentamos no solo plantear una cuestión de emergencia para que el estado compre más rápido, sino para que también pueda ser una oportunidad para rever la calidad", dijo Caruana a este diario, en relación a la iniciativa que apunta a "mejorar las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en los distintos barrios de la ciudad", con una alimentación "que cubra las necesidades energéticas diarias para una vida activa y sana".

Cuando se aprobó el proyecto, por unanimidad, el edil planteó que "la situación alimentaria es alarmante y no es sólo una percepción que tenemos cuando recorremos diferentes barrios. La conferencia episcopal así lo enuncia y claramente los posicionamientos nacionales expresan un nivel de crueldad y deshumanización que dan cuenta de la incomprensión de la gravedad del problema en el presente y sus consecuencias futuras. Nuestro posicionamiento no apunta solamente a discutir la distribución y el acceso. En un contexto como éste nos interesa que se discuta qué tipo de alimento, qué nutrientes y cuál va hacer la responsabilidad del estado a la hora de abordar la política alimentaria”. 

En ese sentido, sostuvo que "una cosa es la comida y otra cosa es la alimentación. Incorporar el concepto de soberanía alimentaria tenía que ver con eso, que no era fundacional nuestro, sino que tiene que ver con organizaciones sociales, militancias que hay en Latinoamérica, en otros países y en la misma Argentina".  

Además, se indicó que propone reforzar las propuestas de capacitación y sensibilización a organizaciones y personas individuales, fomentar la entrega de material informativo y visitas del personal de salud a familias, para mejorar las condiciones alimenticias, realizar un monitoreo permanente de la situación nutricional de lactantes, niñas, niños, adolescentes, personas con celiaquía y personas gestantes y sistematizar articuladamente la información sobre toda clase de asistencia brindada por los distintos niveles del estado, para detectar zonas que requieran reforzar su cobertura y optimizar los recursos.

La ordenanza apunta a "incorporar alimentos frescos, agroecológicos y verduras en los esquemas alimentarios y empezar a instalar este concepto de soberanía alimentaria que es relativamente nuevo, que trata de poner en tensión la cantidad de alimentos ultraprocesados y procesados que se ingieren", y "el impacto de este patrón de consumo en el aumento del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles". Además, apuntó a que "la ingesta de hidratos y alimentos ricos en grasa y sales" hacen a una malnutrición.

Para Caruana, "las decisiones actuales sobre la alimentación de los niños y niñas además de someterlos al hambre dejarán consecuencias en el crecimiento y desarrollo para la generaciones de nuestro país en las próximas décadas”.

La iniciativa hace hincapié además, en la valoración de los modos de producción sostenibles y cercanos y plantea un trabajo articulado de programas con los que cuentan municipio y provincia sobre producción de alimentos. Y encomienda "las gestiones necesarias para que el Estado Nacional cumpla con la obligación primaria de garantizar el acceso al alimento a toda la población".

El edil sostuvo que "la ordenanza tiene que ver con algunas responsabilidades del municipio en relación a que profundice las políticas que incorporan alimentos ricos en frutas y verduras, pero por otro lado una convocatoria a los productores pequeños, cooperativas; es decir, darle un poco más de lugar a quienes no tienen tanto lugar en las licitaciones tradicionales del Estado", señaló. 

También tiene que ver con "acercar productores a consumidores y empezar a instalar el tema. Soberanía alimentaria es empezar a hablar de una economía del bien común, el desarrollo de una ciudad. Por eso fue acompañada de muchos cuestionamientos de nosotros a cuando las últimas tierras se transforman en proyectos constructivos y nos quedamos sin tierras verdes, para el sembrado, para lo natural. Tiene que ver con un abordaje integral".

Para Caruana, la ley de etiquetado frontal "es una demostración de lo que significa la lucha contra lo que uno come". Y sostuvo que el punto es "empezar a discutir el alimento en todos los sectores sociales, priorizando las políticas alimentarias municipales y provinciales".