La Cámara de Casación le hizo un regalo de navidad a uno de los pilotos de los vuelos de la muerte. Se trata de Alejandro Domingo D’Agostino, que condujo el avión desde el que fueron tiradas al río las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y otros militantes por los derechos humanos a quienes hoy se llama los doce de la Santa Cruz. El año pasado, el represor violó su prisión domiciliaria más de diez veces, saliendo sin autorización, por lo que el Félix Crous había pedido que le revocaran ese beneficio. Sin embargo, eñ tribunal oral primero y ahora Casación -en un fallo dividido- le permitieron mantener la domiciliaria.

"Lo de D’Agostino es un caso más que demuestra la extrema permisividad de los jueces con las prisiones domiciliarias de los represores. No hay un solo preso por delitos menos graves que goce de semejante tolerancia. Hay que decirlo sin vueltas: los represores detenidos en sus casas no están presos, hacen lo que quieren", advirtió el fiscal Crous tras conocerse la noticia.

También HIJOS Capital repudió el fallo. “El Poder Judicial no puede dar la espalda a las víctimas y otorgar beneficios a quienes cometieron crímenes contra la humanidad, y menos debería sostenerlos cuando esos beneficios, como el privilegio de estar en sus casas, se incumple”, planteó Giselle Tepper.

Un fallo dividido

La decisión fue tomada por dos integrantes de la Sala II, los jueces Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, quienes dieron por cierta la excusa ofrecida por el represor D’Agostino, que argumentó que las salidas fueron para realizar sus tratamientos médicos. Su defensor lo presentó como una persona “de avanzada edad y de frágil salud” y alegó que se había confundido porque el sistema de autorizaciones tuvo cambios, cosa que los jueces también dieron por cierta.

La modalidad de D’Agostino para estas salidas incluyò en algunas oportunidades hacer un llamado a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) para avisar que tenía algún turno médico. Sin embargo, ese mecanismo solo tendría que usarse en casos de emergencia, cuando no hay tiempo para avisarle al tribunal.

El tercer integrante de la Sala II de Casación, Alejandro Slokar, votó en en cambio en disidencia: remarcó que ni D’Agostino ni su defensor presentaron ninguna constancia para demostrar de manera fehaciente que las salidas fueron para recibir atención médica. Y señaló que no habían sido una o dos, en situaciones de urgencia, sino por lo menos menos diez.

En su voto, Slokar advirtió que “así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años”.

D’Agostino tiene actualmente 75 años. Fue condenado en 2017 a prisión perpetua por los asesinatos de las madres Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y otros siete militantes de derechos humanos secuestrados por un grupo de tareas de la ESMA, tras ser infiltrados por Alfredo Astiz.

La justicia acreditó el represor que estuvo a bordo del vuelo que partió en la noche del 14 de diciembre de 1977 desde el Aeroparque porteño con una carga siniestra: las doce personas que habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre y que fueron tiradas vivas al mar. 

El fallo que benefició al D'Agostino se da en un clima de época alimentado por el gobierno de La Libertad Avanza, que ha dado numerosas señales en favor del arresto domiciliario de los represores y la morigeración de sus penas. La prisión domiciliaria fue uno de los temas que motorizó la visita de los diputados de LLA a los represores detenidos en la cárcel de Ezeiza. 

El tema ha sido defendido desde el gabinete: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que es un beneficio al que rara vez acceden los presos por crímenes contra la humanidad -lo que es falso, ya que el 80 por ciento de los represores condenados están con prisión domiciliaria-. Su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que existió una política de “venganza” contra los criminales de lesa. El desguace de la secretaría de Derechos Humanos, y con ella de las áreas de investigaciones históricas encargadas de preservar los archivos de la Conadep y otras valiosas pruebas documentales son mensajes en el mismo sentido.